400.000 euros para acabar de una vez con la uralita, un material cancerígeno

El Cabildo de Tenerife lanza una nueva batalla para acabar de una vez con el amianto en la Isla, un elemento muy cancerígeno, utilizado antiguamente en la construcción y conocido popularmente como uralita. Son los municipios los que por ley deben acabar con este material. Por eso, el Consejo de Gobierno insular aprobó este miércoles una partida de 387.500 euros en subvenciones dirigidas a los 31 ayuntamientos de la Isla con una dotación máxima de 12.500 para cada uno, para la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto. Primero el catálogo que, según reconoció el vicepresidente insular, Lope Afonso, incluye edificios públicos, y luego la posterior financiación para poder erradicar por fin este material con un calendario que planifique su retirada.

A pesar de las múltiples advertencias no existe un censo o un mapa de los edificios e infraestructuras públicas y privadas que incluyen este material de construcción en la Isla. Y eso a pesar de que se sabe que provoca cáncer desde los años 30 del siglo pasado y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo catalogó como material tóxico hace 46 años. España prohibió su comercialización en 2002 pero Tenerife acumula un retraso de décadas en la lucha contra el amianto. Solo la Consejería de Educación ha informado de la posible existencia de uralita –se conoce así por el nombre de la empresa que empezó a comercializarlo en España– en 18 escuelas. De hecho, tiene un plan en marcha para su retirada.

La partida de 387.500 euros tiene como objetivo promover, fomentar y facilitar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2022, identificando, retirando y tratando de forma adecuada todos aquellos residuos de amianto que afecten a instalaciones y emplazamientos sitos en los distintos términos municipales.

El Consejo aprobó las bases y la convocatoria que regirán el otorgamiento de subvenciones en concurrencia no competitiva a los consistorios para la elaboración de ese censo imprescindible. El plazo de presentación es de 15 días naturales una vez publicadas las base en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Fuentes del Gobierno insular enfatizan que «está en juego la mejora del medioambiente y para la salud pública al minimizarse el riesgo que este material conlleva». Además, explican, «hemos puesto una especial atención en que sea una subvención en concurrencia no competitiva; es decir, que pueden optar todos los ayuntamientos, los 31, sin necesidad de ganar un concurso para llevarse la subvención sin que tengan que competir entre ellos». Incide e que «lo llevamos al Consejo porque es ahora cuando estamos materializando la acción». Recuerdan que «se inició el expediente en el anterior mandato pero no se había hecho nada más». Concluyen: «Es ahora cuando hemos aprobado las bases de la subvención».

El asbesto, también denominado amianto o uralita, es un material constituido por fibras de un mineral que está en la naturaleza. En el Archipiélago fue muy utilizado en la construcción, sobre todo en la década de los 60 del siglo pasado. Sus principales cualidades son su capacidad de aislamiento térmico, maleabilidad y resistencia. Es un material que si no se fractura o desgasta no es pernicioso para la salud pero sí cuando queda en suspensión en el aire. Quienes más sufren sus graves consecuencias para la salud son los trabajadores que tienen que manipularlo para poderlo extraer. La salud de las personas que trabajan con amianto se debe revisar de forma periódica. Se encarga el Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos al Amianto (Pivistea), creado en 2003. En Canarias existen 878 trabajadores registrados en el seguimiento de salud del Pivistea –últimos datos publicados referidos al año 2018–, más que en Baleares (487 menos), Extremadura (369 menos) o La Rioja (363).