Los empresarios culpan a la falta de oferta pública y a la excesiva burocracia de los problemas del mercado inmobiliario

Los empresarios canarios tiran la pelota al tejado de las Administraciones públicas y se sacuden cualquier responsabilidad derivada de los problemas que sufre el mercado inmobiliario del Archipiélago. La CEOE de Tenerife ha hecho una radiografía del sector de la construcción y concluye que es la burocracia, las dificultades para acceder a la financiación y la falta de vivienda pública, lo que impiden que se desarrolle el mercado inmobiliario en las Islas, tal y como demandan las familias canarias. Además, desde la patronal niegan que la variación de la renta disponible en la región sea "la culpable" del acceso a la vivienda.

Se quejan de las acusaciones "infundadas" que algunas organizaciones sociales han lanzado sobre el tejido empresarial y su presunta responsabilidad en la construcción de viviendas, públicas y privadas, cuando, según apuntan, es la carga burocrática, los costes regulatorios, la inadecuada de arrendamientos urbanos y las condiciones de financiación ajena, los que disuaden del emprendimiento para su construcción.

Desde la CEOE afirman que el parque de vivienda social en España es muy inferior al de la mayoría de los países del entorno al suponer el 2,5% del conjunto de viviendas principales, frente al 9,3% del promedio de la UE. Y denuncian que en los últimos años se han implementado "medidas intervencionistas" en materia de regulación de la vivienda, que han supuesto un "quebranto del derecho de propiedad y un lastre" para lograr una verdadera mejora en el acceso a la vivienda

Uno de los principales obstáculos en los últimos años, según la patronal, ha sido el aumento de los costes de la construcción residencial. Pero también preocupa el precio del módulo, que determina el valor máximo al que se pueden ofrecer los inmuebles y que depende del régimen de protección de vivienda, del municipio y de cuándo se obtenga la calificación provisional. Esto es otra de las barreras que, unida al aumento de coste de construcción y a las dificultades de financiación, frenan la participación del sector privado en la edificación de viviendas protegidas.

La patronal canaria defiende que la vivienda social solo puede concebirse en régimen de alquiler, pues la situación económica y social de los destinatarios debería variar a mejor fortuna con el tiempo. "No es lógico que cuando mejores la situación económica siga disfrutando de una vivienda sufragada con fondos públicos y subvencionado su precio con impuestos que pagamos todos", denuncia en el comunicado.

La CEOE de Tenerife anima a alcanzar un Pacto por la vivienda, previa elaboración del Libro Blanco de la Vivienda, en el que participen expertos, profesionales, académicos, representantes empresariales y las Administraciones Públicas, para proponer medidas adecuadas para resolver la situación.

La renta no es problema

Los empresarios defienden, además, que la variación de la renta en las Islas no es una de las razones que explican el difícil acceso de las familias al mercado inmobiliario. Y lo hacen aportando datos. "El salario medio en 2008 era de 18.467 euros frente a los 22.466 euros en el año 2021, presentando un incremento del 22%", apunta el documento. Además, aclara que en 2008 la renta disponible sobre el salario medio era de un 48%, y en 2021 la renta se mantuvo en el 45% del salario medio.

"La afección de los ciudadanos al mercado inmobiliario ha venido dado por la falta de oferta, derivada de la ausencia de promoción de iniciativa pública, y a la inseguridad jurídica y financiera de las familias en materia de la ley de arrendamientos urbanos", concluye el informe.

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