Patinazo

El trabajo de portavoz no es fácil. Hay que estar absolutamente al loro de todo lo que se cuece, y mantener una actitud prudente cuando no se sabe algo (o de algo). Ayer, el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, patinó ostensiblemente en sus declaraciones sobre la tasa de pernoctación. En su defensa podría decirse que no fue el único en resbalarse. Patinamos todos, al creer que Onalia Bueno se saldría con la suya planteando que la tasa municipal por pernoctación sea una decisión de los ayuntamientos. Sobre todo, porque eso parece lo más razonable, que sean los ayuntamientos quienes decidan y aprueben sus tasas. Por eso, respondiendo a preguntas de los periodistas, Cabello explicó que los cabildos y ayuntamientos tienen autonomía para decidir sus propias tasas a la actividad turística, y enfatizó que el Cabildo de Tenerife ya ha decidido cobrar a partir de enero por acceder al Teide y otros espacios naturales.

A Cabello le enmendó ayer la plana el presidente Clavijo, al asegurar que la implantación de la tasa a las pernoctaciones dependerá de lo que decidan los grupos de trabajo creados por la Conferencia de Presidentes de Cabildos y la consejera de Turismo. Clavijo no está ahora en contra de la tasa por pernoctación, también lo dejó claro ayer cuando dijo en sede parlamentaria que el Gobierno va a trabajar por que los dineros –más de 20.000 millones– que dejan los turistas se queden en Canarias, y remachó que eso incluye la tasa de pernoctación, que podría llegar a significar entre cien y doscientos millones de euros más de ingresos para las arcas públicas.

Lo que queda con todo esto algo en entredicho no es sólo la comunicación entre el Gobierno y su portavoz, también la posición de la alcaldesa de Mogán, que fue la primera en adelantar –probablemente en toda España– la intención de su municipio de establecer la tasa por pernoctación, dado que lo que se cobra en Cataluña y Baleares es un impuesto regional, cuya recaudación se destina a cuestiones que poco tienen que ver con mejorar la infraestructura turística. Lo que Mogán pretende es sablear al personal con una tasa de pocos euros –tres por noche de media, en función de la categoría del establecimiento– que tendrán que pagar todos los que se hospeden, sean residentes, extranjeros o mediopensionistas. El viajero pagará por cada noche que pase en el municipio, y se estudia la posibilidad –que se aplica en otras ciudades europeas– de limitar el pago de la tasa a un máximo de pernoctaciones, y quizá otras exenciones. Los turistas apoquinarán directamente en el establecimiento, que realizara trimestralmente el ingreso de la tasa en la Hacienda municipal.

Pero ocurre que en este asunto –como en otros– no hay acuerdo entre los partidos del Gobierno. A nadie se le ocurrió meterlo en la brevísima negociación entre nacionalistas y conservadores que perseguía marchitar el pacto de las flores, y dio lugar al actual Gobierno. Desde entonces el PP se ha manifestado en contra de cualquier tipo de tasa a la actividad turística. Para el PP, al menos en teoría, subir la presión fiscal es un asunto absolutamente tabú, y ya han tragado con el incumplimiento sobre la rebaja del IGIC, una de las banderas de campaña, que el Gobierno ha tenido que someter al olvido. Por eso, algunos ayuntamientos turísticos próximos al PP se han manifestado en contra de la creación de la tasa por considerarla ineficaz desde el punto de vista de la capacidad real de gasto real que pueda permitir su implantación. No les falta razón, en absoluto: la tasa supone cobrar al turista un dinero que quizá no pueda gastarse. Hay ayuntamientos que recaudan por IGIC más de lo que pueden gastar, por la aplicación de la regla de gasto establecida por el Ministerio de Hacienda por exigencia europea. Por eso creen que la solución no es cobrar más sino flexibilizar la regla, como se reclama desde Canarias sin éxito alguno.

Es por eso probable que la aplicación de la tasa sea voluntaria, y aunque su formulación se produzca en un marco político regional, cada municipio pueda hacer de su capa un sayo y decidir si la implanta o no lo hace. San Bartolomé, en Gran Canaria, y San Miguel en Tenerife ya se han posicionado en contra.

Con todo, lo que de verdad queda claro, con patinazo o sin él, es la extraordinaria velocidad con la que el Gobierno ha respondido al deseo de los ciudadanos de que se les cobre algo. En enero de 2025 ya pagaremos por subir al Teide. Y para entonces quizá paguemos también por dormir. Si la gente que se manifestó el 20-A hubiera pedido cumplir lo prometido y reducir el IGIC, tengan por seguro que el Gobierno estaría esperando que las ranas críen pelo. O a que al portavoz del Gobierno le crezca el apellido.

Suscríbete para seguir leyendo