Las 358 familias de las viviendas de Añaza rechazan su segundo desahucio en 4 años

Las familias de las 358 viviendas que se reparten en las parcelas I-7 e I-8 de Añaza están en pie de guerra, como hace cuatro años cuando se vieron amenazadas por el primer desahucio que paralizó el Gobierno de Canarias, con la compra de la propiedad al Banco Santander, a través de la empresa pública Visocan. Eso fue en 2019, cuando incluso el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife decidió retirar sus fondos de la referida entidad bancaria como medida de presión para evitar el lanzamiento, como finalmente se consiguió. Cuatro años después, la historia se repite, según las familias.

Desde hace un mes comenzaron a llegar cartas a vecinos en las que se les advierte de que el contrato de alquiler finaliza el 4 de febrero del próximo año. «Le ruego, por lo tanto, que antes de la expiración de dicho término tenga a bien dejar libre la vivienda, haciendo entrega de las llaves», reza en los primeros escritos recibidos.

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Los afectados se sienten engañados. Recuerdan que se les obligó a renunciar a la lista de demanda de una vivienda pública para ser titulares de los pisos. Cuatro años después, la historia se repite, explica Cristina Febles, representante de parte de las afectadas. «Han pasado cuatro años y vuelven las amenazas de desahucios. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias hasta que esto se pare. Nadie se niega a pagar. Otra cosa es que pedimos que se revise y se ajuste conforme a los ingresos de cada uno».

La amenaza para estas 358 familias de Añaza es la misma, el desahucio, solo que hay tres situaciones. La mayoría tiene contrato de alquiler, firmado por primera vez en 2014 y renovado en 2019, ya con Visocan. Estos están afectados porque la empresa pública entiende que han transcurridos diez años en total y les advierte de que no les renovará, explica Yurena Rodríguez, portavoz del colectivo de familias que suscribieron el primer acuerdo que luego se renovó hace cuatro años y que ven cómo ahora, con todos los papeles en regla, Visocan les exige que abandonen sus viviendas.

Otro caso es el de aquellos a los que en 2019 se emplazó a renovar el contrato con la empresa pública y se negaron, porque no estaban de acuerdo con las condiciones. Y en tercer lugar, hay una parte de residentes en calidad de okupas. A todos les afecta el lanzamiento, aunque por diferentes motivos. A los okupas ya les ha comenzado a llegar la carta de lanzamiento. El día 11, una madre con dos niños tiene el juicio que la podría dejar en la calle.

"Nadie se niega a pagar. Otra cosa es que pedimos que se revise y se ajuste conforme a los ingresos de cada uno"

En el particular de los vecinos que sí tienen contrato, se da la circunstancia de que a algunos se le ha reclamado el pago del alquiler, cuando resulta que ese compromiso estaría cubierto por el ayuntamiento en virtud el convenio suscrito en 2019, cuando los servicios sociales garantizaron cobertura económica para familias vulnerables. En la carta aportada por algunos se hace constar que Visocan no ha percibido las mensualidades que le correspondía abonar al Ayuntamiento de Santa Cruz. Explican los residentes con contrato que, en muchos casos, no han podido satisfacer su cuota, que los servicios sociales de la capital garantizaban diez de las doce mensualidades del año y que, en algunos casos, se les reclama el abono desde 2020, por lo que dicen que el Ayuntamiento no ha abonado la parte que le corresponde.

La concejala del Instituto Municipal de Atención Social, Charín González, asegura que desde el IMAS abona más de 250.000 euros en concepto de ayudas para el pago del alquiler para familias de las 358 viviendas de Añaza que las han solicitado y tienen derecho a ellas. Concluye afirmando que «nuestro compromiso con los vecinos de Santa Cruz más vulnerables es incuestionable y lo que exigimos al Gobierno de Canarias es que cumpla con sus competencias y busque una solución habitacional para estas familias».

Los residentes aseguran que «no nos negamos a cumplir con nuestras obligaciones económicas, pero siempre conforme a los ingresos de cada unidad familiar», por lo que exigen que se garantice la continuidad en la vivienda y la revisión del alquiler. Las 358 familias –ya sean con contrato en vigor hasta el 4 de febrero, los que no lo suscribieron en 2019 o los okupas– hacen un frente común, rechazan los desahucios y exigen una solución a las autoridades.

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Con este motivo, iniciaron sus movilizaciones y se concentraron en el pleno municipal celebrado el 27 de octubre y han mantenido contactos con la portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Hernández.

También el equipo de gobierno, representado por la concejala del Instituto Municipal de Atención Social, Charín González, y el edil del Suroeste, Javier Rivero, se han puesto a disposición de los vecinos para buscar una solución al conflicto y garantizar los recursos alojativos. González admite la alarma social que ha creado esta situación y recuerda que es el Gobierno de Canarias y Visocan quien tiene las competencias en este asunto y a quien compete aportar una solución a las familias. «Desde el Ayuntamiento hemos exigido que se mantenga abierto el diálogo» para resolver la situación que afecta a casi un centenar de familias, dado que se trata de «muchas personas vulnerables y en riesgo de exclusión».

El PSOE enfatiza la necesidad de que cada afectado tenga acceso al informe sobre la situación de vulnerabilidad de cada unidad familiar.

El concejal del distrito Sureste, Javier Rivero, aseguró que «velamos por el bienestar de estas familias» y reiteró que «los vecinos no deben tener duda alguna de que seguiremos de su parte en la búsqueda de las soluciones alojativas precisas». Las familias, que hacen un frente común –con independencia de cada situación–, se niegan a dejar sus viviendas.