La Orotava inicia la vía para intervenir el mercado inmobiliario de los alquileres

El municipio de La Orotava es el sexto más poblado de la Isla (más de 42.000 habitantes) pero apenas ofrece opciones para alquilar una vivienda. En los principales portales inmobiliarios, la oferta se reduce a una decena de opciones, la gran mayoría (siete) por encima de los mil euros. En este momento, el arrendamiento más barato es de 800 euros, si bien el piso se encuentra lejos del casco histórico. Las otras posibilidades se mueven entre los 900 euros al mes de un adosado en La Perdoma a los 2.500 de un chalé en El Durazno. Para una familia con pocos recursos o incluso de clase media, encontrar un alquiler en el mercado convencional del Valle es imposible.

Esta carencia jamás vista hasta hace pocos años se suma al hecho de que en muchos puntos de La Orotava los hogares destinan como mínimo un 30% de sus ingresos al alquiler y los suministros básicos, como agua y luz. Por eso, el Ayuntamiento orotavense ha iniciado el proceso para que el municipio se convierta en el primero de Canarias en ser declarado zona residencial tensionada. Esta declaración, que correspondería al Gobierno de Canarias, es una de las herramientas de la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado 26 de mayo, y que permite intervenir en el arrendamiento en busca de un equilibrio entre los ingresos y el precio del alquiler.

Idea de Asamblea por La Orotava

La idea parte de la Asamblea por La Orotava, una formación municipalista que cuenta con representación en el Consistorio orotavense desde 2015. Tanto el grupo de gobierno de Coalición Canaria como los otros grupos de la oposición, PSOE y PP, apoyaron la moción de Asamblea por La Orotava. Según la portavoz de esta formación, Aída Salazar, «en La Orotava es prácticamente imposible conseguir una vivienda digna a un precio asequible». «Los precios son prohibitivos en las pocas viviendas que hay en el mercado en comparación con los salarios medios. Y a esto se une la imposibilidad de acceder a una vivienda pública o a una hipoteca», detalla.

Al problema de la falta de alternativas y los precios desorbitados se suma la gran cantidad de casas vacías. Según los datos facilitados por Asamblea, de las 17.000 viviendas que hay en La Orotava, 1.700 están sin ocupar. Una de cada 10. De estas casas que solo sirven para coger polvo, la gran mayoría se encuentra en manos de bancos y fondos buitres que «no las quieren poner en el mercado». La formación política añade: «Un rápido vistazo a los portales digitales de alquiler de vivienda muestra que en La Orotava apenas existen opciones en alquiler, de las cuales la mayoría son chalets que superan los 1.500 euros al mes. El resto, algunos pisos de más de 800 euros de alquiler».

Los requisitos de la Ley

Un municipio completo o algunas zonas concretas pueden ser declaradas zonas tensionadas cuando el coste de la hipoteca o el alquiler, sumado a los gastos de los servicios básicos, superen el 30% de los ingresos medios de los hogares. También aquellas áreas en las que el alquiler ha subido un 5% sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos cinco años. La mayor parte de La Orotava cumple con estos requisitos. No es ni mucho menos una excepción en la Isla. Según un estudio de la consultora Atlas Real Estate Analytics (Fragua), que ha analizado datos de más de 11.000 códigos postales de España, parte o la totalidad de 25 de los 31 municipios de Tenerife pueden ser declarados en este momento áreas residenciales tensionadas, todos menos Garachico, La Guancha, San Juan de la Rambla, El Sauzal y Tegueste.

«Es alarmante la escasez de oferta de viviendas disponibles», subraya Aída Salazar. Ya en enero de 2023, Asamblea por La Orotava presentó una moción para la adquisición de viviendas vacías por parte del Ayuntamiento para ponerlas en régimen de alquiler social. La idea no se ha llevado a efecto. En cuanto a los planes de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, enmarcados Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, para edificar una nueva promoción de 65 inmuebles de protección oficial en el barrio de San Antonio por un importe total de 7,4 millones de euros, Asamblea se muestra reacia. Según la portavoz, «esto va a conllevar una guetización aún mayor del barrio de San Antonio». Si hay viviendas vacías en La Orotava, se debería trabajar para recuperarlas y ponerlas en el mercado», enfatiza.

María Belén González conoce muy bien los apuros que pasan muchas familias orotavenses. Es Concejala Delegada de Bienestar Social del Consistorio norteño, además de llevar el área de Vivienda. «Conocemos perfectamente los graves problemas que afrontan los orotavenses para conseguir una casa. Por eso, el grupo de gobierno apoyó la moción para declarar el municipio como área residencial tensionada. Apenas hay oferta de alquiler, la que existe está por las nubes y ya no le cuento cómo están las hipotecas», asegura, para añadir: «Los ayuntamientos son la administración que tiene más contacto directo con los problemas sociales. Y este es uno muy grave. El problema es que carecemos de suficientes recursos. Por eso trabajamos con el Gobierno de Canarias y el Cabildo en busca de soluciones, que pasen por ejemplo por la adquisición de viviendas vacías para destinarlas al alquiler social».

La concejala tilda el encarecimiento de los precios de los alquileres de «desproporcionado». «La oferta se ha reducido drásticamente y lo poco que hay tiene precios disparados», resume. María Belén González aporta dos datos para explicar el «gran esfuerzo» que hace el Ayuntamiento de La Orotava para abordar las demandas de los ciudadanos teniendo en cuenta los limitados recursos de los que dispone: «En 2022 destinamos 330.000 euros a ayudas al alquiler y este año ya vamos por 280.000 euros».

Un plan para controlar el precio

Según la moción aprobada por el Ayuntamiento, la declaración de La Orotava como zona de mercado residencial tensionado conllevará la redacción de un plan que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios entre los ingresos medios de la población local y el precio de los alquileres.