Canarias pide al Estado que la regulación de los alquileres turísticos reconozca sus singularidades

El Gobierno de Canarias reclamó este viernes en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda entre el Estado y las comunidades autónomas que la futura implementación de la normativa comunitaria sobre alquileres de corta duración y pisos turísticos reconozca sus singularidades como territorio insular y pueda establecer sus propios criterios de modulación de esta norma. Con ello, quiere lograr su objetivo de poner en el mercado de la vivienda de uso residencial los 211.000 pisos vacíos registrados en el Archipiélago o destinados a pisos turísticos.

Esta fue una de las peticiones que realizaron el director general general de Formación, Ordenación y Promoción Turística del Gobierno regional, Miguel Ángel Rodríguez, y el director del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, durante su participación en la reunión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con los representantes autonómicos para abordar por primera vez en esta conferencia de manera monográfica el problema del alquiler vacacional y su efectos sobre el precio de la vivienda en todo el Estado pero de forma muy especial en las zonas más turísticas.

Rodríguez aseguró al término de la reunión que “todas las comunidades autónomas y el Ministerio han sido sensibles a la singularidad de los dos archipiélagos como territorios insulares y tensionados, tenemos una problemática específica y si hubiese que atender a alguna singularidad en el régimen general de toda esta regulación, todas las partes se han mostrado sensibles a reconocerla y arbitrar medidas acorde con nuestra situación”.

Arrendamientos de temporada

El representante de la consejería de Turismo de Canarias aseguró además que de abordar los llamados pisos turísticos es necesario regular los arrendamientos de temporada y los de habitaciones no turísticas. “Por mucho que nos esforcemos en regular el uso turístico de vivienda si no somos capaces de avanzar en los arrendamientos, no valdrá para nada el esfuerzo”, aseguró.

Los representantes canarios han pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que ejerza sus propias competencias y busque soluciones efectivas a la crisis habitacional que sufren numerosos destinos de España. En esa línea han coincidido la mayoría de las comunidades autónomas presentes en la reunión. Ya Canarias, junto a otras regiones como Madrid o Andalucía, se ha puesto manos a la obra para regular el uso turístico de viviendas en sus territorios, al tratarse de una competencia exclusivamente autonómica. Para el Ejecutivo regional, el Estado debe ahora remar en la misma dirección y hacer uso de las suyas propias con el fin de favorecer a los residentes.

Calendario para el reglamento europeo

El director general indicó, por otro lado, que se ha “fijado el calendario para implementar el reglamento europeo respecto a los alquileres de corta duración” que, entre otros aspectos, introduce requisitos comunes para todos los propietarios de viviendas vacacionales de la Unión Europea y la necesidad de establecer un número de registro único para cada piso turístico que quiera anunciarse en plataformas de alquiler vacacional, evitando con ello la oferta irregular.

En este sentido, Miguel Ángel Rodríguez señaló que “no se va a agotar el plazo máximo legal de dos años para aplicar el reglamento, sino que se va a intentar realizar en año y medio”. Desde Canarias, agregó, se ha insistido en la importancia de hacer un esfuerzo, incluso, para que entre en vigor en el plazo de doce meses. “Se trata de un primer paso por parte del Gobierno de España y confiamos que la cogobernanza sea la senda para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, que conviva con la actividad turística, pulmón de nuestra economía, concluyó Rodríguez.

Viviendas vacías

Por su parte, director del Icavi, Antonio Ortega, destacó que “en la parte de vivienda hemos manifestado que hay que legislar y regular, que no se puede permitir tener vivienda vacía por el miedo y la inseguridad jurídica que en estos momentos existe por parte de los propietarios”.

Resaltó en este sentido que “el Ministerio tiene que regular y dar esas garantías jurídicas para que las viviendas que son ocupadas sean desocupadas de forma inmediata”, y que “eso sacaría del mercado esas 211. 000 viviendas que hay ahora en Canarias y que por miedo en muchas ocasiones siguen vacías o se destinan a uso turístico”.

El representante de la consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad dijo que “la reunión ha sido positiva porque la vivienda vacacional está afectando a la vivienda con uso residencial, tanto a la pública como a la privada” y consideró que “los avances se verán a medida que se vayan produciendo debates y acuerdos con el Ministerio”.

Resaltó que la tanto Canarias como la mayoría de comunidades cuestionaron la vigente ley de Vivienda por la invasión de competencia autonómicas de alguno de sus artículos con efectos sobre el problema de la regulación de los pisos turísticos y porque “en muchas ocasiones se protege a los okupas”. “Hay que hacer una modificación legislativa que regule el derecho de acceso a la vivienda, que regule las zonas tensionadas que se solicitan en muchos municipios en Canarias y establecer fórmulas de seguridad jurídica que permitan sacar al mercado esas 211.000 viviendas vacías para evitar la crisis habitacional”, resaltó Ortega.

Perseguir el fraude

En el mismo sentido, Rodríguez señaló que “esperamos que la ciudadanía tendrá que ver avances en la mejora de la ley de arrendamientos urbanos en el caso de los arrendamientos de temporada y alquiler de habitaciones no turísticas, y en la mejora de la información sobre el régimen de propiedad horizontal, porque esta regulación ha mejorado pero no llega a la ciudadanía”.

Tanto Ortega como Rodríguez valoraron muy positivamente la propuesta de la ministra de crear una plataforma en colaboración con las comunidades para recopilar datos sobre los pisos turísticos tal y como exige un nuevo reglamento aprobado recientemente en la Unión Europea. El objetivo es que estos datos permitan a los ayuntamientos perseguir el fraude.

La plataforma que el Gobierno pretende impulsar con la ayuda de las comunidades y municipios busca “homologar” y dar “uniformidad” a los datos sobre pisos y habitaciones ofertadas en portales online para alquiler turístico o temporal de menos de un año. La ministra se ha fijado como plazo para poner en marcha esta iniciativa finales de 2025, acelerando así el plazo de dos años previsto en el reglamento europeo, pero Canarias ha apostado por reducir incluso ese plazo y tener lista esa herramienta en un año.

“Se ha fijado calendario para implementar ya el reglamento comunitario respecto a alquileres de larga duración, no se va a agotar el plazo máximo para ello de dos años, sino en año y medio y Canarias ha puesto de manifiesto que hay que hacer un esfuerzo para que se acorte a doce meses, algo sobre lo que el Ministerio y las comunidades autónomas han sido receptivos y se ha quedado en intentarlo”, afirmó Rodríguez. Ortega considera también que “hemos dicho que es importante que se adelanten los plazos, para lo que se necesita la colaboración de las plataformas 'on line' de alquiler vacacional”.

Datos del INE

Según los últimos datos del INE, en el último año el número de pisos turísticos ha crecido un 9,2% con respecto a febrero de 2023 hasta contabilizar un total de 351.389 apartamentos de este tipo. Estos pisos representan el 1,33% del total de viviendas existentes en España. Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña concentran la mitad de estos inmuebles. Canarias es la cuarta en número de este tipo de pisos.

La titular de Vivienda ha reconocido que la proliferación de pisos turísticos supone un problema al reducir la oferta de vivienda para uso residencial y, en consecuencia, provocar que los precios crezcan. Por ello, se ha comprometido a estudiar junto a las comunidades y ayuntamientos fórmulas para “primar” el uso residencial de la vivienda sobre cualquier otro, allí donde este se ve “amenazado”. “Frente a cualquier otro uso, hemos de primar siempre el uso residencial de la vivienda, que sirva como hogar”, ha expresado Isabel Rodríguez.

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