El Defensor del Pueblo actúa en Tenerife por incumplimientos en las bajas emisiones
Investiga a los municipios de La Laguna, Granadilla y Arona por retrasos en la obligación de habilitar zonas que reduzcan los niveles de contaminación y mejoren la calidad del aire
Concentración de vehículos en uno de los puntos de mayor densidad de tráfico en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. | | E.D. / José Domingo Méndez
El Defensor del Pueblo de España investiga a los municipios tinerfeños de La Laguna, Granadilla de Abona y Arona, además de a Telde (Gran Canaria) y otras 29 localidades de la Península y Baleares, porque pese a estar obligados por ley retrasan la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones. Estas áreas se han creado para aliviar la contaminación originada por el tráfico de vehículos y mejorar la calidad del aire que respiran sus ciudadanos. La figura jurídica constitucional inicia actuaciones de oficio en estos 33 municipios del país por no habilitar en tiempo y forma estas Zonas de Bajas Emisiones, exigidas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
La institución, que dirige Ángel Gabilondo, recuerda que el artículo 14 de la citada norma establece las medidas y plazos concretos para que las administraciones públicas promuevan la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de emisiones a la atmósfera. De este modo, los municipios de más de 50.000 habitantes debían de haber establecido ZBE antes del 1 de enero de 2023.
Respecto a las actuaciones de oficio, abiertas por el Defensor del Pueblo, la Oficina del órgano derivado de la figura sueca del ombudsman señala que siguen dos criterios en esta actuación de oficio. Por un lado, según el número de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en la tramitación, se van a investigar los municipios de más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos no han iniciado aún los trámites para declarar las ZBE, así como los de más de 300.000 que aún no las han aprobado pese a estar en trámite.
Pasos atrás
El segundo supuesto se refiere a aquellos municipios en los que «se han revertido o está previsto que vayan a revertirse los pasos dados para la adopción de las Zonas de Bajas Emisiones», de lo cual la institución «tiene conocimiento a través de los medios de comunicación, basados en las declaraciones formuladas por los órganos representativos del municipio, los competentes en materia de medio ambiente, representantes políticos u otros análogos».
Sin tramitar
18 municipios no han iniciado aún la tramitación de la ZBE. Entre ellos están los tres tinerfeños, Arona, Granadilla de Abona y San Cristóbal de La Laguna, además de Telde. Por su parte, han iniciado la tramitación de la ZBE pero van con retraso en su implantación, siete consistorios, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente, ocho ayuntamientos suspenden o dando marcha atrás en lo hecho hasta el momento, ninguno en Canarias.
La Ley
La Ley del Cambio Climático y Transición Energética obliga a que todas aquellas ciudades y municipios de España que superen los 50.000 habitantes –más del 50% de la población–, tengan que establecer una Zona de Bajas Emisiones en 2023, aunque la realidad es que solo una minoría lo ha cumplido. El artículo 14.3 de la norma define la ZBE como «un ámbito delimitado por una administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General vigente».
La adaptación
Después de la Ley, publicada en 2021, faltaba por explicar cómo debían adaptar los municipios las Zonas de Bajas Emisiones. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó un documento con las Directrices para la Creación de ZBE, presentado en noviembre de 2021. Posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre de 2022 el Real Decreto 1052/2022 que regula las ZBE. Cerca de 150 municipios repartidos por todo el territorio español tienen que adaptarse y tener ya creada la Zona de Bajas Emisiones. Doce ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla o A Coruña, han hecho los deberes. El resto ya está fuera de tiempo.
El Ayuntamiento de Santa Cruz prevé esperar medio año, a partir de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad para empezar a sancionar los incumplimientos. Durante dicho periodo, y según informó el propio Consistorio capitalino, sólo se producirá una notificación a los infractores, con el objetivo de establecer un «periodo de adaptación» a las nuevas restricciones al tráfico en la capital. Así lo comunicaron las regidoras de Movilidad y del Distrito Centro-Ifara, Evelyn Alonso y Purificación Dávila, respectivamente, durante la primera fase de información y participación ciudadana sobre la ZBE, ya concluida. En esta fase fueron convocadas diversas asociaciones, así como comerciantes, vecinos y centros educativos que están dentro del área de influencia de las restricciones al tráfico que corresponde con el centro de la ciudad. La previsión es que la Zona de Bajas Emisiones comience a implantarse en Santa Cruz durante el primer semestre de 2024, y con ella, las primeras restricciones a la circulación de vehículos en el centro de la ciudad, cumpliendo así la Ley que demanda de una directriz de Europa. Según indican fuentes municipales, se ha establecido un calendario de implantación de la ZBE, que regulará el acceso de manera paulatina durante los próximos diez años. Se realizará un seguimiento de los indicadores y su correspondiente incidencia en las restricciones en los años 2028 y 2033. | J.D.M.
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