La paralización de las obras públicas impacta en los más desfavorecidos

Colectivos altamente sensibles a las carencias en los servicios públicos como los mayores o las personas con discapacidad sufren de manera más acentuada la deserción masiva en las licitaciones de obra pública. Los costes de construcción se han incrementado, los precios públicos por los que las administraciones calculan el valor de los procesos de concurrencia no terminan de revisarse y centros de mayores se quedan sin ascensor u hospitales sin las necesarias obras para poner en funcionamiento aceleradores lineales que se emplean en tratamientos de procesos oncológicos.

Estos son solo dos ejemplos reales de cómo impacta en los administrados un hecho que está mandando al limbo la ensalzada y, en la práctica, complicada colaboración público-privada. La «negativa manifiesta a revisar los precios por parte de las entidades locales» denunciada la semana pasada por la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP), María Salud Gil, se ha traducido en 62 licitaciones de obra pública que han quedado desiertas en las Islas en el primer trimestre de este año.

Las empresas privadas aseguran que hacerse con una adjudicación significa poner dinero de su bolsillo. El problema viene de lejos, desde que hace dos años el coste de las materias primas inició una escalada vertiginosa. Algunas administraciones se reunieron con las patronales y acordaron la revisión de los precios de salida para que sus iniciativas no se quedaran sin pretendientes.

Regate corto

Fue el caso del Gobierno de Canarias. Sin embargo, tanto Gil como su homólogo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, aseguran que las directrices de la Administración autonómica no han calado en cabildos y ayuntamientos. Además, según la presidenta de la AECP empleando el regate corto, al ser en la mayor parte de los casos empresas públicas que dependen de esas administraciones locales, no «obligadas a acogerse a la revisión de precios», las que licitan. 

Toda la población está dejando de disfrutar del incremento en la calidad de los servicios, pero la necesidad de estos aumenta en proporción a como lo hacen las dificultades para valerse por uno mismo. La demanda en los segmentos de mayor edad de la población es más intensa y el «contrato de obra para la ejecución del proyecto básico y de ejecución del Centro Sociosanitario Abades Arico», en dicho municipio tinerfeño, es una de las que no encuentra novia. Y eso que es de las que cuentan con mayor dotación –3,51 millones de euros– de todas las incluidas en la lista de las 62 que han quedado desiertas.

El Centro Sociosanitario de Arico no encuentra quién quiera construirlo al precio actual

En el otro extremo de la lista que maneja la Confederación Nacional de la Construcción, entre las más baratas –33.143 euros–, se encuentra la «instalación de un ascensor en el Centro de Mayores de Doctoral», en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana. La realidad es tozuda y el mercado, más. Si el precio de los materiales se ha elevado y no lo hace la partida aprobada, las personas de edad avanzada de dicho barrio tirajanero seguirán sin ascensor.

Mejora de la accesibilidad

Y lo mismo ocurrirá con los habitantes del barrio de la Vega de San José de la capital grancanaria que tienen dificultades de movilidad. El área de regeneración y renovación urbana (ARRU) contempla en su cuarta fase la «urbanización y obras de mejora de la accesibilidad de los espacios públicos». Otros 624.848 euros que no encuentran ni una empresa candidata a acometer la actuación.

Mejor suerte corrió la «obra de adaptación de la sala de tratamiento existente para acelerador lineal» del hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote. Los 471.505 euros con que se dotó la adjudicación no resultaron suficientes y no hubo plicas que abrir a mediados del pasado febrero.

La mayor dotación de las licitaciones sin aspirantes se da en el Complejo Ambiental de Zurita

Según fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se convocó un proceso posterior que ya sí terminó con una empresa privada encargándose de poner la sala a punto para poder utilizar una herramienta esencial para muchos pacientes que luchan contra el cáncer. Incluso, esas mismas fuentes aseguran que el acelerador estará disponible para su utilización antes de que finalice este año.

Si hablamos de servicios generales a la ciudadanía, los problemas para conseguir cita en, por ejemplo, la Seguridad Social, son conocidos y evidentes. Pues bien, tampoco hubo una sola empresa aspirante a hacerse con el contrato de las «obras para la construcción de una oficina» de esta institución estatal en Puerto del Rosario (Fuerteventura). Eso a pesar de ser la tercera actuación mejor dotada, con 3,20 millones de euros.

O, siguiendo con la disparidad existente entre el discurso y la realidad, tampoco la sostenibilidad sale indemne de esta situación. «Suministro, adecuación, montaje, programación y puesta en marcha de Línea de Tratamiento y Clasificación Automática de Residuos del Complejo Ambiental de Zurita (Fuerteventura)». La más cara –4,52 millones de euros– de todas las obras que se incluyen en la nómina de las que quedaron desiertas entre enero y marzo.

Obras para restañar bienes públicos dañados por los incendios en Gáldar tampoco hallan novia

Y lo mismo ocurre con la «acometida de puntos de recarga de vehículos eléctricos handling». La electrificación como paso necesario para la descarbonización con el fin de llegar a 2040 con un Archipiélago neutro en emisiones, pero a la hora de la verdad se licita con un precio de salida –80.745 euros– que no logra seducir a absolutamente ningún empresario. 

Tampoco apareció ninguna candidata para reponer «las redes de saneamiento afectadas por los incendios» de hace cuatro años en Gáldar –382.037 euros– ni para rehabilitar «la infraestructura del espacio público polivalente de Caideros» –80.114 euros– a donde también llegaron las llamas.

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