Hablemos de la evolución de la pobreza

Los investigadores construimos un método científico a partir de evidencias empíricas de distinta naturaleza que alimentan nuestros estudios. Es algo que se aplica en todos los campos y disciplinas de conocimiento, incluyendo, por supuesto, aquellas que afectan a problemas sociales como la pobreza, la desigualdad o la exclusión. La pobreza no es algo abstracto sino que tenemos que conocerla, medirla y cuantificarla mediante indicadores objetivos verificables. Otra cosa es la dificultad para obtener datos empíricos solventes sobre cuestiones que, en ocasiones, son muy complicadas de analizar en toda su extensión.

Una de las herramientas más importantes de las que disponemos para analizar la evolución y profundidad de la pobreza y la desigualdad es una serie estadística llamada “Encuesta de Condiciones de Vida” (ECV), basada en criterios armonizados para todos los países de la UE con el objetivo de facilitar datos estadísticos comparativos sobre la distribución de ingresos, pobreza y exclusión social en los países europeos.

Junto a información sobre la evolución de la desigualdad, esta encuesta proporciona uno de los indicadores armonizados más importantes en esta materia, como es la tasa Arope (Alto Riesgo de Pobreza o Exclusión Social) que mide, a través de diferentes elementos combinados, la pobreza relativa más allá de los ingresos, tomando en consideración a las personas en riesgo de pobreza, aquellas que tienen carencia material severa y quienes están en lo que se denomina baja intensidad en el empleo, variables todas ellas que tratan de conocer, de la mejor manera posible, las condiciones de pobreza, privación y vulnerabilidad de la población.

Acaba de hacerse pública la Encuesta de Condiciones de Vida para el año 2022 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ofreciendo datos preliminares de un enorme interés que, aunque requieren un estudio más pormenorizado, nos permiten extraer algunas conclusiones iniciales sobre cómo está siendo la recuperación de la sociedad española tras el gigantesco impacto económico y social sufrido tras la pandemia y la posterior guerra en Ucrania.

Antes de la llegada de la COVID-19, aunque se avanzaba en la recuperación, las políticas tan regresivas aplicadas durante los años de la crisis financiera conocida como Gran Recesión, iniciada en 2008, generaron tal daño económico y social que, a pesar de los años transcurridos, los niveles de pobreza y exclusión social seguían siendo muy superiores a los que España tenía antes de 2008. Como en el resto de los países, el colapso global generado por la pandemia elevó notablemente todos los indicadores de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad, lo que llevó al Gobierno a adoptar medidas nunca vistas de protección social e impulso económico, que contrastaron con las políticas de recortes y austeridad extrema que habían adoptado los ejecutivos del PP durante los años de la anterior crisis económica.

Pues bien, los últimos datos estadísticos evidencian un importante descenso en España de la brecha de pobreza y desigualdad en la sociedad, a cuenta, sin duda, del escudo de protección social y de las numerosas políticas de estímulo económico y laboral adoptadas, junto a un paquete de medidas de protección sobre los colectivos más vulnerables, lo que ha permitido una mejora en la situación de las personas desfavorecidas y un impulso en el empleo y la economía. Mejoran en España mucho y en poco tiempo todos los indicadores, a pesar de seguir teniendo unas cifras elevadas respecto al conjunto de los países europeos.

En términos de tasa Arope, en solo un año la pobreza se habría reducido en 840.000 personas, al igual que la baja intensidad en el empleo que también habrían descendido en 1,1 millones, cifras que demuestran disminuciones muy elevadas, si bien las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social se situarían en el 26% de la población. Al mismo tiempo, en términos de desigualdad, la reducción sería todavía más acusada. En el indicador S80/S20, que mide la brecha entre el 20% más rico y el 20% más pobre, tenemos la mayor bajada en los últimos catorce años, pasando del 6,2 al 5,6%, situándose así en los niveles previos a 2008, al inicio de la gran crisis financiera. A su vez, el índice de GINI, que mide la desigualdad tomando como 0 la equidad perfecta y 100 la máxima desigualdad, se situó en 32 puntos, la tasa más baja en décadas y el nivel fijado para dentro de siete años en los objetivos europeos.

Sin embargo, las personas en situación de carencia material y social severa, las más vulnerables, se han reducido mucho menos, al pasar del 8,3 al 7,7%, aumentando en indicadores como la pobreza energética, problemas en el pago de la vivienda, dificultades para disponer de una alimentación sana y variada o personas que llegan con aprietos a final de mes. Sin duda, estos datos evidencian las dificultades causadas por la subida de la inflación y de los alimentos, el encarecimiento en el precio de la energía y los problemas en la vivienda.

De manera que, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, las medidas de protección social, de mejora en las condiciones laborales y de estímulo económico, junto a la extensión de dispositivos de protección sobre los más débiles funcionan y permiten mejorar la sociedad. Una enmienda a la totalidad frente a quienes dicen que el dinero debe de estar en el bolsillo de la gente, con el único objetivo de bajar impuestos a los ricos.

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