El rechazo de cabildos y consistorios a revisar precios deja 62 obras desiertas

La falta de un mecanismo de revisión de precios que se aplique de forma generalizada por todas las administraciones públicas sigue lastrando la obra pública en Canarias. Solo en el primer trimestre de este año, 62 licitaciones han quedado desiertas porque nadie se ha presentado para ejecutarlas. ¿El motivo? Las cuantías por las que se ofertan los trabajos no son suficientes para llevarlos a cabo y las empresas renuncian a optar a ellas por el descalabro que podría suponer en sus propias cuentas hacerse cargo de una obra que ya saben de antemano que les generará pérdidas. Una situación que solo en los primeros meses del año ha dejado en el aire 23,3 millones, según las cifras que manejas las patronales del sector en las Islas y que supone un 37% más que en ese mismo periodo del año pasado. El resultado es que muchas obras no se pueden llevar a cabo entre las que hay centros geriátricos, instalaciones deportivas, cementerios o carreteras que no se han podido construir. 

El aumento del coste de los materiales de construcción y de otros elementos necesarios para sacar adelante las obras –como la energía o el combustible– se inició poco después de la pandemia y el estallido de la guerra de Ucrania terminó por darle el empujón definitivo. Algo que provocó un desajuste entre el precio de las licitaciones y el coste real de ejecución de los proyectos, que empezó a generar que muchas licitaciones quedasen desiertas y que hubiera problemas para terminar las obras que ya estaban en marcha. Pero el problema, lejos de solucionarse, persiste a pesar de que hace más de un año que el Gobierno central aprobó un real decreto de medidas en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obra, que poco después traspuso el Ejecutivo regional. 

Sin embargo, tal y como denuncian las patronales del sector, en Canarias el mecanismo no está funcionado porque su aplicación no se ha llevado a cabo en la inmensa mayoría de cabildos y ayuntamientos de Canarias. «Lo que ha existido es una negativa manifiesta a revisar los precios por parte de las entidades locales», denuncia María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, quien añade que muchas veces se escudan en que «las licitaciones las están haciendo sus empresas públicas y estas no están obligadas a acogerse a la revisión de precios».

Canarias es la comunidad con un mayor número de contratos públicos sin adjudicar

Gil insiste en que la situación tampoco se ha revertido en los últimos meses y hasta mayo las licitaciones desiertas en el Archipiélago alcanzan ya las 95, que conjuntamente tienen un presupuesto de 42,4 millones. «Somos la comunidad autónoma número uno en obras desiertas y la tercera si se tiene en cuenta el montante que ha quedado sin adjudicar», expone. 

«Si se siguen produciendo licitaciones desiertas es porque la administración es incapaz de aplicar la propia normativa que tiene aprobada el Gobierno de Canarias», resume Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco). Algo que él achaca a la falta de capacidad de las administraciones locales, sobre todo aquellas más pequeñas, para poder ajustar los precios y sacarlas con los que sean adecuados al mercado. 

Izquierdo explica que esto no solo está afectando a las obras que se quedan sin adjudicar sino también a aquellas que ya se están ejecutando. «Se están ralentizando porque la revisión de precios no se hace en los tiempos adecuados y las empresas tienen que parar por las intensas pérdidas que están sufriendo», señala. Una situación que no solo perjudica al propio sector, comprometiendo su desarrollo y el empleo, sino también a los ciudadanos ya que la finalización de muchos proyectos se retrasa. «Es algo que Fepeco lleva desde hace tiempo denunciando, que la administración es ineficaz y no cumple con sus propios plazos y resoluciones», valora. 

Gil califica la actitud de negativa que están teniendo las administraciones públicas a aplicar el mecanismo de revisión de precios como «tajante y chulesca» y critica que se mantengan en esta posición «a conciencia de que lo que están haciendo no es correcto y de que las empresas están incurriendo en pérdidas». Algo que va «en contra del empleo y la solvencia de las compañías», por lo que considera que es un comportamiento «irresponsable e incomprensible».

Gil también pone sobre la mesa que el real decreto aprobado por el Gobierno de Sánchez escondía muchas limitaciones a la hora de poder acogerse a estas revisiones, lo que en la práctica, dejaba fuera muchas obras. «Para poder tener derecho a esa revisión tenías que tener un mínimo de un 5% de pérdidas» explica y el porcentaje de revisión máximo «era del 20%», cuando recuerda que los sobrecostes alcanzan el 40%. Además, insiste en que no se incluían muchos de los materiales que se utilizan ni tampoco otros aspectos como la energía.  

Por lo que el problema de las licitaciones que han quedado desiertas no se circunscribe solo a Canarias sino que se extiende a toda España. Según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), las fluctuaciones de precios han provocado que hasta 318 obras queden sin adjudicar en el primer trimestre, por un valor de 190 millones de euros. Por eso, la patronal urge al nuevo gobierno que se conforme tras las elecciones generales a aprobar un sistema de reequilibrio de los contratos públicos. 

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