Cortesía versallesca

Otro de los rasgos del escándalo alrededor de Koldo García y su amigo, compañero y ministro, José Luis Ábalos, es la suavidad con que los adversarios políticos han reaccionado fuera de Madrid. Allá, en la villa y Corte, hierven los titulares, se lanzan condenas severísimas, se anuncia el fin del sanchismo, se aúlla en las emisoras, se exigen responsabilidades apocalípticas. Aquí, en las ínsulas baratarias, el escándalo, que salpica al líder del PSOE canario y al Gobierno que presidió, todo está nimbado por una atmósfera de cortesía versallesca.

Ni Coalición Canaria ni el Partido Popular han exigido siquiera que Torres ofrezca explicaciones. El otro día, en la SER, el hoy ministro de Política Territorial –que solo se ocupa de hechos políticos que hayan ocurrido hace un mínimo de medio siglo– tuvo la gracia y el salero de afirmar que no tenía información precisa sobre la empresa de los amigos de Koldo, Soluciones de Gestión, beneficiada con casi diez millones de euros a través de dos contratos por el Servicio Canario de Salud. «Las propuestas llegaban al Servicio Canario de Salud», explicó, «y ahí decidían los técnicos».

Se le olvidó a Torres mencionar al compañero de la SER que al frente del Servicio Canario de Salud puso a Antonio Olivera, que actualmente es su jefe de gabinete en el ministerio. Olivera, por lo tanto, era el responsable político más próximo a las ofertas y contratos del SCS durante la pandemia. El astuto y diligente economista, exviceconsejero de Presidencia, ha estado en un sinnúmero de saraos empresariales en Canarias en los últimos veinte años, siempre con una toma de tierra conectada con instituciones y entidades públicas.

Pero nada. No solo los benévolos coalicioneros, sino incluso los siempre cejijuntos conservadores apenas han pestañeado. Bueno, en algún que otro caso, algún dirigente del PP, y algún que otro cargo público, ha proferido algunas demasías. Pero no han hecho sangre. Qué cosas.

Está ocurriendo algo similar a lo que pasó cuando se votó en el Parlamento de Canarias la propuesta de crear una comisión de investigación sobre el caso Mascarillas, esa insignificancia que nos costó cuatro millones de euros. La mayoría de aquel entonces (el PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y el tío Casimiro) votaron en contra. Coalición y el PP criticaron que la Cámara no pudiese investigar, por supuesto, pero no utilizaron la negativa para levantar una campaña política. Ni siquiera presentaron una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción.

¿Y lo de la Audiencia de Cuentas? La Audiencia elaboró un detallado y coherente informe sobre los gastos de emergencia del Gobierno autónomo durante la pandemia. Figuraba en él Soluciones de Gestión, que sumaba casi diez millones entre sus dos contratos para adquirir mascarillas.

En sus conclusiones, los técnicos auditores establecían que la administración se había extralimitado y las contrataciones –en puridad– eran ilegales por no cumplir varias condiciones y procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Estado y en otra legislación vigente. Condiciones y exigencias que no podían eludirse aunque se tratara de contrataciones realizadas por el procedimiento de urgencia. El informe ni siquiera se llegó a votar.

De nuevo prevaleció la mayoría floral (tres consejeros auditores contra dos) y no se tomó en consideración. La Audiencia, eso sí, envió la información a la Fiscalía Anticorrupción. Pues bien, en ese caso, igualmente, CC y PP se tomaron su fracaso deportivamente y casi se encogieron de hombros.

Por supuesto que deben exigirse verdaderas explicaciones a Ángel Víctor Torres, como a José Luis Ábalos, al que ya empiezan a pedir la dimisión como diputado, no por justicia, sino para que asuma toda la culpa simbólicamente y se calle para siempre. Pero también hay que demandar con energía al resto de las fuerzas políticas que se comprometan con esa exigencia democrática de transparencia, responsabilidad y verdad. Porque si no lo hacen se hará cada día más y más oscura, más y más frágil e inverosímil, la legitimidad política de esta democracia representativa.

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