La Administración autonómica movilizó en los nueve primeros meses de 2022 un total de 155,2 millones de euros para obra pública. La cifra por sí sola no dice gran cosa, pero, como en años anteriores, permite ver que el Gobierno de Canarias concentrará una vez más las inversiones en el último tramo del ejercicio. De hecho, el Ejecutivo tendrá que ejecutar 593,4 millones hasta el 31 de diciembre si quiere cumplir su propia planificación de la obra pública regional, esa que cada año se plasma en los presupuestos que elabora la Consejería de Hacienda. Es decir, tendrá que ejecutar entre octubre y diciembre (ejecutar significa gastar de manera efectiva las cantidades consignadas en las cuentas públicas) casi el cuádruple de lo invertido en los nueve primeros meses del año. No obstante, hay que puntualizar que el estricto cumplimiento de lo planificado en los presupuestos es en realidad una quimera. No en vano, el Gobierno isleño (o más bien los Gobiernos isleños, los de antes y el de ahora) ha demostrado con creces su incapacidad no ya para invertir la totalidad de lo presupuestado, sino incluso para llegar a un digno 80% de ejecución.
En 2019, año de responsabilidades compartidas entre los Ejecutivos de Fernando Clavijo y de Ángel Víctor Torres, la Administración autonómica apenas ejecutó un 46% de los dineros consignados en el capítulo VI del presupuesto, el de las inversiones reales, que son las que llevan a cabo el Gobierno y sus entidades dependientes de forma directa. Así que de cada cien euros presupuestados para obra pública solo se gastaron 46. Es más, el porcentaje de ejecución de las inversiones reales en 2019 baja al 40% si se tiene en cuenta que la Comunidad Autónoma dispuso de más dinero para obras del que calculó inicialmente. En 2020, el primer año con el pacto de las flores a tiempo completo en el Ejecutivo regional, el porcentaje mejoró hasta rozar el 70% (69,98%). Se invirtieron así siete de cada diez euros anotados en el capítulo VI de las cuentas públicas, de modo que aunque se quedó sin ejecutar un nada desdeñable 30%, los malos precedentes incluso permitieron que el Gobierno sacara pecho. Sin embargo, el año pasado los niveles de ejecución volvieron a los bajos porcentajes que caracterizan la gestión presupuestaria de Canarias. Siempre de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda (que son los que en última instancia van a misa), la Administración pública isleña invirtió en 2021 un 59,37% de lo que había calculado al elaborar las cuentas anuales. Invirtió menos de seis de cada diez euros previstos. En cuanto a 2022, el Ministerio dirigido por María Jesús Montero aún no dispone de cifras oficiales más allá del 31 de agosto, pero los datos de la Consejería de Hacienda abarcan hasta septiembre y permiten vaticinar que la brecha entre lo presupuestado y lo invertido, entre lo que se dice que se va a invertir y lo que en verdad se invierte, volverá a ser grande.
La brecha entre lo presupuestado y lo invertido, entre lo que se dice que se va a invertir y lo que en verdad se invierte, volverá a ser grande
De acuerdo con los números de la consejería dirigida por el vicepresidente Román Rodríguez, el presupuesto definitivo para inversiones reales o directas asciende a 748,6 millones de euros. Mientras, la casilla de las obligaciones reconocidas, que a efectos de la liquidación de las cuentas públicas es donde debe hacerse constar el montante efectivamente gastado, recoge a 30 de septiembre los susodichos 155,2 millones. En consecuencia, el Ejecutivo invirtió en los tres primeros trimestres de 2022 un 20,7% de los fondos consignados en el capítulo VI de los presupuestos autonómicos. En otras palabras: aún le falta por ejecutar un 79,3% de estos dineros, para lo que tiene por delante 90 días. Vistos los antecedentes se antoja muy muy difícil no ya sacar adelante toda la obra pública prevista (cabe insistir en que es una quimera), sino incluso acercarse a un porcentaje digamos aceptable (75-80%).
Transferencias de capital
Hasta aquí, todas las cifras y porcentajes se refieren al capítulo VI de los presupuestos, que al incluir los fondos para las obras que dependen de manera directa de la Administración autonómica es el mejor indicador de la mayor o menor fiabilidad del Gobierno a la hora de invertir y, por tanto, contribuir al tejido productivo. Pero hay otro capítulo presupuestario, el VII, el de las transferencias de capital, donde se consignan las cantidades a transferir a otras instituciones (básicamente cabildos y ayuntamientos) para que sean estas las que inviertan. El ritmo de ejecución de los fondos consignados en este capítulo es también bajo (de los 1.031,9 millones de euros presupuestados solo se habían gastado a 30 de septiembre 245,4 millones, menos de un 24%), pero en este caso es más fácil incrementar el porcentaje en las postrimerías del ejercicio. Basta para ello con acelerar las transferencias a las entidades locales, con darse prisa en aprobar los envíos de los dineros a los cabildos y ayuntamientos. Eso es suficiente para que la Comunidad Autónoma cuente los fondos como ejecutados, con independencia de que lleguen más o menos tarde a la Administración local y con independencia, claro, de lo que luego pase con las obras insulares y municipales. Esta es la razón de que el porcentaje de ejecución del capítulo VII suela ser más alto que el del capítulo VI, y esto por no decir que siempre es más alto.
Ambos capítulos contables, el VI y el VII, integran las llamadas operaciones de capital, esto es, las inversiones, tanto las directas como las indirectas. El hecho de que sea mucho más sencillo elevar el porcentaje de ejecución del capítulo VII contribuye a su vez a incrementar los niveles de ejecución de todas las operaciones de capital, de todas las inversiones. Por eso el verdadero termómetro del compromiso y/o de la capacidad de un gobierno cualquiera para sacar adelante la obra pública es el capítulo VI. A esto es a lo que se refiere la oposición, y en concreto el PP, cuando denuncia que el Ejecutivo acelerará en la recta final del año las transferencias a las corporaciones locales, «para enmascarar las cifras reales».
