El alumnado podrá salir antes de las aulas y recibir clases telemáticas en el protocolo frente al calor

Ante episodios de calor extremo en Canarias, el alumnado de ámbito no universitario podrá salir de forma anticipada de las aulas o, incluso, quedarse en su casa y recibir las clases de forma telemática. Son medidas extraordinarias recogidas en el protocolo marco de actuación frente a situaciones altas temperaturas, presentado este martes por el consejero de Educación, Poli Suárez, que facilita a los centros educativos una herramienta adaptable a las realidades de cada centro para salvaguardar el bienestar de los estudiantes y los docentes, manteniendo la actividad lectiva.

El documento ve la luz seis meses después de que el Gobierno de Canarias decidiera suspender la actividad lectiva y extraescolar en octubre por una ola de calor por primera vez en su historia. El protocolo, diseñado por Educación con apoyo de Sanidad, Seguridad y Emergencias, Transición Ecológica, el Consejo Escolar de Canarias y los grupos parlamentarios, establece "pautas y directrices para actuar de manera eficaz y proteger la salud y el derecho del alumnado a recibir clases en las mejores condiciones ante episodios de altas temperaturas, cada vez más frecuentes en diferentes momentos del año debido al cambio climático", relata Suárez.

El protocolo fija cuatro niveles de riesgo con medidas graduales en función de las temperaturas o las circunstancias de los municipios en los que se ubiquen los centros. Si la temperatura se mantiene por debajo de los 33 grados en la provincia de Las Palmas, y es inferior a los 34 en Santa Cruz de Tenerife, se mantiene el nivel cero o verde, que indica una situación de normalidad. Pero por encima, se podrán articular medidas extraordinarias o excepcionales.

Por niveles

El nivel 1 indica riesgo bajo y se activará por parte del equipo directivo de cada centro cuando exista aviso amarillo por parte de la Dirección General de Salud Pública y de Seguridad y Emergencias. Las medidas incluyen una serie de recomendaciones habituales de Sanidad para estos casos: permanecer en lugares frescos, a la sombra, usar ropa ligera y transpirable, reducir la actividad física al aire libre o beber agua con frecuencia; específicamente, el protocolo aconseja ampliar el número de descansos para facilitar la hidratación y, si fuera necesario, modificar espacios donde se imparten clases para un mayor bienestar de las personas.

A partir del nivel 2, que implica aviso naranja, se contemplan medidas extraordinarias y su activación depende de las direcciones territoriales e insulares de Educación. Además de las recomendaciones contempladas en el nivel 1, se contempla, de forma opcional, la salida anticipada del alumnado a partir de las 12.00 horas y la modificación del horario lectivo o de las actividades extraescolares.

El protocolo permite que los estudiantes puedan irse antes del horario establecido, siempre y cuando exista autorización de sus representantes legales. En este sentido, el documento llama a prestar especial atención al alumnado considerado vulnerable, es decir, al de Educación Infantil y aquellos con enfermedades crónicas o discapacidad. En cualquier caso, la salida anticipada requerirá de un mecanismo que incluye: informar al Consejo Escolar o Consejo Social, la autorización de la Dirección Territorial o Insular correspondiente, la comunicación al inspector de zona y a las familias.

En cuanto a las modificaciones de horarios, Suárez ejemplifica que "Educación Física se pueda implantar en las horas más tempranas o con menos calor", también, que se realicen las actividades extraescolares en lugares con sombra o cubiertos, aunque se permite que se aplacen o se suprimen si así lo estima cada centro.

Medida excepcional

Y en el nivel máximo de riesgo (3), que implica aviso rojo y la autorización previa de las direcciones territoriales e insulares de Educación, se contempla la enseñanza no presencial como opción excepcional. Para adoptar esta decisión se requiere el mismo cauce que la salida anticipada del alumnado. Y, además, los centros deben tener prevista la modalidad telemática para adoptarla en cualquier momento que sea necesario.

"El alumnado trabajará de forma no presencial con las herramientas online autorizadas por la Consejería. Los equipos directivos estarán asesorados y acompañados por las direcciones territoriales e insulares. Para rebajar la carga burocrática se ha elaborado una plantilla para adaptar el protocolo al contexto real de cada centro, una manera más sencilla y rápida para aliviar la carga de trabajo", ha indicado Suárez.

En concreto, el protocolo recomienda realizar, al menos, una simulación de enseñanza no presencial durante el curso, para que el profesorado y el alumnado estén familiarizados con esta modalidad lectiva. Para ello, los centros cuentan con un procedimiento recogido en el documento que va desde la selección de las aulas virtuales facilitadas por la Consejería a la necesaria formación del profesorado, alumnado y familias en distintas herramientas digitales a disponer de protocolos para detectar y atender la brecha digital. Todo ello, deberá ser recogido en un plan.

Un documento abierto

En cualquier caso, Suárez ha aclarado que el protocolo está abierto a modificaciones, cada centro educativo podrá adaptarlo a sus realidades y será revisado y actualizado periódicamente. "Con este protocolo hemos querido localizar el problema. No es lo mismo una ola de calor en las medianías de Gran Canaria que en la Cumbre, Artenara o Tejeda. Queremos que esto sirva para que, cuando haya una alerta en determinado municipio, los centros puedan actuar tomando unas medidas u otras", añade el consejero.

"Los centros estarán acompañados y asesorados por la Consejería a través de las direcciones territoriales. Este documento permitirá reducir el margen de error en las decisiones (...), agilizar la respuesta y adoptar con celeridad las medidas y acciones más adecuadas en cada caso. Se trata de minimizar la incertidumbre a todos los miembros de la comunidad educativa", detalla Suárez.

El consejero ha definido al protocolo "como la mejor herramienta de protección en este momento", pero reconoce que "no es la definitiva" porque el problema radica en la existencia de "infraestructuras obsoletas en las que no se ha actuado en décadas" que no están ni mucho menos preparadas o adaptadas para la realidad del cambio climático.

Plan de adaptación

Suárez ha nombrado algunas de las actuaciones que pretende ejecutar en esta legislatura, sobre todo en aquellas zonas prioritarias como el sur de Gran Canaria o Tenerife. "El techado de las canchas deportivas permitirá tener un espacio adecuado para las canchas de educación física y, por ejemplo, para el desarrollo de los recreos. Lo haremos firmando convenios con los ayuntamientos: nosotros financiamos la obra o cofinanciamos y ellos serán los encargados de ejecutarlas para agilizarlas", ha anunciado.

Para crear más espacios de sombra, propone naturalizar los espacios con más arboleda, ya que durante las visitas "a un centenar de centros durante nueve meses", Suárez dice que ha podido comprobar que los jardines existentes en algunas infraestructuras apenas cuentan con especies naturales que den sombra. "Estamos trabajando con alguna fundación para iniciar ese proceso en islas como Fuerteventura, Lanzarote, el sur de Gran Canaria o el sur de Tenerife", añade.

Además, en colaboración con Gesplan, la Consejería pretende instalar sensores térmicos para que faciliten la información necesaria para tomar decisiones frente a altas temperaturas de una forma ágil. Y, como ya anunciara en febrero, Suárez asegura que mantiene conversaciones con la Junta de Andalucía para "copiar" su modelo de bioclimatización e instalar aire acondicionado de menor consumo. "En algunos centros ya existe esa herramienta, pero hay otros no tienen la potencia necesaria para instalarlos, es un problema añadido", apunta Suárez.

"Un fracaso"

Sobre la financiación, el consejero ha dicho que está pendiente de la transferencia "de los 42 millones pendientes del Estado", que se sumarán a fondos propios y de cabildos y ayuntamientos. Pero para acometer una reforma de las infraestructuras educativas, Suárez reconoce que harían falta "más de 100 millones, muchos millones más" y que no será algo posible de conseguir esta legislatura.

"El Plan de Infraestructuras que termina en 2025 ha sido un fracaso porque no se ha ejecutado, ni siquiera llega a un 20%. Llegamos hace nueve meses y estamos poniendo orden en la Dirección de Infraestructuras Educativas", ha lanzado Suárez, en referencia al documento de trabajo iniciado en 2018 y dotado con más de 500 millones de euros. Ante este escenario, el consejero ha dicho que se está "preparando el nuevo plan de infraestructuras", que priorizará a los centros más vulnerables.

"Hemos querido marcar prioridades, pero esto es un primer paso. Queda mucho. Si alguien espera que yo diga que voy a resolver en esta legislatura el problema de las infraestructuras educativas, ya le digo que serán decepcionados porque no es posible. Hay mucho trabajo por hacer, mucha camino que recorrer y nosotros estamos dando los primeros pasos", ha manifestado Suárez.