Los 300 de la guanchancha

La Policía Canaria nació con precipitación y gafada. Fue un capricho de Paulino Rivero en su etapa de presidente del partido. En distintas ocasiones urgió la necesidad de crear una policía de tercer nivel, a imagen de lo que entonces habían logrado ya los gobiernos nacionalistas vasco y catalán, destinada a operar en Canarias como policía turística. No consiguió consenso en torno al proyecto, que inicialmente rechazaba el PP y nunca interesó especialmente al PSOE. Al final, después de muchas vicisitudes y de distintos cambios de filosofía sobre las funciones y competencias de la guanchancha, logró aprobar la ley durante su primer gobierno, con la aceptación no muy entusiasta del PP, que capitaneaba entonces su vicepresidente, José Manuel Soria.

El proyecto, precedido de la creación de una Academia de la Policía Canaria para dar formación a las policías locales de las islas, y del intento frustrado de que la Policía Canaria fuera una suma de las policías municipales, fue finalmente puesto en marcha por una de las primeras leyes de su Gobierno, aprobada simbólicamente haciéndola coincidir con el primer Día de Canarias del paulinato. La ley de 2008 contemplaba el compromiso de dotar al nuevo cuerpo, fichando a 1.700 agentes, con un despliegue que comenzó en 2010, tras la presentación de la imagen de la nueva policía volcánica y debía alcanzar a todas las islas. Pero la cosa no salió bien.

Rivero se empeñó en sacar el proyecto en medio de la gran crisis económica. La recesión provocó fortísimos recortes presupuestarios e impidió contratar más de cien agentes durante los primeros años. Fue un tiempo en el que la policía del paulinato no era tomada en serio por nadie: con turnos de servicio que no cubrían la noche, comunicados de prensa por la aprehensión de un puñado de porros, y continuas deserciones de los mandos, que regresaban aburridos a sus anteriores destinos en otros cuerpos, la guanchancha parecía ser más una policía de juguete, destinada a acompañar al presidente canario en sus comparecencias públicas, que la policía turística y de tercer nivel que se pensó en sus orígenes. A la escasez de efectivos se sumaron algunos escándalos menores, por conflictos internos entre sus mandos, hasta que en 2013 estalló el caso Ladrillo, que parecía destinado a dar la puntilla a la imagen pública del cuerpo: la historia saltó a los medios cuando dos agentes acusaron al subinspector Carmelo Sosa por agredir con un bolígrafo en el rostro y cuello a un subordinado, y hacerle testificar después que había sido asaltado por un detenido durante la final del concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria. El agredido y un compañero suyo, siguiendo instrucciones de Sosa, firmaron un acta que falseaba los hechos, y aunque acabaron denunciando lo que realmente había pasado, fueron condenados a nueve meses de prisión. El caso explotó tras filtrase una grabación de la Guardia Civil que implicaba hasta a diez agentes, y parecía demostrar que el comisario jefe del cuerpo era consciente de lo ocurrido, y aun así intento culpar a los sindicatos de montar una conspiración contra Sosa. Y no fue ése el último escándalo, también la contratación de nuevos agentes en años posteriores fue cuestionada por la existencia de irregularidades.

Tras la sentencia firme en el Supremo al caso Ladrillo, en 2019 el Gobierno del pacto de las flores incrementó las plazas para intentar alcanzar los 300 efectivos y poder solicitar así la financiación estatal de un Cuerpo que aún no llega a los tres centenares de agentes, y que volvió a enfrentarse al parón que supuso la pandemia, la interrupción de las convocatorias y el impasse en la negociación con el Ministerio de Interior.

La situación actual no da para mucho más: el nuevo Gobierno pretende cumplir esta legislatura el compromiso de contar con 1.700 policías, establecido en la ley. Parece absolutamente imposible, pero para avanzar siquiera en esa dirección, es imprescindible contar primero con 300 agentes contratados en el cuerpo, y eso debiera alcanzarse este próximo año, como paso previo a negociar con el Estado. También el 2024 se iniciará el despliegue a todas las islas, empezando por Lanzarote –la tercera más poblada– y La Gomera.

La Gomera es una isla con un déficit enorme de policías, tanto del Estado como municipales, y es también una de las islas que con mayor frecuencia solicita el desplazamiento de unidades de la guanchancha para mejorar la seguridad en grandes eventos y concentraciones. Curbelo ha solicitado la inmediata creación de una comisaría en La Gomera. Será sin duda la primera que se inaugure.

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