Los policías personados en Tsunami Democràtic se oponen a ofrecer a Puigdemont declarar por videoconferencia

Dos de los policías personados como acusacion particular en el caso Tsunami Democràtic han recurrido la decisión de la jueza del Tribunal Supremo Susana Polo de ofrecer al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg la posibilidad de declarar voluntariamente a través de una videoconferencia en junio, después de las elecciones europeas. La acusación considera que como están imputados por terrorismo solo pueden hacerlo de forma presencial.

En el recurso, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial que este periódic,, los policías, a los que representa el bufete Fuster-Fabra, argumentan que "para poder llevar a cabo la declaración a través los medios telemáticos (...) se deben cumplir una serie de garantías procesales y técnicas" para poder así "garantizar todos los derechos que por ley le corresponden a cualquier investigado en un procedimiento penal". Ello obliga a "la participación de organismos judiciales españoles para garantizar su autenticidad", lo que no creen que se cumpla por "la compleja situación de los investigados".

Consideran que las declaraciones por videoconferencia deben ser excepcionales y "por la situación personal de los investigados", ambos huidos de la justicia, no se podrá cumplir con los "requisitos de seguridad, certeza e inmediatez que requeriría una declaración como investigado por los hechos tan graves" como los "que se imputan a los aforados", nada menos que delitos de terrorismo.

Añaden que ambos son "prófugos de la Justicia, que ya han manifestado de manera clara, directa y explícita que no sólo no van a estar a disposición judicial, si no que de ninguna de las maneras van a acudir a un juzgado o tribunal español", únicos espacios desde los que se podría "realizar una conexión segura para su declaración ante el Supremo" con garantías procesales.

Y ello, porque su ausencia del territorio español obedece a que tratan de "evitar de manera clara la actuación del sistema judicial español para instruir, procesar y enjuiciar" su responsabilidad, en referencia a la causa del 'procés', en la que, recuerdan, el juez Pablo Llarena nunca ha ofrecido a Puigdemont la posibilidad de declarar por videoconferencia. Obvian que en ese caso no había opción, porque es por la que huyó tras ser citado a declarar por la entonces jueza de instrucción Carmen Lamela y, en la que se le acabó declarando en rebeldía.

En cambio, ahora, dada su condición de eurodiputado y, por tanto, aforado, es factible ofrecerle declarar voluntariamente por videoconferencia, como ha hecho la magistrada Polo. Para obligarle a comparecer debería cursarse un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo, institución en la que se celebrarán elecciones el próximo 9 de junio.

El expresidente catalán ha anunciado su intención de no presentarse a la reelección, para centrar sus esfuerzos en intentar volver a tener opciones para presidir la Generalitat, lo que haría inútil cualquier intento de forzar una comparecencia en estos momentos. A ello se suma la inminencia de la aprobación de la ley de amnistía, que previsiblemente convertirá en papel mojado incluso la citación telemática.