Temor en Canarias a la pérdida de fondos europeos por los nuevos compromisos de la UE

El Gobierno de Canarias teme un recorte de los fondos procedentes de la Unión Europea (UE) en el próximo programa presupuestario plurianual, que comenzará en 2028 y en cuya vertiente financiera ya se empezó a trabajar el mes pasado. La Comunidad Autónoma tiene experiencia de sobra a la hora de batirse el cobre en instancias comunitarias para mantener los recursos que le vienen de las arcas europeas, para lo que cuenta con el estatus que le confiere su condición de Región Ultraperiférica (RUP) de la UE. Sin embargo, el club comunitario tiene una serie de compromisos y ataduras que ya de entrada va a impedir que todos los Estados miembros, y sus respectivos territorios, puedan conservar el mismo trozo de tarta del que disfrutan en la actualidad.

Son tres los condicionantes que constriñen el margen de maniobra de la UE y han encendido las alarmas en el Ejecutivo regional: la ampliación de la Unión, con lo que la tarta tendrá que repartirse entre más países; el pago de los intereses generados por el notable endeudamiento con que se hizo frente a la crisis de la covid; y la delicadísima encrucijada geopolítica que se abrió con la invasión rusa de Ucrania y que obliga a los Estados miembros a elevar en buena medida el gasto en Defensa.

A tenor de todo lo anterior, la inquietud del Gobierno autonómico está más que fundada. Para hacerse una idea, ya solo el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) le reportan al Archipiélago en el marco del actual plan plurianual (2021-2027) un total de 2.786 millones de euros.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, habló este miércoles en el Parlamento de todas esas «amenazas», en sus propias palabras, para el mantenimiento del actual nivel de transferencias desde la UE. «Nos preocupa», ahondó la responsable de las finanzas autonómicas, que «se van a tener que pagar los intereses de la deuda, en particular España y la misma Europa, que se ha endeudado fuertemente; la incorporación de nuevos Estados que no alcanzan el nivel de desarrollo que nosotros tenemos; y las tensiones geopolíticas». En definitiva, la preocupación de Asián es que en tales circunstancias será harto difícil que haya café para todos. De ahí que deba esgrimirse ante la UE, más que nunca, el estatus de RUP.

Tratamiento especial RUP

Al hilo de lo anterior, la consejera recordó que hace poco más de un mes se reunió con los consejeros de Hacienda de la Representación Permanente de España ante la UE y también con Karl Soukup, de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, ante quienes hizo hincapié en el especial tratamiento –también financiero– que requieren las RUP. «Les recordamos a las autoridades comunitarias la necesidad de considerar la condición de Región Ultraperiférica de Canarias, sobre todo en la política de cohesión», puntualizó Asián. No en vano son las políticas de cohesión –de las que forma parte, sin ir más lejos, el Feder– las que tienen por meta acercar a los Estados y regiones menos desarrollados de la UE a los estándares del club comunitario. Y lo cierto es que las Islas están lejos, más bien muy lejos, en indicadores clave como, por ejemplo, el del PIB o renta per cápita. «Ahí debemos insistir», subrayó la consejera, para vencer todas esas «amenazas» para el sostenimiento del actual nivel de fondos europeos.

Más a corto plazo, en la Hacienda canaria están pendientes de si el Ejecutivo central convence o no a Bruselas para que a España se le compute a efectos de las nuevas reglas fiscales el déficit previsto para el cierre de 2024 en lugar del registrado al cierre de 2023. El Estado despidió el último ejercicio con un déficit del 3,6%, seis décimas por encima del máximo permitido, pero confía en que sí cumplirá este año. De que Bruselas acceda o no a tomar como referencia la previsión para 2024 dependerá que España esté o no en déficit excesivo, lo que a su vez determinará el mayor o menor esfuerzo que habrá que hacer, incluidas las autonomías, en materia financiera.

En cuanto al IGIC, Asián añadió nuevos ingredientes al debate sobre la pertinencia o no de bajarlo cuanto antes. La consejera insistió en que el deseo del Ejecutivo regional es aminorar el tipo general de este impuesto, si bien precisó que antes debe haber garantías, unos indicios sólidos, de que la recaudación no solo no se reducirá, sino que incluso esté en condiciones de aumentar a pesar de esa rebaja del IGIC. Lo ideal para ese objetivo –Asián recordó aquí la Curva de Laffer– es que la eventual bajada de impuestos se lleve a cabo en el «despegue» hacia el crecimiento económico, algo que ahora no ocurre. «En este momento no nos sería posible [tocar el IGIC], pero el objetivo es hacerlo tan pronto la economía muestre signos de un crecimiento que permita, aun bajando impuestos, incrementar la recaudación y garantizar la suficiencia económica», argumentó.

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