Visocan se compromete a estudiar cada caso de las 358 familias de Añaza

El consejero de Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, se mostró partidario de dar una segunda oportunidad a las 358 familias de Añaza amenazadas por el desahucio de las casas.

Pablo Rodríguez garantizó que «vamos a dar posibilidades, con mayor sensibilidad, para hacer lo que otros prometieron y no hicieron». Respondió el consejero de Vivienda a la diputada y jefa de la oposición socialista en Santa Cruz, Patricia Hernández, quien lo interpeló en el Parlamento sobre el motivo por el que Viviendas ha remitido viviendas a las 358 familias de Añaza «para que se vayan y entreguen las llaves a pesar de tener sus contratos en vigor y ser vulnerables». En la respuesta, el consejero pareció deslizar entre dientes que «esta semana se había regularizado la situación», en referencia a los impagos de los alquileres.

La exalcaldesa exige al Gobierno que «deje de comportarse como los fondos buitres», para asegurar que les reclaman el alquiler a las familias cuando el convenio suscrito hace cuatro años asignaba ese compromiso al Ayuntamiento. «En la carta de Visocan queda reflejado que la Corporación no ha abonado diez de las doce mensualidades al año. Miren para otro lado para que paguen sus deudas», pidió Hernández. 

El alcalde Bermúdez, presente como diputado, pidió la palabra por alusiones a la presidenta del Parlamento, y consiguió un minuto para atribuirse el mérito de la compra de las viviendas en 2019 y refrendar el compromiso del consejero: se estudiará caso por caso. Y acabó con un reproche a Hernández, al recordarle que el Gobierno socialista fue incapaz de resolver la situación. Le correspondió a la autora de la pregunta cerrar el turno de palabra. Y remachó a Bermúdez: «el ayuntamiento le debe diez de las doce mensualidades a Visocan», para culparlo de generar intranquilidad a entre los vecinos y lamentar que se niegue el informe social sobre vulnerabilidad a las familias que lo solicitan.