Miguel Cabrera Pérez-Camacho deja la Presidencia del Real Casino de Tenerife

El abogado Miguel Cabrera Pérez-Camacho decidió ayer cesar temporalmente en sus funciones como presidente del Real Casino de Tenerife. Así lo planteó en un comunicado a los socios de la institución, después de las informaciones publicadas sobre la denuncia que presentó un exalumno por supuestos tocamientos; de que el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco Javier García, iniciara un procedimiento disciplinario contra él y lo apartara cautelarmente como profesor de la Facultad de Derecho, y de que un grupo de destacados socios del Casino comenzara el proceso para sustituirlo al frente de la entidad social.

«A la vista de los últimos acontecimientos, con el total apoyo de la Junta Directiva y por lealtad a la institución, que debe quedar siempre al margen de cualquier situación personal de sus socios, he tomado la decisión de cesar temporalmente en mis funciones como presidente del Real Casino de Tenerife (RCT), delegando las mismas en la Junta Directiva, (...) en tanto se resuelvan las diligencias en curso», expuso Cabrera Pérez-Camacho en el texto.

El letrado insistió ayer que esta decisión no supone una dimisión de su cargo, sino apartarse del mismo hasta que concluya el proceso judicial. «He tomado esta decisión desde el absoluto convencimiento de mi total inocencia, pero siendo consciente de que el Real Casino de Tenerife no puede verse perjudicado por las acusaciones contra mi persona y la repercusión mediática generada al respecto», señala.

Un grupo de socios destacados de dicha institución tuvieron el jueves una reunión y mostraron su indignación por que, al divulgarse la denuncia y el procedimiento, se manchaba el nombre del Real Casino de Tenerife.

En el encuentro plantearon algunos nombres de personas que podrían sustituir en la Presidencia del Casino a Pérez-Camacho. Y, con ese movimiento, iniciaron el proceso para que el abogado investigado dimitiera o se apartara del cargo de forma provisional, antes de tener que destituirlo, señaló una de las fuentes. Los participantes dijeron que respetan la presunción de inocencia de Cabrera en el supuesto delito, pero creen que, mientras dura el procedimiento, la imagen del Casino puede quedar muy perjudicada.

La denuncia por agresión sexual se presentó ante la Guardia Civil de Tacoronte el 17 de octubre. EL DÍA publicó la información sobre la apertura de diligencias previas en un juzgado lagunero el 9 de noviembre. Y, al día siguiente, la Junta Directiva del Real Casino de Tenerife acordó por unanimidad «su total apoyo al presidente ante los actos de difamación» que suponía la citada noticia.

Miguel Cabrera confirmó ayer que también presentó ya su baja como profesor titular de la Universidad de La Laguna y solicitará su jubilación. Esta decisión la adoptó a raíz de que el rector emitiera una resolución el pasado jueves, donde consideraba que presuntamente los comportamientos de Pérez-Camacho con el denunciante del caso, y supuestamente con otros alumnos de la ULL en el pasado, en base a testimonios de diversos estudiantes y docentes, podían ser constitutivos de infracciones graves o muy graves.

Pero hubo otro episodio esta semana que generó malestar tanto en la Universidad de La Laguna como en el Casino de Tenerife. Más de una veintena de alumnos del Grupo 1 de cuarto del Grado de Derecho de la ULL firmaron un escrito en el que se avalaba que Miguel Cabrera era un profesor con una actitud correcta en su actividad docente. El documento, donde figuraban el nombre, el DNI y la firma de cada estudiante, iba a ser presentado ante el juez que le tomó declaración el pasado miércoles como una prueba de su ejemplar comportamiento con su alumnado actual. Y los jóvenes le dieron autorización para hacerlo.

Pero ese día el mismo texto, con los nombres, los DNI y la rúbrica de cada joven, fue enviado, con el membrete del Real Casino de Tenerife en la parte superior, a todos los socios, en un supuesto intento de demostrar el respaldo que tiene de su alumnado. Sin embargo, algunos de esos jóvenes presentaron una queja ante la decana de la Facultad de Derecho y el Servicio de Inspección de la ULL por supuesto uso indebido de sus datos personales. Y dicha acción también generó rechazo entre parte de los socios del RCT.