El edificio del Servicio Canario de Salud, intervenido por la Policía Judicial en busca de pruebas del caso Mascarillas
La Fiscalía Europea dirige la investigación que implica al exdirector del SCS, Conrado Domínguez, y su exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez
![Registro en el SCS por el 'caso Mascarillas"](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/7f2ea442-d8d5-4c4f-99f8-7e0423277673_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
Registro del SCS por el 'caso mascarillas" / José Pérez Curbelo
E. D.
La Policia Judicial realizó una inspección a primera hora de la mañana de este jueves en la sede del Servicio Canario de Salud en Las Palmas de Gran Canaria. En el operativo se personaron hasta nueve agentes en el edificio, propiedad del gobierno regional, y lo hicieron antes de las 8:30 horas. El fin del registro, ordenada por la Fiscalía Europea, es encontrar documentos vinculados a la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, y al exdirector del SCS, Conrado Domínguez.
Los dos se encuentran investigados por el caso 'Mascarillas', donde se investiga una supuesta estafa a la sanidad pública canaria que se eleva hasta los cuatro millones de euros. Los hechos se remontan al año pasado, cuando desde el ente sanitario se adelantó esta suma de dinero a RR7 United.
Con el objetivo de comprar un millón de mascarillas 3M, desde el SCS se le encargó a esta empresa, pese a que no contaba con antecedentes en la distribución de material médico. Dichas mascarillas jamás llegaron a ser entregadas, ampliando el problema cuando las mascarillas que se intentaron importar fueron bloqueadas por la Aduana debido a que eras falsificaciones.
La investigación se centra en descubrir el paradero de esos cuatro millones que fueron entregados desde el Servicio Canario de Salud a RR7. Además, se busca el papel que ejercieron las dos personas investigadas en lo que al contrato suscrito con la empresa.
Conrado Domínguez, señalado
Las primeras sospechas se centran en el exdirector del SCS, que podría haber recibido una comisión de 100.000 euros tras la firma del contrato. Domínguez, que renunció a su cargo tras la imputación, ha optado por acogerse a su derecho de no declarar ante la Fiscalía Europea, a pesar de estar citado el pasado lunes por su condición de investigado.
La posible comisión consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, lo que añade más sombras al ya oscuro panorama del caso.
Desde el punto de vista institucional, el Servicio de Urgencias Canario ha quedado señalado por su actuación durante la pandemia. La gestión y la integridad de los procesos de contratación están siendo investigados ante las dudas que ha generado el caso mascarillas.
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