El alcalde de Santa Cruz lanza un mensaje de tranquilidad a las 358 familias de Añaza amenazadas por desahucios

«Nadie se va a ir a la calle si hay voluntad de regularizar su situación». El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, lanza este mensaje de tranquilidad a las 358 familias de Añaza afectadas por el desahucio que la empresa pública Visocan, dependiente del Gobierno de Canarias, tramita de cara al 4 de febrero del próximo año, si bien hay cuatro situaciones diferentes que varía la reclamaciones por vía judicial: aquellos que hace cuatro años firmaron su contrato y están al corriente de pago, otros que suscribieron el documento y tienen deudas, unos terceros que se negaron a rubricar el acuerdo porque rechazaban arrastrar deudas del pasado y, por último, otros que viven como okupas.

Bermúdez hizo esta valoración al término de la pregunta que respondió el consejero de Viviendas del Gobierno Canario, Pablo Rodríguez, a instancias de Patricia Hernández, quien le interpeló sobre el motivo por el que se le están enviando cartas a las 358 familias para exigirle la entrega de las llaves de sus casas. El responsable autonómico quiso trasladar tranquilidad a los vecinos, al asegurar que Visocan y Santa Cruz estudiarán cada uno de los casos.

La afirmación de Pablo Rodríguez garantiza la vivienda a los residentes, a juicio del alcalde de Santa Cruz, que explica que «lo que no cabe es que una familia sí esté en regla conforme a la normativa existente, con sus contratos y alquileres en reglas, y otras, no, porque eso sería tratar injustamente el mismo problema».

"El ayuntamiento está al corriente del pago de alquileres y solo queda el abono del año en curso"

José Manuel Bermúdez

— Diputado y alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Pero el alcalde de Santa Cruz reitera el compromiso que, a su juicio, desde el minuto uno que surgió esta problemática han mantenido con las 358 familias de Añaza: «Patricia Hernández no estuvo en el 2019 cuando Fernando Clavijo, entonces presidente del Gobierno canario, y quien le habla intervinimos para comprarle al fondo buitre que iba a echar a esos residentes a la calle, y en seis meses se adquirieron las casas con dinero público». De ahí que el regidor municipal reitere que «el Ayuntamiento va a estar con las familias y a favor de la regularización, a sabiendas de que hay situaciones muy diferentes y hay que intentar abordarlas todas».

Atención para todos

Ante el proceso de revisión caso a caso de las 358 familias de Añaza afectadas por el posible desahucio que anunció el consejero de Viviendas, el alcalde defiende que «Visocan tiene que ayudar a todos a regularizarse, incluida aquellos que ocupan las viviendas sin ningún tipo de título; también hay que facilitarle la oportunidad de que se regularicen, pero se tienen que regularizar; lo que no puede ser es que se estén ocupando viviendas que se compraron con dinero público sin ningún tipo de papel que habilite a una persona a estar ahí».

Y precisamente ahí es donde el alcalde compromete la colaboración delAyuntamiento: «nuestra misión es que Visocan regularice a todas las familias que quieran». De hecho, esa hoja de ruta ya es una realidad, según el alcalde de Santa Cruz, desde hace tres semanas, cuando tres concejales del equipo de gobierno están volcados en la búsqueda de soluciones, caso del responsable del distrito Suroeste, Javier Rivero; la edil del Instituto Municipal de Atención Social, Charín González, y la responsable del Patronato de Viviendas Municipales de la capital, Belén Mesa.

El ayuntamiento no es moroso

El regidor también quiso aclarar otra de las afirmaciones que realizó en la sede parlamentaria la diputada socialista, Patricia Hernández, cuando aseguró que varias familias vulnerables están afectadas por el proceso de desahucio porque el Ayuntamiento de Santa Cruz ha dejado de pagar el alquiler, según se regula en un convenio que garantiza diez de las doce mensualidades con cargo a las arcas municipales.

«Visocan no va a desahuciar a las familias vulnerables que sean usuarias de los servicios sociales y cumplan los requisitos, entre otras cosas porque Visocan es una empresa pública y no lo vamos a permitir», dijo de forma categórica José Manuel Bermúdez, quien ratificó que el ayuntamiento está al corriente en el abono de los alquileres hasta 2022, si bien están pendientes los de este año conforme establecen los trámites.

De ahí que reitere que «el Ayuntamiento está al día en el abono de los alquileres», para advertir que «el problema está en aquellas personas que no quieren regularizarse y que podían haber firmado un contrato de alquiler hace cuatro años y no lo hicieron. El problema está en la voluntad», reitera Bermúdez, quien garantiza que en los trámites que se llevan a cabo ahora se quiere dar cobertura a todos, siempre que accedan las familias.