Arona tarda 10 meses en lograr el permiso para destruir dos cayucos

La destrucción de las barcazas utilizadas por los migrantes para hacer la travesía de las costas de África a Canarias se ha convertido en un quebradero de cabeza para algunos municipios de las Islas. Pasó en El Pinar, en la isla de El Hierro, y ahora está ocurriendo en Arona, en Tenerife. El Ayuntamiento aronero ha tardado diez meses en conseguir el permiso judicial que le ha permitido retirar dos cayucos de la playa de Las Galletas y proceder a su destrucción.

La enrevesada legislación está detrás de este problema. Si una barcaza toca tierra sin haber sido antes detectada por los sistemas de vigilancia, el municipio al que corresponda la zona a la que han llegado los migrantes se tiene que hacer cargo de la embarcación. El problema es que al ser una prueba de una investigación judicial, el ayuntamiento correspondiente tiene que esperar a recibir un permiso de la autoridad judicial para poder proceder a su eliminación. Mientras, cayucos o pateras deben permanecer meses en el punto al que arribaron, que en algunas ocasiones son playas que reciben a muchos turistas.

Es lo que ha ocurrido en Arona. Los dos cayucos tomaron tierra en Las Galletas, una zona turística, en el primer semestre del año pasado, una en marzo y otra en mayo. La competencia legal para la gestión de una embarcación que se ha convertido en un residuo corresponde al municipio de Arona. El Gobierno municipal inició entonces los procedimientos judiciales para la destrucción y desecho de estos dos cayucos. Una vez que el juzgado emitió la orden, procedió este lunes por la mañana a la demolición de las dos embarcaciones bajo la supervisión de agentes de la Policía Local.

Las barcazas que tocan tierra son competencia de los municipios, que asumen los gastos

Los gastos fueron asumidos por el Ayuntamiento aronero a través de los servicios municipales de limpieza. Una excavadora despiezó las embarcaciones en la misma playa de Las Galletas a la que arribaron y los restos fueron trasladados en un camión al Complejo Ambiental de Tenerife, situado en el municipio de Arico, también en el sur de la Isla. Fátima Lemes, alcaldesa de Arona (PP), aclaró sobre el largo tiempo transcurrido entre la llegada de los cayucos y su destrucción, que «al ser una prueba judicial que no podía retirarse ni destruirse, lo que hicimos fue trasladarla a un lateral de la playa para evitar las molestias a los bañistas y usuarios de Las Galletas».

«La destrucción de estos cayucos es uno de los pasos imprescindibles para deshacernos de esas pruebas, que también representan una visión no muy agradable y un recordatorio del lamentable hecho que están sufriendo los inmigrantes que llegan de manera irregular», aseguró Lemes, que añadió: «Por ello, era un objetivo importante que está cumplido y esperemos que no tengamos que realizar esta tarea en más ocasiones».

No ocurre lo mismo con las pateras y cayucos que se localizan en alta mar, que son mayoría. En este caso, la legislación establece que es el Estado el que tiene que hacerse

cargo de la gestión de la embarcación. En Tenerife, estas embarcaciones se llevan al Puerto de Los Cristianos, también en Arona, y de ahí, a medida que se acumulan, se trasladan al Puerto de Granadilla, donde se destruyen. Lemes aclara eso sí que su primera preocupación «son siempre las personas, el estado en el que se encuentran estos inmigrantes a su llegada, tanto al Puerto de Los Cristianos –en su mayor parte– como a otros puntos como Las Galletas».

El de Arona tiene la ventaja de que dispone de medios al ser un ayuntamiento importante que da servicio a uno de los municipios más poblados de la Isla (85.249 residentes, según el último Padrón Municipal). No ocurre así con otros que afrontan situaciones similares, como El Pinar (1.009 habitantes), en El Hierro, que está sufriendo una fuerte presión migratoria en los últimos meses. En noviembre comenzó la retirada, por parte del Gobierno central, de los cayucos que se habían acumulado en el Puerto de La Restinga meses después de que el Ayuntamiento denunciara la acumulación de barcazas. El Ministerio de Inmigración adjudicó por urgencia a la empresa Tragsa esta tarea.