Socios del Casino recopilan firmas para apartar a Miguel Cabrera y a su directiva

Los contrarios a su continuidad en el cargo presentan más de un centenar de apoyos para exigir una Asamblea General Extraordinaria y nuevas elecciones

Fachada del Real Casino de Tenerife

Fachada del Real Casino de Tenerife / E.D.

Socios del Real Casino de Tenerife realizaron una recogida de firmas para solicitar la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria, con el objetivo de separar de sus responsabilidades al presidente, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, y a su Junta Directiva, así como para propiciar la convocatoria de unas elecciones para la elegir a un nuevo equipo directivo.

Para que tuviera éxito la mencionada propuesta hacía falta que, al menos, medio centenar de socios propietarios firmaran el escrito ya citado. Y este lunes, 11 de diciembre, se presentaron ciento cuatro apoyos a la medida.

Éste es un nuevo episodio en los movimientos que se están produciendo en las últimas semanas en la mencionada institución de la capital tinerfeña, a raíz de que su presidente esté investigado por un delito de agresión sexual, tras la denuncia interpuesta por unos supuestos tocamientos a un exalumno suyo.

Tras tener conocimiento de una acción por parte de destacados socios del Casino para sustituirlo, Cabrera Pérez-Camacho decidió apartarse voluntariamente de sus responsabilidades en la Presidencia de forma temporal hasta que finalice el procedimiento judicial, pero sin llegar a dimitir. Y delegó sus funciones en la Junta Directiva, según una carta remitida a los socios el pasado 1 de diciembre.

A partir de ese momento, la Junta Directiva decidió nombrar la pasada semana como nueva presidenta en funciones de la entidad a la hasta entonces vicepresidenta primera, Cristina Martín Rodríguez.

Sin embargo, ese proceso no parece satisfacer a algunos de los 1.300 socios que constituyen el Real Casino de Tenerife, que, desde su punto de vista, buscan una resolución a esta situación más ajustada a los estatutos de la organización.

«En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.2 de los Estatutos, se solicita a la Junta Directiva la convocatoria urgente de Asamblea General Extraordinaria, ante el daño que está sufriendo la imagen del Real Casino de Tenerife por la situación personal del presidente y su repercusión mediática, sin que ello signifique poner en duda la presunción de inocencia del mismo», dice el segundo párrafo del documento en el que se invitaba a socios a firmar la petición mencionada.

En el primer punto del orden del día de la mencionada asamblea general se solicita «separar de su cargo al presidente y su Junta Directiva, en base a la competencia que tiene para ello la asamblea general y no fijar procedimiento específico, para este caso, los estatutos del Real Casino de Tenerife, conforme establecen los artículos 20.1.b) y 26.3 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero de asociaciones de Canarias».

Y en el segundo se plantea «convocar elecciones a la Junta Directiva en la forma establecida en el artículo 56 en relación con el 33.2 de los estatutos sociales; la jornada electoral tendrá lugar a los quince días naturales del presente, quedando convocada para ese día la asamblea general extraordinaria (...)».

Los promotores de esta iniciativa sugieren que en dicho acto pueda haber voto secreto, para lo que resulta necesario que la mitad más uno de los socios propietarios presentes se manifiesten a favor. Aunque la legislación contempla que la celebración de la asamblea pueda tener lugar en los siguientes 30 días, los impulsores de la medida reclaman que se realice con carácter urgente, dada su trascendencia para la entidad.

Una de las fuentes consultadas por EL DÍA asegura que el presidente, Miguel Cabrera, hizo un movimiento de apartarse temporalmente de su cargo hasta que finalice el procedimiento judicial que le afecta «que no contemplan los estatutos».

Aclara dicha persona que Pérez-Camacho «puede delegar determinadas actuaciones en la Junta Directiva, pero no todo». Y, además, apunta que el o la vicepresidenta primera lo puede sustituir, por ejemplo, en caso de que el presidente se halle de viaje o por enfermedad, pero no de forma permanente en todas sus funciones.

Otra de las cuestiones formales que plantean los promotores de las elecciones se refiere a que los cargos de tesorero, contador o vicepresidentes, si son designados a posteriori de la elección de la Junta Directiva, deben ser ratificados por la Asamblea General del Casino. Y apuntan que la vicepresidenta primera, Cristina Martín Rodríguez, ahora presidenta en funciones, fue designada por Miguel Cabrera hace pocos meses y todavía no ha sido ratificada por la Asamblea General de los socios propietarios, que debería tener lugar en enero de 2024.

Sin respaldo estatutario

Para los impulsores del proceso electoral, Martín Rodríguez «hace una labor que los estatutos no contemplan, guardando el sitio a Miguel Cabrera Pérez-Camacho, cuando éste tendría que dimitir».

Según una de las fuentes consultadas, «apartarse de la Presidencia hasta que acabe su procedimiento judicial no está contemplado en los estatutos». Considera que Pérez-Camacho debería haber dejado el Real Casino de Tenerife a un lado desde sus primeras declaraciones públicas tras hacerse pública la denuncia contra él.

Y opina que otro de sus errores fue enviar a los 1.300 socios de la institución la carta de apoyo de sus actuales alumnos del Grupo 1 de cuarto del Grado de Derecho, con sus nombres y apellidos, DNI y firmas, con el logo de la entidad en la parte superior del documento. Estiman que esta acción «es un asunto grave» en base a la Ley de Protección de Datos.

La Universidad

Algunos socios piensan que Miguel Cabrera Pérez-Camacho no hizo nada hasta que el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco Javier García, emitió una resolución por la que lo apartaba de la docencia en la Facultad de Derecho por un tiempo máximo de seis meses, mientras que se desarrollaba contra él un procedimiento disciplinario por los supuestos tocamientos a un alumno de un máster de Abogacía que quería hacer las prácticas en el despacho del abogado ahora investigado. Además, el rector decidió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife. Tras esta medida cautelar, Pérez-Camacho decidió darse de baja como profesor y solicitar su jubilación.

Añaden los promotores de la iniciativa de la recogida de firmas que «es muy triste tener a un presidente en el candelero con ese problema; da pena su situación personal, pero como socios debemos velar por la imagen y el prestigio de la sociedad».