Agendas y palabras

Con 6.262 emigrantes llegados en menos de un mes, parecía indecente que el Gobierno permitiera que Frontex abandonara Canarias. Al final, Marlaska ha hecho algo y ha logrado que la agencia europea se comprometa a no abandonar el control y vigilancia de la ruta atlántica. Es todo un detalle, que viene a comunicarse el mismo día que se reúne por primera vez la Comisión interministerial sobre Emigracion, organismo de coordinación del Gobierno, que preside el ministro Ángel Víctor Torres. Sinceramente, no está muy claro cuáles van a ser las funciones y competencias de la Comisión, pero empieza con mal pie. La ministra de Migraciones, Selma Saiz, asistió a la inauguración del encuentro, se sacó unas fotos y salió corriendo para llegar a otra cita, convocada media hora más tarde, con la ONCE. No sé si en los quince minutos que estuvo en la reunión de Moncloa le daría tiempo de enterarse de un problema que –a tenor del interés demostrado ayer– no parece estar entre sus prioridades.

Aquí abajo el asunto sí preocupa, y cada vez más, a pesar de la falta de aseo mental de quienes también quieren convertir el mayor problema humanitario al que hoy (no) se enfrenta España en una mera cuestión de lenguaje: la presidenta de Cruz Roja en Canarias está siendo crucificada en redes y mentideros políticos por haber calificado de «invasión» las llegadas masivas de estos meses. No hay connotaciones racistas ni belicosas en la expresión, menos viniendo de la presidenta de la ONG que más ha hecho por atender de urgencia, a pie de playa, a los miles de africanos llegados a las islas los últimos años.

Podemos discutir hasta la saciedad si usar términos como «avalancha», «invasión» o «colapso» definen lo que está ocurriendo, o si son apropiados para describir la intensidad y alcance del drama humanitario al que han de hacer frente las islas. Pero mientras discutimos sobre el impacto de las palabras, la realidad se impone. Y hay aspectos de esa realidad que desbordan las preocupaciones de nuestra tribu de buenos de salón, sobre el uso adecuado del español políticamente correcto.

Uno de ellos es el asunto de los menores, al que no podemos siquiera calificar de «problema» porque eso «los estigmatiza».

Me pregunto cómo hemos acabado tolerando un pensamiento que asegura que admitir la existencia de un problema real es lo que lo crea, mientras camufla la existencia de responsabilidades también reales y concretas en la génesis y crecimiento del problema.

Hoy son 5.150 menores inmigrantes los que se hacinan en 70 centros de las islas (insuficientes a pesar de ser ya el doble de los que había al principio de esta legislatura que no ha cumplido aún un año).

5.150 niños y jóvenes pendientes de dos promesas del Gobierno: la primera, el traslado de parte de ellos a otras regiones. Han pasado tres meses desde que se acordó el reparto por la geografía patria de 340 menores no acompañados, pero aún no ha salido ninguno de Canarias. Cuando se llegó al acuerdo, considerado un éxito de la solidaridad interregional, eran menos de 4.500 los menores malamente instalados en Canarias. Ayer la cifra superaba todos los récords, llegando a 5.150. Sólo Galicia, Madrid y Aragón –regiones gobernadas por el PP- han comenzado los trámites para asumir su pequeña cuota de menores, trámites que llevarán probablemente meses. Ninguna de las otras regiones ha movido un solo dedo para cumplir sus minúsculos compromisos.

Ayer, mientras Fernando Clavijo suspendía toda su agenda para desplazarse a la isla de El Hierro, a la que han arribado más de mil personas en los últimos días, cinco de ellas ya fallecidas, la ministra Sira Rego anunciaba que Canarias recibirá en los próximos presupuestos de 2024 15 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad de atender a los menores. Es mucho dinero, pero apenas supone lo que gasta esta región cada mes en atenderlos. La ley dice que los menores deben ser atendidos por las regiones, pero no dice que tengan que ser las regiones las que costeen esa atención. De hecho, mientras el irritado Puigdemont no decida lo contrario, la emigración es una competencia exclusiva del Estado. Y la reclamación de las regiones es conseguir que el Estado no se lave las manos en este asunto. Porque el Gobierno de Sánchez también incumple con su compromiso de sufragar el coste económico de la solidaridad, que permita hacer frente al colapso. Cambiar esa situación es lo que se pide en la Agenda Canaria. Y es un asunto real. No se resuelve cambiando las palabras.

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