Una agenda viva pero frágil

Pedro Sánchez debió retirar el proyecto de ley del Suelo porque no solo los independentistas catalanes y Podemos lo rechazaron, sino también porque Sumar –el pool de fuerzas políticas que lidera o algo así Yolanda Díaz– se le puso en contra. En fin, parece que el Gobierno ha dejado de ser un órgano colegiado y ahora el socio mayoritario manda a las Cortes proyectos legislativos sin que lo sepa el socio minoritario. Misterio. En todo caso Sánchez decidió retirar el proyecto a toda velocidad para impedir una nueva derrota parlamentaria. Es sumamente dudoso que lo intenten otra vez, con este u otro proyecto normativo, al menos hasta finales de junio.

Coalición Canaria está razonablemente satisfecha porque el Ejecutivo de Sánchez no ha dejado morir la agenda canaria, y no la ha dejado morir porque le conviene extraordinariamente, en el contexto agónico que se acaba de describir, cerrar compromisos y apoyos en el Congreso de los Diputados para lo que se viene encima entre finales de verano y principios de otoño. Cristina Valido hace cuentas y por el momento le salen los números. Hace unos días los coalicioneros ganaron una batalla: los treinta millones de euros que soltará Madrid muy brevemente para la financiación de los nuevos generadores eléctricos que alejarán al archipiélago del hoy alto riesgo de un cero energético en casi todas las islas. A esto se suma la gratuidad del desplazamiento en guagua y tranvía, el apoyo a la industria audiovisual, mayores subvenciones al sector primario o el mantenimiento a las ayudas excepcionales a La Palma a causa de la crisis volcánica. Valido consiguió que la vicepresidenta y ministra de Hacienda le asegurase en la Cámara Baja que el Gobierno central meterá perras para invertir en obras hidráulicas y en un fondo de atención a la pobreza. No encuentro, sin embargo, que María Jesús Montero precisara ninguna cifra en concreto. Y por otro lado hace ya quince días que Coalición Canaria –y eso quiere decir el Gobierno autónomo– está esperando el documento en el que Montero aseguró que detallaría sobre un cronograma el desarrollo de los compromisos asumidos por Canarias: inversiones y transferencias.

En unos presupuestos en vigor se pueden modificar partidas y cada cambio en la cantidad o la finalidad de los gastos presupuestados se tramita mediante una modificación de crédito. Pero no depende universalmente de la voluntad del Gobierno. Solo a través de decretos leyes podrá modificar o ampliar partidas ya existentes que posteriormente deberán ser aprobados por el Congreso de los Diputados, siempre y cuando el Ejecutivo alegue razones de «extrema urgencia o necesidad». Y ese es precisamente el problema. Sánchez carece hoy de garantías parlamentarias para confiar en la aprobación de sus decretos leyes. Solo podrá avanzarse en la agenda canaria –incluyendo las nuevas promesas de Montero– si el líder socialista es capaz de recomponer su ajustadísima mayoría parlamentaria, para lo cual debe contar tanto con ERC como con Junts de Cataluña, sin olvidar, obviamente, al PNV, Bildu, el BNG y la propia Coalición Canaria.

Dicho de otra manera, la agenda canaria que se negoció para que Coalición accediera a votar positivamente la investidura presidencial de Sánchez se verá frenada en seco mientras el PSOE no recomponga esa mayoría, lo que está subordinado a la deriva de la situación política en Cataluña, que a su vez no se moverá un ápice hasta que sean conocidos y evaluados los resultados de la elecciones europeas del próximo día 9. Aun en el caso de que gane las elecciones el PP, si su distancia con el PSOE no es considerable, sobre todo si es mínima, Sánchez convocará muy probablemente elecciones generales en otoño, y en ese caso, los presupuestos podrían ser prorrogados de nuevo perfectamente. El adelanto electoral y el estiramiento presupuestario serían muy mala noticia para todo, pero pésima para Canarias.

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