Economía

Agate reclama que se recuperen los controles sanitarios de los animales

Esta vigilancia se ha reducido y prácticamente no se hace por falta de presupuesto, según la Asociación de Ganaderos de Tenerife. Denuncia que hay importaciones enteras donde no se hacen controles. Es "un problema muy serio porque la mayoría de la ganadería isleña es autóctona y vulnerable a las enfermedades".
MIGUEL ÁNGEL RUIZ, Tenerife
1/may/11 0:57 AM
Edición impresa

La Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate) solicita que se recuperen los controles sanitarios de los animales que entran en las Islas, que, según informa, han sido suspendidos por problemas presupuestarios. En declaraciones de EL DÍA, el presidente de Agate, Pedro Molina, aseguró que "necesitamos que se recuperen los controles sanitarios de los animales. Se van perdiendo fondos y lo que pedimos es que cada vez que vengan animales a las Islas se sangren y se puedan controlar en la aduana en el momento de su llegada".

Molina Ramos apuntó que esta actividad "depende de la Consejería de Agricultura, que tiene que extraerle sangre a los animales que llegan haciéndole una analítica a cada uno. Estas pruebas se suelen hacer en los puertos o en los correspondientes depósitos aduaneros. Ahora, esta práctica se ha reducido por el recorte en los presupuestos. El problema es que si entra un animal con lengua azul u otra enfermedad, ésta luego se puede propagar en las Islas. Los controles se han reducido y prácticamente no se hacen".

Ayudas prometidas

El representante de los ganaderos destacó que "hay importaciones enteras donde los controles no se hacen. Y con este asunto hay un problema muy serio y es que la mayor parte de nuestra ganadería son razas autóctonas, vulnerables a estas enfermedades, y no tenemos sustitutos para nuestras razas. Los controles sanitarios son necesarios. ¿Quién sabe si alguno de los animales que entra no está mal? Es un problema muy grande"

Por otra parte, Molina valoró positivamente que la ficha adicional del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) para la ganadería, correspondiente a 2009 y que suponían unos 8 millones de euros "se ha pagado prácticamente en su totalidad. Muchas líneas de ayudas se han abonado en su totalidad y la mayor, que es la ayuda a la leche de cabra, se ha pagado el 95%. Restan aproximadamente unos 200.000 euros por abonar. El Gobierno autónomo ha cumplido en este punto tras la reunión que mantuvimos con el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero. Otro de nuestras demandas fue que las ayudas de la parte comunitaria del Posei de 2010 no se esperara a la fecha límite que es el 30 de junio para pagarla, comprometiéndose a abonarla antes del 30 de abril. Esto supone unos 32 millones para todo el sector primario y para el subsector ganadero rondaría los 12 millones de euros".

"También quedan pendientes las ayudas de Estado del Posei de 2010 que tienen que convocarlas y hemos solicitado que se paguen todas juntas. Reclamamos que se publique una orden de convocatoria para todos los subsectores y no como se hizo en 2009, que se pagó un año antes las ayudas al tomate que las de la viña o la ganadería. Además, pedimos que si hubiera que establecer prioridades, que no fuéramos los que quedamos para el final en 2009 otra vez los últimos en las ayudas a percibir correspondientes a 2010", señaló.

Apuntó que también quedan pendientes las ayudas agroambientales de 2010, que son una parte del Programa de Desarrollo Rural, que se convocaron en agosto de 2010, "presentándose toda la documentación, abonándose todas las ayudas en el resto de comunidades españolas antes del pasado 15 de diciembre y aquí aún no se han abonado. Son unos 6 millones de euros".

Para Pedro Molina otro asunto importante en el Posei es que "los requisitos que el Gobierno pone en las ordenes de convocatoria, primero, no han sido consultados con el sector primario y, segundo, muchas veces no se pueden cumplir. Con lo cual no conocemos el nivel de ejecución del Posei. La primera vez que hablamos de la necesidad de crear una mesa de seguimiento del Posei fue hace cuatro años. Acaba esta legislatura y todos los que han pasado por la Consejería de Agricultura se han comprometido a crear esta mesa. Todo el mundo dice que sí, pero la realidad es que no se ha hecho. El sentido que tiene es poder tener información de los niveles de ejecución, de lo que es el programa y la exigencia de la revisión de cada una de las órdenes".

LEY DE BIENESTAR

Ayuda canaria para adaptarse

Molina también resaltó que el 1 de enero de 2012 se aplicará la Ley de Bienestar Animal, pero "hay un compromiso del director general de Ganadería y del consejero autonómico del área de publicar una línea de ayuda para que las explotaciones, sobre todo las avícolas, puedan estar adaptadas para esa fecha. Es una orden a tres años y la ayuda es de 1,5 millones de euros para todas las explotaciones de aves. Con ello se podrían resolver los problemas que ocasiona la adaptación a esta normativa". El titular de Agate insistió en que "hay un compromiso de convocar las ayudas antes de que acabe la legislatura y, si no se hace, sería terrible para el subsector". Destacó que "adaptarnos a esta norma supone que hay que hacer una serie de modificaciones en las granjas, así como de reducción en el número de animales de casi todas las especies. Y estamos hablando de inversiones muy cuantiosas".

La patronal ganadera también se mostró satisfecha del avance en la legalización de las explotaciones ganaderas porque "no hay duda de que nos deja en una situación distinta a la actual. Un certificado de legalización de la actividad ganadera es algo que nosotros lo veíamos muy lejos y difícil de poder cumplir. Nos parece muy bien, pero lo que es verdad es que lo que se legaliza es la actividad y no la explotación, que sólo la puede poner al día el ayuntamiento correspondiente después de presentar un proyecto. Es verdad que nosotros, teniendo la legalización de la actividad y la prescripción urbanística por parte del ayuntamiento, estamos mucho más protegidos, aunque también es cierto que esas explotaciones que se están legalizando están condicionadas en muchas ocasiones a realizar una serie de obras y se puede perder el certificado de legalidad si no se realizan a tiempo. Es bueno que haya coordinación entre las administraciones".