La que se está liando

Los partidos políticos no solo se han ocupado de destrozar su credibilidad ante los ciudadanos, sino que además han sacado tiempo para echar toneladas de estiércol sobre una Justicia que hace aguas por todos lados. Ahora vamos a tener una nueva edición de chapoteo en esa charca donde se mezclan caimanes con puñetas.

EI Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer –con nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco– una declaración institucional contra una amnistía que aún no se ha concedido. El órgano de gobierno de los jueces no ha necesitado conocer el texto de una amnistía que, de aprobarse, aseguran, será «una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho».

La amnistía se va a tramitar en el Congreso de los Diputados como una proposición de ley de los grupos parlamentarios. O sea, que la declaración tiene un valor más testimonial que otra cosa. Pero no hay que restarle importancia a lo que supone un pronunciamiento como este en un clima enrarecido por las emanaciones sulfurosas de una política navajera, con medio país enfrentado al otro medio y las izquierdas y las derechas echadas al monte, como los jabalíes. Es como una patada en el trasero de las negociaciones que el PSOE y Sumar están llevando con los partidos independentistas. Pero siendo este un grave contratiempo, fue lo menos malo que le pasó ayer a Pedro Sánchez y su proyecto de formar gobierno.

Las malas noticias tienen la pésima costumbre de venir siempre acompañadas. Y resulta que, también ayer, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón decidió imputar al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, dentro del caso abierto a la organización Tsunami Democratic. Y los ha imputado –agárrense los machos– sobre unos hechos que considera indiciariamente como delitos de terrorismo. ¡Ah! Y de paso establece la necesidad de investigar la muerte de un ciudadano francés que sufrió un infarto durante el bloqueo de Tsunami al aeropuerto de El Prat, en el año 2019 y los centenares de heridos que dejaron las protestas de los activistas radicales catalanes. «El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami Democratic pudiera tener la consideración de grupo terrorista», sostiene el juez en su resolución.

El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial se puede despachar, como es norma de la casa, con acusaciones de partidismo, que dejan a la Justicia una vez más a la altura de un zapato: nada nuevo bajo el sol. Pero lo del juez de la Audiencia Nacional, que le ha metido a Puigdemont una cornada por donde se abrocha el último botón de la bragueta… Eso ya son palabras mayores. Eso no es una chispa en la pinocha, es un lanzallamas.

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