Entrevista | Candelaria Delgado Consejera de Bienestar Social e Igualdad del Gobierno de Canarias

Candelaria Delgado: «Ha llegado el momento de plantear un gran pacto contra el machismo»

«Esta lacra no se derrota con acciones aisladas, necesitamos una implicación social»

Candelaria Delgado, en el Parlamento de Canarias.

Candelaria Delgado, en el Parlamento de Canarias. / Carsten W. Lauritsen

Cree que es necesario un gran pacto social para combatir las conductas machistas que acaban generando un sinfín de casos de violencia de género. «Es un problema que va más allá de unas huellas físicas», asegura Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social e Igualdad del Gobierno de Canarias. 

¿Qué mensaje hay que enviar a la ciudadanía este 25N?

Uno muy claro y rotundo: nos toca seguir trabajando. Y es que a pesar de los avances que se han producido en la lucha feminista, la violencia de género sigue siendo una gran asignatura pendiente. Necesitamos reforzar las acciones que nos impidan retroceder a tiempos pasados.

¿Da la sensación, al igual que ocurre en una espiral, que este tema no parece tener un final?

Ésa es la impresión que tiene la mayoría de la ciudadanía. La violencia de género no se está abordando como un problema estructural e igual ha llegado el momento de plantear un gran pacto social contra el machismo. Necesitamos una mayor involucración para lograr el modelo social justo e igualitario que tanto deseamos.

¿Cómo pueden contribuir las distintas administraciones para intentar aliviar este conflicto social?

Fortaleciendo tres líneas de actuación a las víctimas: la atención a las damnificadas [procurar medios a las mujeres que sufren violencia física y sexual], desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a detectar los distintos tipos de violencia y, por último, consolidar los proyectos educativos que se potencian en las aulas a edades tempranas... Todos los pasos que demos para buscar una sociedad más igualitaria serán bien recibidos. Esta lacra no se derrota con acciones aisladas, necesitamos una gran implicación social.

Lo peor de todo es que el problema se ha colado en las aulas, ¿no cree?

Cierto, es un problema que está afectando a chicos con unas edades muy tempranas... Ese análisis ya lo hemos hecho a partir de los datos obtenidos a través del 1-1-2 y, por lo tanto, hay que buscar soluciones en el ámbito escolar y en los entornos familiares. Esto no es una responsabilidad que le entregamos a los docentes y ahí se queda, hay que buscar los posibles fallos en casas e ir ampliando el radio. De todas formas, existe una parte positiva que merece ser destacada por su importancia...

¿De qué parte habla?

Afortunadamente cada vez son más las jóvenes que ya no soportan este tipo de comportamientos machistas y los denuncian. El hecho de que tomen la iniciativa en el instante que se da una agresión física o cualquier otro patrón violento merece ser tenido en cuenta porque significa que se está dando una situación de cambio... Esta coeducación y concienciación es lo que nos permite combatir unos estereotipos sexistas que no hace falta que digan que están fuera de lugar. La igualdad hay que ponerla en valor siempre, buscar los referentes sin ningunear el rol decisivo que tuvieron muchas mujeres en momentos claves de la historia.

¿Cuál es el rol que hay que asignarles a las familias?

No podemos educar a nuestros jóvenes sólo en las aulas, sino fomentar unos valores sociales saludables desde casa. Hay que denunciar cualquier tipo de violencia. El problema es que en el ámbito familiar sólo se denuncia el 4% de los casos de violencia de género que se dan. Eso significa que tenemos que hacer una labor educativa y pedagógica más intensa, sacar a la luz esas situaciones de micromachismo que se dan cuando alguien controla los mensajes del móvil, decide por ti lo que te debes poner o es él quien marca los tiempos económicos de una relación. Ese tipo de violencia también hace daño.

¿Es un problema más de conciencia que de medios?

Lo ideal sería que cada vez tuviéramos que invertir menos dinero en el cuidado y la protección de las víctimas. Eso significaría que este problema iba a mejor o estaba en vías de desaparecer, pero aún estamos muy lejos de un escenario de esas características. Hay que buscar entornos en los que las mujeres nos sintamos seguras. Las nuevas masculinidades deben madurar a partir de este mensaje si no queremos regresar de nuevo a los años más oscuros.

¿Se necesita más personal para atender a las víctimas?

La sociedad debe ser consciente de que estamos poniendo los medios que tenemos a nuestro alcance para resolver esta lacra. Próximamente, por ejemplo, vamos a reforzar el catálogo de puestos de trabajo del Instituto Canario de Igualdad (ICI) porque su plantilla se ha quedado obsoleta. La ayuda debe ser escalonada, empezando por el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, pero sin perder de vista el papel decisivo que juega el Estado a la hora de financiar proyectos de protección a las mujeres que sufren malos tratos. Ahí debemos ser exigentes con el Gobierno central y los próximos presupuestos porque son partidas que se destinan a salvar vidas.

¿Hasta qué punto lo económico condiciona la evolución de los casos?

Éste es un tema importante que este año hemos querido visibilizar. La violencia económica no deja señales en el cuerpo, pero anímicamente destruye a las mujeres que la sufren. Merma la autoestima y la independencia de seres que no son capaces de salir de un círculo vicioso en el que lo económico muchas veces se convierte en el peor enemigo posible, por detrás siempre del maltratador. Te empiezan controlando el dinero que llevas en la cartera y terminan por arrebatarte cualquier señal de libertad que incomode al agresor.

¿Y lo social?

Cada vez menos, pero es evidente que denunciar una situación de violencia de género en un entorno pequeño siempre es más complicado que hacerlo en una gran ciudad. El qué dirán es algo que aún no hemos superado en núcleos poblacionales más modestos, no sólo de Canarias sino en todo el territorio español. El hecho de que todos se conozcan añade un componente de vergüenza que no ayuda cuando alguien acude a los cuerpos policiales o a una institución a denunciar que sufre violencia de género.

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