124 millones de euros para atender a las personas dependientes de Tenerife

Cabildo y Gobierno de Canarias firman el incremento del convenio que dota de financiación a 7.599 plazas para menores, mayores y personas con discapacidad

De izquierda a derecha, Lope Afonso, Rosa Dávila, Candelaria Delgado y Águeda  Fumero

De izquierda a derecha, Lope Afonso, Rosa Dávila, Candelaria Delgado y Águeda Fumero / E.D.

«Detrás de las cifras (se dieron muchas ayer) se esconden las realidades de las personas dependientes y también de sus familias, en especial de las cuidadoras con nombre de mujer». La frase de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, resume el mensaje que se pretende lanzar tras el acuerdo entre la corporación insular y el Gobierno de Canarias para destinar más de 124 millones de euros a financiar la atención a la dependencia de 7.599 tinerfeños. De menores de 6 años a mayores o con alguna discapacidad. Ambas administraciones escenificaron en un acto que tuvo lugar en la sede del IASS (Instituto de Atención Social y Sociosanitaria), en la calle Galcerán de Santa Cruz, la firma de la V Adenda, la última del convenio 2018-2023 de colaboración para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia en la Isla. El compromiso es trabajar en un nuevo acuerdo para el futuro. La presidenta Dávila y la consejera autonómica de Bienestar Social, Candelaria Delgado, rubricaron el documento en presencia de la consejera insular de Acción Social y presidenta del IASS, Águeda Fumero, y del vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso.

Importante incremento

Este añadido supone un importante incremento de las aportaciones de ambas administraciones al convenio, lo que implica un aumento del precio por plaza y día. Serán más de 124 millones de euros a la atención durante 2024, aunque con carácter retroactivo desde el mes de enero del pasado año 2023–. Candelaria Delgado aseguró que «estamos de enhorabuena, porque aumentamos el importe del coste en determinadas tipologías de plazas con el fin de ajustarlo al real del servicio». Valoró que el nuevo convenio refleja «el compromiso con los cabildos». La consejera señaló que ha pedido a cada uno de los siete un estudio del coste real que tienen los servicios, ya que «somos islas y la doble insularidad influye». Además, se trabaja con los 88 ayuntamientos canarios para llegar a acuerdos y presten colaboración en los servicios de ayuda a domicilio. Antes del pasado 31 de diciembre se firmaron 15 en Tenerife, a los que se irán sumando el resto de municipios hasta completar los 31.

Trabajo en equipo

Rosa Dávila puso en valor el trabajo de los equipos en este convenio que «nos va a permitir garantizar la prestación de los servicios a las personas más vulnerables». Aseguró que «nos convertimos en una herramienta para las personas, sumándonos a la estrategia del Gobierno de Canarias que busca agilizar los trámites que deben realizar las dependientes». Águeda Fumero refrendó «el compromiso del Cabildo con el ámbito de lo social» y subrayó que «este es un hito muy esperado por las entidades del tercer sector». Agregó que «a partir de ahora asumimos el reto de trabajar en el nuevo convenio en el que Tenerife, necesariamente, tiene que crecer en el número de plazas». «Este acuerdo –apuntó- causará un impacto muy positivo en las 76 entidades que prestan servicios en la Isla, con las que colaboramos, entre ayuntamientos, colectivos de carácter mercantil y aquellos sin ánimo de lucro».

Mejora del servicio

Los incrementos acordados persiguen mejorar la prestación de los servicios para mayores y personas con discapacidad que conforman la red de recursos de Tenerife con la financiación de esas 7.599 plazas. Las modificaciones que se introducen en la adenda V sobre el precio por plaza y día suponen un aumento del 10% en el precio de las ubicadas en centros de atención diurna y en residencias para los colectivos a los que van dirigidos;. El crecimiento oscila entre un 15% y un 30% en determinados recursos específicos como los destinados a personas con trastorno del espectro autista que se encuentran en atención diurna, los hogares funcionales y aquellos dirigidos a la enfermedad mental. 

Reparto de inversión

La cantidad exacta de la aportación global es de 124.715.000 euros. El Cabildo invierte 36.656.000 euros y el Gobierno de Canarias dota el acuerdo con 86.486.000. El Ejecutivo regional financiará 6.173 plazas residenciales o de atención y servicios de teleasistencia, cifra que se suma a las 1.426 de gasto insular. El Cabildo de Tenerife financia 589 plazas especiales más como las de Hospital Febles Campos o el CAM de La Cuesta. En materia de recursos, son 112 los que están bajo esta nueva adenda del convenio original, firmado en agosto de 2018, con 84 plazas de atención diurna y 27 de promoción a la autonomía personal así como teleasistencia en la Isla.El objetivo del fortalecimiento de las redes municipales y de las empresas del tercer sector, es poder llegar a todos los dependientes y superar el limbo asistencial en el que están 6.600 personas en Canarias. Tienen resolución del grado y Programa Individual de Atención (PIA) pero no se les atiende por ausencia de un servicio cercano. 

Polémica con la tarjera

La polémica llegó por la tarde en la Comisión Plenaria de Acción Social. PSOE Tenerife, a través de la consejera Marián Franquet, denunció que «el Gobierno de Rosa Dávila se niega a mejorar la tarjeta acreditativa para personas con discapacidad por estar entregados a Vox». Añadía que CC y PP «votan en contra de la iniciativa socialista para que las personas con discapacidad usen la tarjeta acreditativa y tengan acceso prioritario y accesible en eventos culturales y servicios públicos». La visión del grupo de gobierno era diametralmente opuesta. En un comunicado se especificaba que «el Cabildo impulsa la puesta en marcha de la tarjeta acreditativa de discapacidad» tras aprobarse en la mencionada Comisión «una iniciativa para implantar esta medida de la mano con el Gobierno de Canarias». La iniciativa «implica promover los trámites administrativos que conllevará la nueva tarjeta» con la intención de que «desde la administración se facilite el acceso a los recursos y servicios vinculados a este documento».