La Jurada tendrá 11 viviendas protegidas con carácter urgente

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias declara de urgencia la tramitación del expediente para contratar la construcción de 11 viviendas protegidas de promoción pública en La Jurada, núcleo de San Isidro (Granadilla de Abona). La resolución parte del Instituto Canario de la Vivienda.

Esta actuación, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.641.781 euros, se enmarca en el decreto ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. Decretar la urgencia determina que la tramitación del expediente se producirá en la mitad del tiempo de los plazos legalmente establecidos para la licitación, la adjudicación y la formalización del contrato correspondiente.

El área que gestiona el consejero Pablo Rodríguez explica que el presupuesto de licitación se dividirá en tres anualidades, siendo la primera la que se corresponde con este año, que tendrá un importe de 471.661 euros; en el próximo año el Ejecutivo abonará 1.051.747 euros y en el ejercicio de 2026, el importe previsto asciende a 118.372 euros. Al total del presupuesto hay que sumar, en la última anualidad, el importe correspondiente a la retención del 10% del coste de licitación, por valor de 164.178 euros, por lo que el presupuesto total sería de 1.805.959 euros, según explica la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

El proyecto de construcción de 11 viviendas protegidas de promoción pública en La Jurada tiene como fin atender las necesidades que registra Granadilla de Abona en esta materia, tal y como se establece en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, para fomentar la construcción de inmuebles de protección oficial.

La nueva actuación se suma a los trabajos de rehabilitación y mantenimiento ya realizados por este departamento del Gobierno de Canarias a un grupo de 41 viviendas en Granadilla de Abona, con el fin de mejorar el parque público del municipio.

Otras acciones

Para afrontar el problema de la falta de viviendas sociales en el municipio, el Gobierno local de Granadilla de Abona expropiará los edificios en construcción que quedaron sin terminar durante las últimas crisis para ofrecerlos a los vecinos con pocos recursos. El plan incluye identificar el suelo público catalogado para equipamiento y proceder a su recalificación como suelo residencial para viviendas públicas, según defiende la alcaldesa granadillera, Jennifer Miranda.

En los primeros nueve meses del mandato, Granadilla de Abona cedió más de 3.000 metros cuadrados de suelo al Icavi para construir viviendas y procedió a desbloquear 294 en ocho edificios de Los Hinojeros que están sin terminar, cuya adquisición por Orion Rental a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria requirió la inversión de 7.360.500 euros.