La ULL suspende de forma cautelar la labor docente de Cabrera Pérez-Camacho

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco Javier García, resolvió en la jornada de ayer suspender de manera cautelar, durante un tiempo máximo de seis meses, en sus funciones como profesor de la Facultad de Derecho al abogado Miguel Cabrera Pérez-Camacho y ordenó la apertura de un procedimiento disciplinario contra el mismo.

La medida se adopta después de que un alumno de dicha institución académica, que cursa un máster de Abogacía, interpusiera una denuncia ante la Guardia Civil por agresión sexual contra el mencionado docente por unos supuestos tocamientos ocurridos en la vivienda que el letrado y también presidente del Real Casino de Tenerife posee en el municipio de Tacoronte.

Los hechos presuntamente ocurrieron cuando el joven acudió a dicha casa para tratar de firmar el convenio para realizar las prácticas en el despacho de Cabrera; un acuerdo que, al final, no se llegó a ratificar.

Si la denuncia ante el Instituto Armado se presentó la misma jornada de los supuestos tocamientos, el 17 de octubre, el estudiante comunicó tal circunstancia al Servicio de Inspección de la ULL tres días más tarde.

En la resolución firmada por el rector se tiene en cuenta que, aunque los hechos y situaciones narrados por el joven supuestamente tuvieron lugar fuera de las dependencias de la Universidad, estos se producen en el marco de la relación alumno-profesor y con ocasión, presuntamente, de resolver cuestiones relativas a las prácticas del mencionado máster.

En el documento del Rectorado se plantea que en la denuncia se describen determinadas situaciones y comportamientos presuntamente constitutivos de infracción disciplinaria.

Francisco Javier García ordenó al Servicio de Inspección de la ULL la realización de diligencias reservadas previas a la incoación, en su caso, de un posible expediente disciplinario, y ese trámite prosigue.

Pero la resolución no sólo se fundamenta en la citada denuncia. En las horas previas a la firma de dicho documento, el rector recibió un informe de la decana de la Facultad de Derecho y un escrito presentado ante el Servicio de Inspección, en los que se hace referencia a que algunos alumnos de Miguel Cabrera Pérez-Camacho se quejaban de la utilización por éste de determinados datos personales suyos para una finalidad distinta a la que le habían autorizado. Dichos jóvenes percibieron que habían quedado expuestos, con el consiguiente perjuicio para su privacidad y sometidos al escrutinio público.

¿Qué ocurrió? Presuntamente, alumnos del Grupo 1 de cuarto Grado de Derecho dieron su respaldo a un texto que avala el buen comportamiento como profesor de Pérez-Camacho. Y, después de varios párrafos, cada uno de ellos puso su nombre, DNI y firma. Supuestamente, dicho documento fue presentado por el abogado investigado ante el juez que le tomó declaración en la mañana del pasado miércoles como elemento de apoyo a su estrategia de defensa de que no actúa de manera irregular con los estudiantes a los que imparte clase.

Según varias fuentes, presuntamente ese mismo documento fue remitido, con los datos personales ya citados y con el membrete del Real Casino de Tenerife en la parte superior, a socios de la mencionada entidad social santacrucera, presidida por el propio Miguel Cabrera Pérez-Camacho, en un supuesto intento de demostrar el respaldo que tiene de sus actuales alumnos.

Francisco Javier García también considera en su resolución una tercera circunstancia. En los últimos días se le trasladó al rector, a través de manifestaciones y testimonios de profesores y estudiantes, indicios de que otros alumnos podrían haber sido víctimas de similares conductas que la que se expuso en la primera denuncia por parte del mismo docente, según se afirma en el documento de la ULL. Para el máximo responsable de la Universidad lagunera, de esa manera se refleja un panorama indiciario de comportamientos absolutamente inapropiados en la actividad de Miguel Cabrera.

A juicio del rector, el conjunto de evidencias e indicios podrían presuntamente acreditar una conducta inapropiada de dicho profesor de Derecho, si es verdad que se confirma que, prevaliéndose de su condición de profesor ha pretendido obtener o ha obtenido determinados beneficios y ha condicionado algunos comportamientos de sus alumnos, que pudieran constituir también un atentado grave contra la libertad y dignidad de los mismos, o, como mínimo, faltas graves en la consideración y respeto que son debidos en la relación profesor-alumnado. Además, añade que, si se confirman tales acciones, se ha podido comprometer también la imagen de la institución académica.

En el documento del Rectorado se explica que los hechos expuestos pudieran ser constitutivos de faltas administrativas graves o muy graves contempladas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Trlebep) y en otras normativas.

Y también se ordena el traslado a la Fiscalía de los hechos y documentos obrantes en el expediente, con el objetivo de que se proceda conforme a la legislación.