Memoria democrática

El Gobierno culpa a los gobiernos de PP y Vox de “blanquear el franquismo” y “condenar a las víctimas al olvido”

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, afirma en Zaragoza que la formación de ultraderecha “está marcando la política del PP y el PP se deja llevar”

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. / EP

Marcos Díaz

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha culpado este viernes en Zaragoza a los gobiernos de PP y Vox de “blanquear el franquismo” y de “volver a tener el relato histórico” de ese periodo, además de “condenar de nuevo a las víctimas al silencio y al olvido”. Martínez así lo ha afirmado tras la reunión que ha mantenido con las entidades memorialistas de Aragón, en la que les ha garantizado que todos los lugares de memoria de la comunidad se integrarán en el inventario estatal, después de que el gobierno autonómico de PP-Vox derogada la ley aragonesa de memoria democrática.

“Lo que están haciendo es tratar no solamente de blanquear el franquismo, sino algo que es más peligroso, volver a tener el relato histórico del franquismo. Y más todavía, lo que pretenden es condenar de nuevo a las víctimas al silencio y al olvido”, ha destacado el secretario de Estado.

Martínez ha asegurado que “Vox está marcando la política del PP, y el PP se deja llevar”, y ha considerado que “el problema de la concordia es que quieren blanquear de nuevo el franquismo”.

En el encuentro, también ha avanzado que, tras la derogación del texto autonómico, el Estado garantiza la aplicación de la ley estatal de memoria democrática del año 2022 en el territorio aragonés. Además, ha recalcado que el Gobierno central “tiende la mano” al Ejecutivo de la comunidad “para tratar de llegar a un acuerdo” relacionado con dar marcha atrás a la derogación de la ley. “De lo contrario, sin lugar a dudas, lo que vamos a tener que hacer es recurrir esta ley por inconstitucionalidad”, ha advertido.

Algo que, según ha precisado, que, en el caso de no alcanzar un acuerdo, llevarán a las Naciones Unidas, al Parlamento europeo y al Consejo de Europa.