Las iniciativas legislativas populares se estrellan en el Parlamento de Canarias

En 1986, el Gobierno de Canarias presidido por el socialista Jerónimo Saavedra consideró su "deber inexcusable canalizar las demandas" de la ciudadanía "producto de la espontaneidad social" y que no hubieran sido "asumidas por las fuerzas políticas con representación" en la Cámara regional para así "enriquecer la democracia representativa". Para ello, aprobó la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, pero "dejando en último término al Parlamento, como titular de la potestad legislativa, la responsabilidad de asumir o no como producto propio el texto articulado", que previamente debía estar avalado por 15.000 firmas ciudadanas o el 50% de los censados en una circunscripción insular si solo afectaba a una isla. Y ahí está el problema, porque los titulares de la potestad legislativa no han demostrado especial cariño con las iniciativas populares: en 38 años, de las 36 propuestas que se han presentado únicamente ocho fueron aprobadas.

El caso más reciente de este desamor es el informe desfavorable por parte del Gobierno que preside el nacionalista Fernando Clavijo a la toma en consideración, por parte del Parlamento, de la iniciativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Ley Turística de Canarias, por considerar que "altera de manera significativa" las leyes que ya está elaborando el Ejecutivo. No hay que hacer un sesudo análisis político para concluir que si el gabinete apoyado por CC, PP, ASG y AHI no está a favor de esta propuesta, la misma no será asumida por la Cámara regional.

Pero el caso más sangrante de esta desconexión entre el hemiciclo legislativo y la democracia representativa es la iniciativa para una ley en defensa de la promoción de la salud y la sanidad pública de Canarias, avalada por 25.000 firmas en 2010, que fue admitida a tramitación por unanimidad. Al no decaer las iniciativas populares, es decir, se mantienen vivas de legislatura en legislatura sin tener que reiniciar todos sus trámites cada vez que se disuelve el Parlamento y se constituye una nueva Cámara tras los procesos electorales, esta propuesta ciudadana acumula 14 años de espera en el limbo de la tramitación parlamentaria, pues sus señorías prolongan sine die la presentación de enmiendas y boicotean con su silencio el debate para limitar el uso de la concertación como fórmula favorecedora de la privatización de una sanidad pública, que los promotores querían que tuviera una dotación presupuestaria del 2% del PIB del Archipiélago.

Dar la vuelta a un calcetín

Pero este desapego de la Cámara regional hacia la democracia representativa consagrada en el Estatuto de Autonomía no se limita simplemente a dejar hibernar propuestas legislativas populares que, casi siempre, no sintonizan con la mayoría gubernamental de turno. De hecho, ningún texto sale aprobado como ley en los mismos términos que redactaron sus impulsores, hasta el punto de que varias plataformas promotoras acusaron a los representantes de la soberanía popular de cometer «fraude legal». En su defensa, el Parlamento siempre ha enarbolado su legitimidad derivada del resultado de las urnas para cambiar los aspectos que considere poco realistas o nada pragmáticos y dar la vuelta como un calcetín a los textos registrados.

Los casos más paradigmáticos pueden ser los de las iniciativas para la ampliación del Parque Natural del Nublo en Gran Canaria y el establecimiento los criterios de utilización del barranco de Veneguera y la referida a la construcción de un hospital público en el sur de Tenerife.

En el primero de los casos, el Parlamento canario aprobó en 1998 una ley que lejos de prohibir la construcción de hoteles en la zona, como se solicitaba en su redacción inicial, autorizó la creación de 12.000 camas en una superficie de hasta 160 hectáreas en Veneguera, tergiversando la propuesta avalada por la firma de más de 40.000 ciudadanos grancanarios y de todas las Islas. En el segundo de los casos, se aprobó en el año 2000 una ley para la ejecución de un complejo sociosanitario en la zona, pero no un hospital, una reivindicación que aún colea.

La iniciativa más polémica fue la que creó la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1989

Cierto es que con la Ley de 1986 no hubo tanto desapego y, por ello, se admitieron a trámite las iniciativas legislativas populares sobre Viviendas, presentada en 1987 y aprobada dos años después, y la polémica Reorganización Universitaria de Canarias (LRUC), planteada en 1988, convertida en la ley que creó la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1989 y que durante su tramitación reavivó el pleito insular (manifestaciones multitudinarias a su favor en Gran Canaria y contrarias en Tenerife), fue uno de los motivos de la cuestión de confianza que perdió el presidente Fernando Fernández (CDS) y se llevó por delante al entonces consejero de Educación, Enrique Fernández Caldas (ATI), que dimitió para que el texto no llevara su firma, por lo que tuvo que ser rubricado por el viceconsejero Juan Manuel García Ramos (ATI), años después presidente del Partido Nacionalista Canario (PNC).

El resto de iniciativas populares no fueron tan convulsas para la vida política como la de la Universidad grancanaria, y tras esta propuesta el Parlamento acogió, además de las de Veneguera y el hospital del sur tinerfeño, las referidas a declarar El Rincón (La Orotava) paisaje protegido (1990 y aprobada en 1992 tras la defensa que de ella hizo el exdiputado de las entonces AIC Isidoro Sánchez), la ampliación del Parque Natural del Nublo en Gran Canaria y el establecimiento los criterios de utilización del barranco de Veneguera (presentada en 1995 y refrendada en 1998), la referida a la construcción de un hospital público en el sur de Tenerife (registrada en 1998 y aprobada en 2000 como ley para la ejecución de un complejo hospitalario y sociosanitario en la zona), la declaración del Malpaís de Güímar como reserva natural ( que entró en 2001 y se refrendó en 2006-) la ordenación territorial de las Telecomunicaciones (propuesta en 2006 y aprobada en 2009) y la Ley Canaria de Educación , que se presentó en 2010 y, tras ser asumida por PSOE y CC (entonces en coalición gubernamental), vio la luz a mediados de 2014.

La propuesta para la promoción de la salud y la sanidad pública acumula 14 años de espera en la Cámara

Han pasado diez años, por tanto, desde que el Parlamento aprobó un texto legislativo impulsado por una iniciativa popular.

28 rechazos

Por el camino quedaron 28 iniciativas que se pueden dividir en dos grupos: las que no llegaron ni siquiera a debatirse en la Cámara porque la Mesa encontró motivos para inadmitirlas o las que, simplemente, fueron rechazadas.

Entre las primeras, que no tenían firmas suficientes o carecían de un texto articulado, figuran las del Consejo de la Juventud de Canarias, dos intentos por favorecer la funcionarización del profesorado interino, tres tentativas de impulsar una ley de residencia, una iniciativa que buscaba garantizar el acceso a la vivienda, otra que pretendía regular las listas de espera sanitarias y un proyecto para equiparar los sueldos de los docentes a los del resto de funcionarios. Otras iniciativas sí superaron la admisión a trámite, pero luego se toparon con el rechazo del hemiciclo, que decidió no tomarlas en consideración. Este grupo está formado por propuestas para la protección de los animales (el Parlamento adujo que se estaba tramitando una propia), un referéndum sobre las relaciones de Canarias con las Comunidades Económicas Europeas, la instalación en el norte de Tenerife de un servicio público de transporte de tracción eléctrica, la declaración del litoral noroeste de Granadilla como reserva natural (un intento ciudadano de evitar la construcción de polémico puerto industrial en esa zona), la regulación de la capitalidad, la constitución de una red de apoyo a la mujer embarazada y medidas para renovar la planta alojativa y contener su crecimiento.

Para esta XI Legislatura quedan pendientes, además de la olvidada en defensa de la sanidad pública, la de volcanes, que todo apunta a que será aprobada en septiembre para que coincida con el aniversario de la erupción del Tajogaite, y la de protección del arbolado urbano como parte del patrimonio natural que contribuye a proteger de las olas de calor extremo como consecuencia del cambio climático.

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