La patronal canaria exhorta al Ejecutivo a 'importar' el plan antiburocracia de Andalucía

«Queremos ser un imán para la inversión». Es la frase con que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, resumió los objetivos del ambicioso plan antiburocracia de su Comunidad Autónoma. La idea es convertir a Andalucía en la región «con menos burocracia de España». La hoja de ruta de la Junta, que incluye alrededor de medio millar de medidas y profundos cambios en la organización y gestión de la Administración pública, ha recibido el aplauso del empresariado andaluz. Y también del canario. La gran patronal del Archipiélago, esa que integran la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la gemela de la CEOE-Tenerife en la provincia de Las Palmas, considera que el plan de Andalucía debe servir de «modelo» para acabar al fin con la sobrerregulación que frena la entrada de capital extranjero y, por ende, el desarrollo socioeconómico de las Islas. Un «modelo» que «adaptar» en lo que sea necesario pero que hay que importar cuanto antes.

En ello insisten tanto el presidente de la CCE, Pedro Ortega, como su homólogo de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, que no por nada vienen avisando que buena parte de las dificultades que tiene el tejido productivo regional para atraer inversión foránea está directamente relacionada con la burocracia. No en vano, muchos proyectos empresariales acaban por frustrarse por culpa de una maraña normativa (licencias, permisos, evaluaciones...) que en el mejor de los casos retrasa varios años la materialización de las inversiones. En el mejor de los casos, cabe insistir, ya que en el peor conduce a los promotores a un hartazgo tal que optan por llevarse su dinero a otros lugares con menos trabas. Por el camino, claro, se pierden también puestos de trabajo, renta e incluso ingresos públicos vía impuestos. Es eso lo que la Junta de Andalucía no quiere que le siga ocurriendo a su comunidad; y es eso lo que la patronal canaria tampoco quiere para el Archipiélago. «Al menos nos complace que nuestra demanda haya calado en algunas autonomías», apuntó este miércoles el presidente de la CEOE-Tenerife.

«Sabemos cómo hacerlo [reducir la burocracia], solo queda sentarnos y, juntos, ver dónde están los problemas, porque a veces hay problemas que desde un solo lado no se perciben», explicó por su parte el presidente de la CCE, que hizo hincapié en que, en el fondo, de lo que se trata es de mejorar la productividad, que es precisamente el gran problema de las Islas, tal como ha reconocido el propio jefe del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. «Y ahora, además, hay un modelo que analizar, adaptar y mejorar entre todos», agregó Alfonso. Un modelo, el andaluz, que también persigue la plena digitalización, algo fundamental para simplificar los trámites administrativos que tanto dilatan las inversiones y tanto desesperan al ciudadano.

Y lo cierto es que las cifras del capital extranjero en el Archipiélago dan pábulo a la preocupación de la patronal. La economía canaria genera el 4% del Producto Interior Bruto (PIB) español, pero apenas recibe un 0,56% de la inversión foránea que llega al país. Es decir, que de cada cien euros que se invierten en España, las Islas tan solo arañan 56 céntimos. Y no es este un dato aislado o que corresponda a un solo ejercicio. Ese pequeñísimo porcentaje es el que ha venido a la región de todo el capital extranjero que ha entrado en el Estado en lo que va de siglo. Las empresas, promotores e inversores foráneos destinan cada año para proyectos en España una media de casi 21.100 millones de euros, de los cuales van a parar a Canarias poco más de 118 millones. Y eso de promedio, ya que hay ejercicios en los que la cuantía se queda muy por debajo. Sin ir más lejos, en los tres primeros trimestres de 2023, que es hasta donde abarcan los últimos datos oficiales, apenas se superaron los 51 millones de euros, un 0,28% del montante a nivel nacional.

En paralelo, según los datos que maneja la CEOE-Tenerife, las leyes, normas y preceptos, y su complejidad, no dejan de aumentar. En 2022 se publicaron en los boletines oficiales del Archipiélago la friolera de 57.670 páginas, un 5,4% de las publicadas por todas las Comunidades Autónomas. Así que la misma región que apenas capta el 0,56% de la inversión extranjera es responsable del 5,4% de la nueva normativa autonómica. «Además, las normas con rango de ley (leyes, decretos legislativos y decretos leyes) aprobadas en las Islas ascendieron a 27, el 8% del total del Estado», agregan desde la CEOE.

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