CC defiende que el pacto con el PSOE incluye frenar la privatización de las torres de control

Coalición Canaria (CC) defiende que el acuerdo suscrito con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez incluye la paralización del proceso de privatización de las torres de control de los tres principales aeropuertos del Archipiélago: el de Gran Canaria y los del norte y el sur de Tenerife. Es más, los nacionalistas sostienen que el pacto con los socialistas en Madrid, que en principio vincula a ambos partidos para toda la legislatura, debe servir para negociar la incorporación de la Comunidad Autónoma al consejo de administración de Aena, la sociedad anónima semipública –el 51% del capital social está en manos de la empresa estatal Enaire– que se encarga de la gestión de la red nacional de aeropuertos. No en vano, en CC argumentan que a pesar de que ni el asunto de las torres de control ni la cuestión de la cogestión aeroportuaria figuran en el acuerdo con el PSOE de manera explícita, ambos están de hecho incluidos al haberse puesto negro sobre blanco que los socialistas asumen el «respeto íntegro» tanto del Estatuto de Autonomía como del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Hay que recordar, por un lado, que las únicas torres de control que aún no se han privatizado en las Islas son precisamente las de sus tres principales aeropuertos, y, por otro, que si estas no han pasado todavía a la gestión privada no es porque el PSOE no quiera, sino porque tres de sus socios en Madrid –Bildu, Esquerra y los gallegos del BNG– lo impidieron en la anterior legislatura. Fueron los que lograron, a través de una enmienda transaccional que socialistas y Podemos no tuvieron más remedio que aceptar, que la segunda tanda de privatizaciones, la que incluía los aeropuertos de Tenerife y Gran Canaria, quedara en el aire. En principio, la intención del nuevo Gobierno central, o al menos la del PSOE –su principal sustento en el Congreso–, es terminar el proceso de privatizaciones en esta nueva legislatura, pero todo parece que volverá a toparse con la resistencia de sus socios, entre los que ahora también está Coalición.

La ‘agenda canaria’ parte del «respeto» al Estatuto, donde se prevé la cogestión de los aeropuertos

La diputada de CC en la Cámara Baja, Cristina Valido, explicó que su partido no solo no va a dar ni un paso atrás en su negativa a que los sistemas de control de las islas capitalinas pasen a manos privadas, sino que de hecho recordó que el Estatuto prevé la participación de la Comunidad Autónoma en las decisiones que afecten a sus aeródromos. El primer compromiso que asumió el PSOE al rubricar el pacto con CC es el «cumplimiento de la agenda canaria», y resulta que la premisa de esta agenda es justamente el «respeto íntegro» del REF y el Estatuto, donde se explicita la cogestión aeroportuaria.

Es el segundo punto del artículo 161 de la particular constitución del Archipiélago el que deja claro que «corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la participación en la planificación y la programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general [...] por tratarse de redes esenciales para la conexión del territorio como Región Ultraperiférica». Es el artículo, en definitiva, en que los nacionalistas llevan años sustentando la exigencia de que el Ejecutivo regional tenga voz y voto en los asuntos relacionados con los aeropuertos isleños, lo que en la práctica se traduciría en la incorporación de algún representante autonómico al consejo de administración de Aena. Algo que no se ha conseguido pero que en CC ven ahora más factible que nunca no solo porque así se estipula en el acuerdo con el PSOE, sino también porque los socialistas y Pedro Sánchez no pueden permitirse el lujo de desperdiciar el voto de Valido en el Congreso cuando su Gobierno depende de socios tan fiables como Junts o Esquerra.

Así que de cumplirse el pacto, lo que en última instancia no sería más que cumplir el Estatuto, habría que negociar, según entienden en CC, la cogestión de los aeropuertos. Y ni que decir que frenar las privatizaciones de las torres de control de Gran Canaria y Tenerife sería condición previa.

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