Educación anuncia 2.700 plazas con prioridad para los docentes isleños

Poli Suárez insta al Ejecutivo central a modificar los procesos de estabilización y viajará a Bruselas a recabar apoyos para reducir la interinidad en el Archipiélago

El consejero de Educación, Poli Suárez. | | EFE/ANGEL MEDINA G.

El consejero de Educación, Poli Suárez. | | EFE/ANGEL MEDINA G. / Iván Alejandro Hernández

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha anunciado futuras convocatorias por concurso oposición con más de 2.700 plazas para reducir la interinidad entre los docentes isleños, que quedarán vacantes por jubilaciones, fallecimientos o renuncias desde 2022 a la actualidad y que se pueden incorporar en las siguientes ofertas de empleo. Se trata de una de las medidas lanzadas este jueves durante una rueda de prensa para dar respuesta a los resultados del baremo provisional del concurso excepcional de méritos, publicado la semana pasada, que mostró que el 52,9% de las 3.874 plazas recaen en personas fuera de las listas del Archipiélago.

El concurso de méritos forma parte del proceso de estabilización del personal en Canarias iniciado a raíz de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público ante las exigencias de la Comisión Europea de reducir la interinidad por debajo del 8%. Junto a dicho proceso, hay convocadas otras 1.145 plazas mediante un concurso oposición que se prevén celebrar durante el verano.

Para ofrecer mayorías garantías a los docentes isleños en abuso de temporalidad, Suárez instará al Ministerio de Educación a que impulse nuevos procesos de estabilización para convocar esas nuevas plazas a través de un sistema más flexible que permita, por ejemplo, prescindir de un examen eliminatorio. El consejero ha planteado la necesidad de modificar la normativa, es decir, el Real Decreto del Ministerio de Educación que fija los procedimientos para la estabilización del empleo temporal con el objetivo de que incluir especificidades que permitan priorizar la reducción de la interinidad del personal de las islas. Pero el principal escollo que se encuentra para lograrlo, según Suárez, es que "de momento, solo obtenemos silencio del Estado".

"Hemos participado junto a varias comunidades autónomas en las solicitudes al Ministerio de Educación para que se reúna con nosotros y abordar esta problemática. Hemos intentado que se abordara el proceso de estabilización en los diferentes encuentros o reuniones a las que nos ha convocado el Ministerio para diferentes motivos. Pero no ha habido manera", lamenta Suárez.

Viajar a Bruselas

Por ello, también anunció que viajará a Bruselas "para recabar apoyos y que se tome en consideración la singularidad de Canarias y de los interinos de las listas isleñas", porque considera que en ocasiones el entendimiento de las Islas es mayor en el Parlamento europeo que en Madrid. "Tenemos un altísimo nivel de interinidad, del 40%, y la UE debe ser consciente de nuestra realidad", añade.

De hecho, espera realizar la visita a Bruselas incluso antes del 13 de junio, cuando sostiene que está previsto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita una sentencia sobre el personal interino ante la que deberá pronunciarse el Gobierno de España. Si bien, ha recordado que el TJUE ya hizo lo propio el pasado mes de febrero sobre el personal laboral. "Seguimos esperando una respuesta del Ministerio para ver como la aplicamos en España y en Canarias. Hemos solicitado a la ministra que aclare cómo proceder y seguimos esperando", dice Suárez.

Valorar más la experiencia

En concreto, el consejero detalla que en el concurso de méritos de Educación se valora sobre 15 puntos: siete corresponden a la experiencia profesional, tres a las titulaciones y cinco haber aprobado oposiciones. A su juicio, se podría haber dado más valor a la experiencia, de un 46,6% a un 60% para favorecer a los interinos de las listas de Canarias.

Como ejemplo, expone el proceso de estabilización que se está llevando a cabo en la Sanidad de Canarias, en el que se acordó "establecer criterios que permitieran la estabilización del personal en el mismo territorio donde se producía el abuso de temporalidad". Suárez subraya que en el baremo de médicos de Sanidad se estableció que el 70% de la puntuación fuera para la experiencia profesional y que haber prestado sus servicios en Canarias contara el doble de puntos que haber trabajado en otra comunidad. Y lamenta que la misma consideración no se tuviera en cuenta en el proceso de Educación.

Seguir con el procedimiento

Sin embargo, ante la ausencia de respuesta del Estado, el consejero defiende que decidieron seguir adelante con los procedimientos convocados con anterioridad a su toma de posesión del cargo. "En este proceso de estabilización que ya estaba en marcha desde noviembre de 2022 la actual Consejería no podía hacer nada. No se podían modificar los baremos para favorecer a nuestros interinos. Lo único que hemos podido hacer es cumplir la ley y terminar de tramitar el proceso ya iniciado. Lo que no iba a hacer era prevaricar o cometer alguna ilegalidad. En ningún caso. Había un mandato legal y debíamos cumplirlo ciñéndonos a lo tramitado por el anterior Gobierno", explica Suárez.

En este sentido, el consejero ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los docentes interinos de las islas con opciones de estabilizarse que pueden ver sus aspiraciones truncadas en el concurso de méritos. "Lo publicado es solo un baremo provisional cuyo resultado podría variar al final del proceso debido a múltiples factores". La Consejería espera un alto volumen de reclamaciones hasta el 15 de mayo, lo que puede ocasionar que la resolución del proceso sea posterior a la del concurso oposición, "por lo que no afectaría a los nombramientos para el curso 2024/2025".

Además, Suárez especula que hay docentes de la península que han obtenido plaza en el concurso de méritos en Canarias sin que aún se hayan resuelto los procedimiento a los que se presentaron en sus comunidades, "por lo que muchos obtendrán plaza en sus lugares de origen y finalmente no tomarán posesión en las islas". Y, por último, el consejero estima que "salvo en muy contadas excepciones, el no haber obtenido plaza como funcionario en el concurso de méritos, no implicará perder el trabajo para los interinos".

Según la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica García, "hay muchas más plazas que las que se convocan en este procedimiento. En este proceso, las cuentas que se hicieron para aprobar la oferta son referidas al periodo 2016-2021. Todos lo que estuvieron antes y todos los que se han ido incorporando después han generado más plazas. El número de interinos ronda los 12.000 en Canarias y hay un margen muy grande para todos los interinos con antigüedad que les hubiera posibilitado incorporarse como funcionarios de carrera en ese proceso de méritos".

Responsabilidad de Torres

El consejero ha dedicado gran parte de la rueda de prensa en achacar la responsabilidad de lo sucedido en el baremo provisional del concurso de méritos al ejecutivo liderado por Ángel Víctor Torres. "La situación que se ha producido, con más de la mitad de las 3.874 plazas provisionalmente adjudicada en estos momentos a docentes que no ejercen como interinos en las Islas responde únicamente a que el anterior Gobierno de Canarias no defendió con convicción y rotundidad al personal docente ante el Estado en 2021".

Suárez sostiene que la anterior Consejería de Educación podría haber demandado al Gobierno central, durante la tramitación del Real Decreto, que contemplara las particularidades de las islas con baremos que favorecieran a los trabajadores del Archipiélago. "El anterior Gobierno de Canarias no quiso contradecir al Ejecutivo central. (...) La demostración es que para no votar en contra del Real Decreto, con el que no estaba de acuerdo, lo que hizo la anterior consejera fue no acudir a la votación, no compareció. Agacharon la cabeza", critica Suárez.

A su juicio, el Ejecutivo de Torres podría, por ejemplo, haber impugnado "por una posible invasión de competencias por parte del Estado" porque el Ministerio impuso en su real decreto los baremos sin tener en cuenta a las comunidades autónomas. "Imposibilitaron que se pudiesen recoger las peculiaridades de Canarias. Entre defender a los docentes de las islas o no enfrentarse al Gobierno Central, Torres decidió no enfrentarse al Gobierno central y ya llegamos a la Consejería con el plazo para la impugnación vencido. (...) Torres nos dejó este gran problema para los docentes", reiteró Suárez.