Los arquitectos tinerfeños piden un pacto para resolver el problema de la vivienda en Canarias

Alquileres por las nubes, dificultades para acceder a una hipoteca y viviendas vacías por doquier. Ese es el retrato del problema habitacional que sufre Canarias y que desde el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro urgen solucionar a través de un gran pacto social por la vivienda. Los profesionales piden a las fuerzas políticas, los agentes sociales y otros sectores involucrados que elaboren un plan con recursos financieros y humanos suficientes para poner fin a la falta de vivienda en el Archipiélago –que, según la promotora Culmia, se cifra en un déficit de 46.000 pisos en alquiler social–. Un entuerto que compromete el acceso a un derecho básico reconocido por la Constitución Española en su artículo 47. 

Las medidas demandadas por los arquitectos deben tener una vigencia a largo plazo e ir «más allá de una legislatura parlamentaria», ya que solo de esa forma se podrá actuar «con eficacia» ante la demanda de techo insatisfecha que existe en algunas zonas de las Islas. Los profesionales consideran además que esa ausencia de oferta residencial en Canarias «no cesa de crecer» y que «se ha agravado con la entrada en vigor de la nueva ley estatal». Para que sirva como reflejo de los efectos de la norma, un dato: la oferta de alquiler se ha hundido en Canarias un 40% tras su entrada en vigor, el pasado 26 de mayo, según refleja el último estudio elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.

Ante la magnitud del problema, los profesionales demandan hacer un «seguimiento continuo» de la situación habitacional que existe en cada isla, con el fin de contar con información fiable y de calidad con la que luego tomar decisiones. Entre esas medidas a tomar, por ejemplo, los arquitectos ponen el foco en las de índole urbanística: «Las administraciones locales deben facilitar y simplificar la producción de suelo en condiciones de ser utilizado para la construcción masiva de viviendas», solicitan.

A la escasez de casas para arrendar hay que sumar lo difícil que se ha puesto el acceso a las hipotecas con la progresiva subida de los tipos de interés –que el Banco Central Europeo elevó al 4,5% en septiembre para hacer frente a la inflación–. Además, los ciudadanos que cuentan con hipoteca en las Islas viven ahogados, pues Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se encuentran entre las diez ciudades españolas en las que los ciudadanos tienen que destinar más dinero al pago de la hipoteca, el 34% y el 25% de sus salarios respectivamente, según datos del último informe trimestral elaborado por el Grupo Tinsa.

A la petición de un pacto por la vivienda se sumó también la Diputación del Común, que encabeza Rafael Yanes, cuyo Informe Extraordinario sobre la Situación de la Vivienda en Canarias desde una perspectiva Social sacó a la luz en septiembre las deficiencias en las políticas de la comunidad en esta materia. Yanes considera que hay «importantes lagunas» en el vigente Plan de Viviendas de Canarias 2020-2025 que han derivado en una ejecución de apenas el 5% del mismo.

El mismo informe de la Diputación evidenció también el fracaso del plan de viviendas vacías de Canarias, que en más de un año de funcionamiento solo logró que una casa fuera puesta en alquiler social. Y eso, que la Administración pública estableció compensaciones a los propietarios que optaran por inscribir sus casas en la bolsa, como ayudas económicas o seguros multirriesgo.

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