Gil: «Estamos a siete kilómetros de la solución para Tenerife II»

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, sostiene que la pregunta de la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, sobre los problemas de abastecimiento de agua del Centro Penitenciario Tenerife II «está en línea con lo que dijimos en septiembre». El regidor defiende que «el instrumento de planificación que debe acometer la ampliación del depósito y la canalización es el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, cuya revisión amplió hasta 2028 el Consejo de Ministros del 15 de noviembre de 2022».

Gil tiene claro que la respuesta de Instituciones Penitenciarias irá « en línea con lo que ya dijo la ministra Teresa Rivera». El alcalde desveló que la Secretaría General del organismo que gestiona las cárceles españolas le «se comunicó con esta Alcaldía recientemente para darnos la razón en la necesidad de ampliar el depósito y reparar las conducciones interiores de Tenerife II», para que la cárcel disponga de agua en situaciones imprevistas.

Eso sí, Instituciones Penitenciarias se desentiende totalmente de la canalización del agua bajo viales públicos municipales (calle El Cascajal y caminos Porcuna, El Convento y de Candelaria) e insulares (carretera general TF-24, TF-258 –caminos Escaño y La Mina– y carretera La Esperanza–Llano del Moro TF-272), que suman siete kilómetros hasta llegar a Tenerife II, según refleja un comunicado emitido ayer. «Hemos conseguido la ampliación del depósito de la cárcel, pero estamos a siete kilómetros de tubería de una solución que satisfaga a todas las partes», señala el alcalde.

Estas conducciones requieren una inversión pública superior a dos millones de euros, cantidad que supera la capacidad inversora del Ayuntamiento de El Rosario. «Esos siete kilómetros son necesarios para ampliar el caudal a la prisión y resolver también el abastecimiento a los vecinos de Llano El Moro de manera definitiva, haciendo justicia a un municipio que sufre la depredación de sus servicios básicos por un centro penitenciario que ni siquiera paga el IBI», resalta Gil.

El alcalde rosariero explica que para que Instituciones Penitenciarias asuma el gasto de esos siete kilómetros de tubería se precisa un cambio de titularidad del derecho de ocupación temporal de las vías municipales e insulares afectadas por el trazado de la red de agua, algo que asegura es común y que «se ha hecho sin grandes problemas» en otras cárceles.

La solución que propone es un convenio de cofinanciación entre Ayuntamiento, Consejo Insular de Aguas, Gobierno de Canarias y Administración Penitenciaria que incluya esa tubería «en el mismo paquete que la ampliación del depósito y las reparaciones de mantenimiento hidráulico del interior de la prisión, declarando estas actuaciones de interés público». En julio, la dirección de Tenerife II informó de que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado prevé invertir 15 millones de euros en la prisión, por lo que «solo hay que incluir estas obras hidráulicas» y que «el Gobierno central amplíe la partida, si es necesario». Con carácter previo, el Consejo de Ministros debe ordenar la ejecución de las obras y añadir en el Plan Estratégico del Sepse (en revisión) la redacción de proyectos y la ejecución de las obras.

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