Los alcaldes canarios llevan la obra pública a cifras récord en víspera electoral

Los ayuntamientos y cabildos del Archipiélago no había licitado tanta obra pública en un año preelectoral como en 2022. Al menos en lo que llevamos de siglo. Los alcaldes y presidentes insulares sacaron a concurso público proyectos por un valor de 671,7 millones de euros, una cantidad que no se había alcanzado en ningún ejercicio inmediatamente anterior a la celebración de los comicios locales. Unos años en los que las licitaciones suelen dispararse para adecentar calles, asfaltar carreteras, remodelar plazas, dar al pueblo ese centro ciudadano que llevan años demandado o cambiar el alumbrado público. El objetivo es que las obras se dejen sentir por los vecinos en los meses previos a las elecciones –que se celebrarán el próximo domingo 28 de mayo– y en esto 2022 no ha sido una excepción. 

Los municipios y cabildos canarios han licitado por una cantidad que es incluso superior a la que se registró en 2006, el último año preelectoral antes del estallido de la crisis financiera. En aquel momento, el montante que sacaron a concurso público las administraciones locales de las Islas alcanzó los 526,3 millones de euros, que son 145 millones menos que el pasado ejercicio. 

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Pero, ¿cuáles son los motivos de que la licitación haya alcanzado esta cifra en 2022? Para ello han confluido varios factores. El primero es la inflación que no solo ha obligado a reajustar al alza el precio de salida de los concursos públicos debido al encarecimiento de los materiales sino que ha permitido que las administraciones dispongan también de una recaudación récord que pueden dedicar a estos proyectos. 

Otra de las situaciones que puede haber incidido en este récord de licitaciones está de nuevo vinculado a la inflación. Debido al sobrecoste generado muchos contratos se han quedado sin poderse adjudicar al no haber ninguna empresa que se haya presentado por considerar que por el dinero ofertado era imposible llevarlas a cabo. Por eso, muchas adjudicaciones han tenido que retrasarse por este motivo, provocando que en la última parte del año hubiera una acumulación que también ha engrosado las cifras.  

Por otro lado, también están las prisas de regidores, presidentes, consejeros y concejales por sacar sus proyectos adelante antes de que se celebren los comicios que están cada vez más próximos. Las obras deben verse en la calle antes de que llegue ese momento y a ser posible poder inaugurarlas también previamente. El cronómetro no perdona y según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) una vez publicado el decreto de convocatoria de las elecciones está prohibido realizar actos de inauguración. Una fecha que en 2023 se cumplirá el próximo 5 de abril. Por lo que ayuntamientos y cabildos han tenido que darse prisa en sacar los concursos para que las obras pudiesen estar listas a tiempo para tratar de sacarles un rédito electoral. 

Los 671,7 millones están además muy por encima de lo licitado en los ejercicios anteriores de esta legislatura, cuando debido al estallido de la pandemia en 2020 se miró al sector público como un posible tractor para la recuperación de la economía. En el caso de los ayuntamientos, la obra pública que sacaron a concurso en 2021 fue de 552 millones. Lo que supone que el año pasado el montante total fue un 21% superior. También es mayor que lo licitado en 2020, cuando la cifra alcanzó los 372 millones, aunque ese año la parálisis provocada por la emergencia sanitaria acabó afectando irremediablemente al ritmo de las licitaciones.  

Fondos Next Generation

Lo que sí que no está detrás de este boom en las licitaciones son los fondos europeos Next Generation. Lejos de lo que se pudiera pensar, la llegada de este dinero procedente de la Unión Europea (UE) para ayudar en la recuperación de la economía no ha sido para nada determinante en el alza de la obra pública. De hecho, Seopan, la patronal de las grandes constructoras del país, estima que del total que han licitado hasta septiembre los cabildos, los consejos baleares y las diputaciones a penas el 0,2% procede de los fondos europeos. El porcentaje en los ayuntamientos españoles es también exiguo. Un 0,46% de lo licitado está sustentando por el dinero comunitario para paliar los daños del covid. Con lo que el tirón de los fondos europeos todavía no se deja notar en la inversión local.  

Lo que sí está lejos de toda duda es que cabildos y ayuntamientos son las dos administraciones que sostuvieron en 2022 las licitaciones en la comunidad autónoma. La inversión de estas instituciones estuvo muy por encima de la que realizó el Gobierno canario y el Estado. En total, todo el sector público licitó en Canarias obras por un valor de 1.124 millones de euros. De ellos, 671 corresponden a las instituciones insulares y municipales, casi el 60%. El Ejecutivo regional destinó a la obra pública 273 millones el año pasado. El 24% del total. ¿Mucho o poco? La comunidad autónoma aumentó sus cifras respecto al año 2021, cuando su inversión alcanzó los 178 millones. 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido la administración con un nivel de licitación menor en Canarias. El pasado ejercicio destinó 178 millones. Una cantidad que sin embargo es mayor que la de 2021, cuando esta misma estadística alcanzó los 163 millones de euros.  

Sin embargo, esos 1.124 millones licitados en el Archipiélago sí suponen una buena cifra si se compara con los años preelectorales anteriores. En lo que llevamos de siglo las administraciones solo sacaron concursos públicos por un valor mayor un año antes de las elecciones en 2006, en plena burbuja, cuando el dinero entraba a espuertas en las instituciones. 

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