¿Eppur si muove?

En una situación de colapso total de la política entendida como negociación y consenso, y en el presente contexto de absoluta incertidumbre sobre el futuro de los acuerdos de legislatura de Sánchez, con el presidente entretenido en su cacería de fangosos periodistas de la fachosfera, y enfrascado en una alucinante guerra a la caza de votos de sus socios catalanes, Canarias mantiene la intención de llegar a acuerdos con el Gobierno, más allá del calendario electoral.

Aquí, por el trópico, se insiste en que no hay que tirar la toalla. Pero es muy difícil creer en la buena voluntad de Moncloa, cuando incluso en cuestiones tan obvias como las previsiones desmadradas de inmigración irregular, que alcanzarán un récord histórico, por encima de los 80.000 africanos arribados a las costas canarias este año 2024, nada parece avanzar al ritmo necesario.

Canarias ha planteado la reforma urgente de la Ley de Extranjería, de su artículo 35, que es el que regula la obligación de las Comunidades de atender a los menores no acompañados que lleguen a sus territorios. Coalición defiende que el reparto de los menores de manera proporcional por todas las comunidades sea obligatorio, especialmente a partir de que la cantidad de menores supere la capacidad y recursos del Gobierno regional para poder atenderlos. Se trata de uno de los asuntos de mayor calado en la relación siempre difícil entre Canarias y el Gobierno del Estado. En Canarias el consenso en torno a la reforma del artículo 35 es más que obvio, lo respaldan el PSOE y el PP, pero no hay garantías de que la reforma prospere. El Gobierno central ha manifestado su preocupación ante una previsible respuesta de las comunidades y regiones gobernadas por el PP con el apoyo de Vox, y sobre posibles recursos de inconstitucionalidad, si la ley no se modifica con cautela. Pero no hay mucho tiempo: a pesar de las promesas de reparto inmediato, y las peticiones a las regiones, el sistema está ya completamente colapsado. Canarias sostiene más del doble de los niños no acompañados que sus servicios regionales de asistencia social pueden asumir. Para que una solución aceptable por Canarias prospere, se precisa del apoyo en el Congreso del PP, en un contexto complicado no sólo por las vicisitudes electorales del momento, también por el acuerdo entre Junts y el PSOE para ceder la gestión completa de la emigración a Cataluña. La negociación parlamentaria de la reforma de la ley de Extranjería se solapará a la bronca política en el Congreso para evitar que el Gobierno ceda a Cataluña también las competencias en inmigración, y hará mucho más difícil la reforma del artículo 35.

En el resto de los asuntos, las cosas van aún peor: la reforma del sistema de financiación, incorporada a la Agenda Canaria, está en suspenso, la mayoría de las previsiones que debían ser incorporadas a los presupuestos han quedado prorrogadas, como los presupuestos mismos, o la fantasmal condonación de la deuda de la que tanto se habló cuando Sánchez prometió perdonar a los catalanes 15.000 millones (y el equivalente al resto de las comunidades autónomas) y de la que ahora nadie se atreve a decir ni pío. Y luego está el conflicto –con inevitable parada y fonda en el Constitucional, sobre la competencia de Canarias en la gestión de las costas del Archipiélago–. Ahí el Gobierno de España mantiene su posición absolutamente contraria, y Canarias ya ha anunciado su decisión de acudir al Tribunal de Garantías.

Es sorprendente que en este estado de cosas, tanto la diputada Cristina Valido como Fernando Clavijo, ella en el Congreso, y él en permanente contacto con la moqueta madrileña –entregado a recordar a ministros y directores generales los acuerdos de investidura–, intenten aún evitar que el solitario voto de Coalición a la investidura de Sánchez caiga en el olvido. A pesar del impasse general de las negociaciones entre centro y periferia, Clavijo insiste en seguir empujando para que los asuntos clave de la agenda canaria se mantengan abiertos al diálogo. A veces recibe rebuznos de los más cercanos, y otras promesas poco creíbles. La última, la de incorporar en los próximos presupuestos lo que no tenga cabida en estos que no han sido.

Lo que yo no tengo en absoluto claro es si este esfuerzo por mantener el diálogo, más allá de permitir a Clavijo alardear de su capacidad para mantener el buen rollito, y la diferencia entre hacer política destructiva y hacerla al modo canario, servirá realmente para desatascar los asuntos pendientes. Ojalá fuera así, pero me temo que el Gobierno Sánchez está en la distracción del fango, en el pulso electoral en Cataluña y Europa, y en la amnistía necesaria para que el tinglado no caiga. Para mí que no les preocupa demasiado la Agenda Canaria.

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