Clavijo pide unidad para afrontar retos que Torres no asumió tras la pandemia

El Gobierno de Canarias se ha juramentado para resolver los grandes retos que afronta el Archipiélago. Unas soluciones que, para el presidente Fernando Clavijo, deberían haber partido del anterior Gobierno del pacto de las flores inmediatamente «después de la pandemia» pero que el gabinete que presidió el socialista Ángel Víctor Torres «no quiso, y por eso le está tocando hacerlo a este Gobierno». Aunque no lo hará solo, pues dejó claro durante sus intervenciones en la sesión de control parlamentaria celebrada este martes que la Conferencia de Presidentes de Cabildos, convocada por primera vez en la historia el pasado 30 de abril, es una pieza fundamental a la hora de enderezar el rumbo de las Islas.

Una Conferencia que, según anunció tanto él como la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, creará esta misma semana los cinco grupos de trabajo para dar respuestas a la democratización y redistribución de la riqueza en el sector turístico; la transparencia en la ordenación del territorio y la aplicación de una estrategia para el reto demográfico que contribuya a avalar un crecimiento sostenible y ordenado que garantice la convivencia entre el turista y el residente.

«En nueve meses no vamos a arreglar el destrozo que hicieron en cuatro años», espetó al portavoz socialista y exconsejero de Obras Públicas y Vivienda, Sebastián Franquis, que previamente lo acusó de no haber tomado «ni una sola medida y ni un solo compromiso «para democratizar y redistribuir la riqueza del sector turístico: es una sucesión de declaraciones suyas y no ha hecho nada».

Clavijo, que pasó a la ofensiva desde el primer minuto de la sesión plenaria de control, insistió en que «hemos heredado una Canarias más pobre» tras los cuatro años del pacto de las flores, pero no nos resignamos a tener los salarios más bajos de España y altos índices de exclusión social».

Por ello, su gabinete seguirá buscando fórmulas para que «la mayor parte de los 22.000 millones que factura el sector turístico se queden en Canarias», incluida la implantación de una posible tasa a las pernoctaciones, que dejó en manos de la Conferencia de Cabildos y de la consejera de Turismo, Jéssica de León, miembro de la parte popular del Ejecutivo.

Su compañera de filas, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, ya avisa, no obstante, que «no por subir los gravámenes a las estancias turísticas se hace una Canarias más sostenible». El PP ya ha dejado claro que no es muy proclive a crear nuevos impuestos ni a subir los ya existentes, si bien admitía ayer que no adoptarán decisiones «sin escuchar al sector privado y a todas las administraciones públicas». Parece, pues, que no se cierra al menos al debate. Lo de acceder a la revisión fiscal es otro cantar. De ahí que la oposición insista en la brecha que se abre en el Ejecutivo de Clavijo respecto a la tasa turística.

Pero este estuvo ayer inasequible al desaliento y también aclaró que su gabinete no es neomalthusiano ni intervencionista, como el portavoz de Vox, Nicasio Galván, acusó al presidente.

Éste asume que el malestar de la gente que salió a las calles en las manifestaciones del 20A se debe a que en estos años del siglo XXI la población canaria creció en 500.000 personas y la Comunidad Autónoma no supo adecuar las infraestructuras y la prestación de servicios públicos esenciales a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía ni a facilitar el acceso a una vivienda asequible.

«Si agotamos nuestros recursos naturales y los entropizamos dejaremos de ser Islas Afortunadas», sentenció el presidente.

Solicitudes de licencias

Por ello, reivindicó la «valentía» del Gobierno que preside y, en concreto, de la consejera De León y del titular de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, para «no mirar para otro lado ni dejar que las cosas ocurran» a la hora de abordar la crisis habitacional con el decreto urgente de vivienda y el anteproyecto de la ley que regulará el alquiler vacacional para destensar así el acceso a una casa.

En política de vivienda el presidente estuvo respaldado por el conservador Juan Manuel García Casañas, que recordó que el anterior Ejecutivo presidido por Torres «tan solo construyó 112 viviendas pese a que se registraron más de 25.000 solicitudes». Por eso, destacó que ahora hay un Gobierno «que ha querido poner solución a un problema habitacional y de ordenación turística» buscando «la sostenibilidad y el equilibrio» de la actividad turística.

Clavijo también deslegitimó los argumentos de la oposición a la hora de demandar una moratoria del alquiler vacacional debido al incremento de licencias que ha existido desde que se presentó el anteproyecto de ley: «que se hayan solicitado no significa que se vayan a otorgar», afirmó el presidente. Por su parte, la consejera De León negó que su anteproyecto esté favoreciendo una «burbuja inmobiliaria», como afirman los socialistas ante el aumento de casi el 40% de viviendas vacacionales. «El alquiler vacacional no nació con este gobierno ni creció desmesuradamente con él, pues el verdadero efecto llamada ya pasó de 2016 a 2020», zanjó la consejera de Turismo.

Entre tanto intercambio dialéctico, propio de los debates de control al Ejecutivo, el presidente Clavijo insistió una y otra vez en apelar al «modo canario» de hacer política, que es la impronta que quiere dar a su gestión: «solo desde un trabajo conjunto de toda la sociedad conseguiremos abordar los retos de Canarias, si no al final acabaremos en el más de lo mismo, mejorando únicamente pequeñas cosas»

Cuatro emergencias

Y ahí es donde entró en juego de nuevo en el discurso presidencial la Conferencia de Cabildos, ya que las emergencias habitacional, energética, hídrica y poblacional no las pueden solucionar en solitario, y cada uno por su lado, ni su gabinete, ni las corporaciones insulares ni los ayuntamientos «ni siquiera el Gobierno de España».

«El Ejecutivo canario no puede abordar los retos de cada una de las islas si los ejecutivos insulares no colaboran, participan y contribuyen a las soluciones», apostilló Clavijo.

Y en ese marco multilateral también incluyó la posibilidad de negociar con el Gobierno central y la nueva Comisión Europea que surja tras las elecciones del próximo 9 de junio la posibilidad de restringir la venta de casas a extranjeros no residentes, ya que «la realidad actual, con 27 Estados miembros, no es la misma que cuando nos adherimos hace 40 años a la UE».

Una tesis que fue compartida por el nacionalista David Toledo, que recordó que «la población de las Islas ha aumentado en un 30%» desde que comenzó el siglo XXI, lo que incide en el mercado de la vivienda, toda vez que «muchos extranjeros, de mayor poder adquisitivo, están comprando casas a precios altos» imposibles de abonar por la ciudadanía de Canarias. «No podemos obviar que estamos dentro de la Unión Europea, y no podemos dar pasos en solitario en la legislación sobre el control de la población o sobre la limitación de acceso a la vivienda, pero hay precedentes en Malta y en las islas Aland de Finlandia», recordó.

Pese al apoyo que tuvo Clavijo por parte del presidente del Grupo Nacionalista, ni la ultraderecha ni PSOE y NC-Bc compraron el discurso del presidente.

El socialista Franquis acusó a Clavijo de «pasividad», el canarista Luis Campos de usar la Conferencia de Cabildos como «una patada para adelante para desviar las decisiones que hay que tomar» y Galván (Vox) afirmó que gobierna «a base de titulares reaccionando a las manifestaciones sin tener un plan propio.

Por contra, el presidente del Grupo Nacionalista puso en valor el trabajo que está llevando a cabo el Gobierno en materia de vivienda y reto demográfico, «tareas prioritarias en la agenda» del gabinete como a su juicio lo demuestra tanto el decreto de medidas urgentes sobre vivienda como el anteproyecto de ley que regulará el alquiler vacacional o la multialabada Conferencia de Cabildos.

Suscríbete para seguir leyendo