El sector primario advierte: «Europa nos asfixia con tantas restricciones»

Pacto Verde, PAC y Ley de Restauración de la Naturaleza condicionan el relevo generacional en el campo

En 10 años puede extinguirse el 30% de la actividad

Un agricultor tinerfeño recoge batatas en su finca de Roque Negro, en Anaga.

Un agricultor tinerfeño recoge batatas en su finca de Roque Negro, en Anaga. / María Pisaca

La protección del sector primario canario gracias a su condición de región ultraperiférica amortigua en cierta manera la avalancha de normativas, restricciones e imposiciones que vienen de Europa desde que se aprobó el Pacto Verde, la nueva Política Agrícola Común (PAC) y la próxima Ley de Restauración de la Naturaleza, recién pactada entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete. Canarias cuenta con la salvaguarda del Posei, un programa específico para las regiones alejadas que protege las producciones con ayudas en función de las cantidades, superficie cultivada y barrera frente a las importaciones. Pero lo que está por venir va mucho más allá de las ayudas y subvenciones porque entra de lleno en la forma de producir y en la idiosincrasia del sector, que ve el horizonte con muchos nubarrones a medio y largo plazo.

El llamado Pacto Verde se aprobó en plena pandemia del Covid, por lo que todavía no se han desplegado todas las medidas que contiene. Sin embargo, los representantes del sector primario ya advierten que hay iniciativas que impactan y asfixian a la agricultura y ganadería. «El sector está a favor de la sostenibilidad y de las buenas prácticas pero no se puede legislar sin tener en cuenta la realidad del campo», advierte el secretario general de Asaga Canarias, Theo Hernando. El principal problema radica en que se le impone a los agricultores y ganaderos europeos lo que no se le exige a los de terceros países que meten sus productos en la UE, lo que supone no solo competencia desleal sino estar en inferioridad de condiciones con las producciones foráneas y añadir un riesgo para la salud de los consumidores.

Cerca del 80% de los agricultores y ganaderos canarios tienen más de 55 años, un envejecimiento que no está siendo cubierto por un relevo generacional que garantice la viabilidad futura del sector primario. Hernando advierte que una normativa realizada «a espaldas» del sector ahuyenta a los jóvenes que pretenden vivir del campo. Las estimaciones prevén que hasta un tercio del sector primario puede desaparecer en los próximos 10 o 15 años si no se revierten o reconsideran algunas de las medidas contenidas en el Pacto Verde –bajo el eslogan De la granja a la mesa–, el plan estratégico que desarrolla la PAC y la futura Ley de Restauración de la Naturaleza.

80%

Mayores de 55 años

La realidad del sector primario de las Islas evidencia que el relevo generacional actual no es suficiente para cubrir a los mayores de 55 años que en una década dejarán de trabajar.

349

Protección de las RUP

Canarias tiene que agarrarse al artículo 349 del Tratado de la UE para mantener sus singularidades y que la normativa europea no limite aún más las actividades del sector primario.

2027

Plan Estratégico de la PAC

El Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) estará en vigor hasta 2027. Canarias llega tarde pero se demandará la modulación de las políticas que se apliquen en la UE.

Un ejemplo claro de los perjuicios que está causando la acción europea hacia el sector primario es la política de bienestar animal. «Han impuesto líneas de actuación que no tienen en cuenta los argumentos técnicos de los especialistas o contrastados con el sector, es más una cuestión de ideología de defensa de los animales sin tener en cuenta las particularidades del campo», añade el dirigente de Asaga Canarias. Por ejemplo eliminar las jaulas de las granjas va en contra de los criterios de los especialistas y veterinarios. De esta forma Marruecos se está beneficiando del traslado a ese país de granjas avícolas o de conejos, advierte el sector. También se llama la atención sobre la prohibición del transporte de animales vivos, una iniciativa «disparatada» en Canarias cuando los animales que vienen para la reproducción y el engorde tienen que estar vivos. «Todo queda muy bonito en el papel y en una supuesta defensa de los animales, pero la realidad del sector no es esa», añade Asaga.

El consejero de Agricultura del Gobierno regional, Narvay Quintero, respalda las preocupaciones del sector y las acciones a realizar en los próximos meses y años son ante el Gobierno central y en Bruselas para que Canarias cuente con acciones singulares en bienestar animal o cambio climático. Sin embargo ya es tarde para rehacer el plan elaborado por el Gobierno español para aplicar la política agrícola europea, ahora denominada PEPAC (Plan Estratégico de la Política Agrícola Común) 2023-2027. No obstante, el Ejecutivo irá a Bruselas para solicitar que algunas de las actuaciones integradas en el programa se modulen en Canarias al amparo del Tratado Europeo en su artículo 349, que reconoce el tratamiento singular que se le debe dar a las regiones ultraperiféricas de la UE.

Quintero se muestra a favor de los objetivos de la UE como línea de actuación pero advierte que «si somos los más exigentes del mundo para potenciar la ecología y la producción sana también se debería exigir que los productos que vienen de terceros países cuenten con los mismos controles, algo que no se está aplicando. Es una hipocresía porque se están exigiendo condiciones sin conocer la verdadera realidad del campo y de los productos que vienen de Marruecos o Costa Rica, por poner un ejemplo», critica el titular de Agricultura. El camino para evitar una debacle del sector primario en la próxima década no es fácil ante las dificultades que se acumulan con los efectos de la inflación sobre los precios, que encarecen el mantenimiento de los cultivos y de los animales.

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Mientras llueven nuevas normativas para regular y controlar la producción rural, la «burocracia» sigue siendo la misma y la lentitud marca el abono de las ayudas y subvenciones al sector primario. Los Estados, entre ellos España, han conseguido aplazar al menos un año la aplicación del llamado «cuaderno digital», que pretende lograr la digitalización de las producciones agrícolas y ganaderas. De 2024 se ha pasado a 2025 y ahora es el Ejecutivo regional y las asociaciones agrícolas los que tendrán que ponerse las pilas para formar a los agricultores en las nuevas tecnologías, eso sí, si internet y la fibra óptica llegan en condiciones a las zonas rurales, algo que en Canarias no se ha conseguido. El sector cuestiona que se impongan requisitos y procedimientos para solicitar ayudas pero que después la Administración no responda en la misma línea e ingresen los fondos con más rapidez. | R.A.D.

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