El mal menor

La vieja reclamación de Cataluña del «España nos roba» ha resultado ser fake. Las cuentas que presenta la propia Generalitat, establecidas sobre los fondos obtenidos del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), sitúan a Madrid como la última de las comunidades españolas en financiación por habitante. Y a Canarias en el pelotón de cola, en el antepenúltimo lugar.

Pero la realidad de las cifras no supone que los políticos catalanes hayan cambiado el discurso. Porque lo que sí es cierto es que Cataluña es una de las pocas comunidades que es contribuyente neta del SFA, junto a Madrid y Baleares. Y, por lo tanto, lo que está en cuestión es la solidaridad. O sea, lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Los partidos secesionistas no se sienten parte del Estado y, por lo tanto, no entienden que deban contribuir solidariamente a un trasvase de rentas con las regiones menos favorecidas.

Más allá del asunto sentimental, el independentismo catalán tiene que ver más con el bolsillo que con el corazón. Quieren detener el drenaje de fondos que se producen en una comunidad rica que sirve para financiar servicios públicos en otras regiones con menor riqueza. O lo que es lo mismo, es como si los ciudadanos ricos en España se opusieran a pagar más impuestos en la Rentas del Trabajo o del Patrimonio para financiar los servicios públicos, como la Sanidad o la Educación, para otros ciudadanos con menores recursos económicos.

A lo que nos enfrentamos realmente, como algunos venimos insistiendo desde hace ya muchos años, es a la quiebra del principio de solidaridad que hace posible la existencia misma del Estado. Una solidaridad que no se basa en los territorios, sino en los ciudadanos que forman parte de una misma entidad jurídica, que es el Estado español. Algo que está definido en el artículo 31.1 de la Constitución Española: «Todos (los ciudadanos) contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

Acabar con el Estado fiscal es, realmente, liquidar la idea misma de una sociedad común. Y desde el inicio mismo de la Transición esa idea está gangrenada por la existencia de la excepción del País Vasco y Navarra que gestionan la recaudación de impuestos y pagan un «cupo» (aportación en el caso de Navarra) al Estado. El sistema es plenamente constitucional, pero su ejecución práctica ha supuesto una escandalosa ventaja para estas dos comunidades que son, de lejos, las mejor financiadas y las que menos contribuyen a la «caja común». Han sido muchas veces las que se ha denunciado que la segunda y tercera comunidad con mayor renta per cápita registren un saldo fiscal positivo respecto a la Administración central, lo que equivale a decir que ambas comunidades están siendo subvencionadas por territorios que en promedio son más pobres.

La independencia fiscal de Cataluña que hoy plantean algunos como «el mal menor» frente a la secesión no es tal menor mal. No es una tercera vía. Es el mismo perro, con los mismos dientes y distinto collar.

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