Clavijo acusa a Marlaska de blanquear en Bruselas la crisis migratoria

La crisis migratoria ha acaparado la atención y la preocupación del Gobierno de Canarias en sus primeros cien días a los mandos de la Comunidad Autónoma. Así que también fue la cuestión que más minutos ocupó en el balance de situación que ayer hicieron el presidente, Fernando Clavijo, y el vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez. Un asunto en el que el jefe del Gobierno autonómico hace ya semanas que renunció a cualquier tipo de concesión con el papel desempeñado por el Gabinete de Pedro Sánchez.

En especial con la labor de dos de los Ministerios a los que la ley encomienda la búsqueda de soluciones: el de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, y el de Interior, que timonea Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, la primera continúa sin dar una respuesta satisfactoria –en realidad sin dar ninguna respuesta, precisó Clavijo– al problema de los menores inmigrantes, que ya son alrededor de 4.000 y desbordan así la capacidad de acogida del Archipiélago. Y el segundo, el titular de la cartera de Interior, blanquea ante las autoridades comunitarias –al menos así lo consideran en el Gobierno canario– la dimensión de esta crisis humanitaria. «Marlaska vende en Europa una realidad migratoria que no existe», subrayó el presidente del Ejecutivo autonómico.

La ministra Belarra «sigue sin aparecer»; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura en el Parlamento Europeo que la situación de las rutas migratorias que discurren por aguas españolas –sin referencia alguna a Canarias– «va mejor», apuntó Domínguez; y el ministro Grande-Marlaska relativiza la crisis ante las instituciones comunitarias. Este es, en síntesis, el panorama que dibujaron ayer presidente y vicepresidente del Ejecutivo de la región. Un pretendido escenario ante el que no están dispuestos –afirmaron– a permanecer de brazos cruzados.

Por un lado, ya se han abierto 18 nuevos centros para la acogida de menores inmigrantes; por otro, los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias trabajan en una especie de propuesta de ley para regular la distribución de los chicos y niños que llegan en pateras y cayucos entre las Comunidades Autónomas. Una especie de ley de «solidaridad» que se perfeccionará al alimón con los partidos políticos con representación en la Cámara regional –todos salvo Vox, que se autoexcluyó– y donde se fijarán los criterios –«los criterios que se decidan: población, superficie, PIB per cápita...», ahondó Clavijo– para la distribución y acogida de estos chicos.

Pero eso sí: al tratarse de una materia de competencia estatal, la aprobación de esta iniciativa –que llegado el momento se trasladará al Ejecutivo central– correspondería a las Cortes Generales. Es decir, que por mucho y bien que se afanen las instituciones de las Islas, el texto resultante no dejará de ser una propuesta al albur de lo que en última instancia se decida en Madrid.

No obstante, el Gobierno canario ha optado por dar este paso, aun a riesgo de que el trabajo caiga en saco roto, en su empeño por no caer en la «inacción», insistió el presidente. En este sentido, Clavijo aseguró que el anterior Ejecutivo, el liderado por Ángel Víctor Torres –que insistió por activa y por pasiva en la necesidad de instaurar una suerte de «solidaridad obligatoria» para la acogida de estos menores–, no dejó ninguna propuesta al respecto, no al menos por escrito.

«No se hizo nada», enfatizó el nacionalista, que ahondó en que su gobierno cuenta con informes jurídicos que sostienen que los menores migrantes no acompañados –los llamados Menas– no son competencia de las Comunidades Autónomas, o más bien que no deberían serlo por más que la ley del menor así lo establezca. Sea como sea, Canarias no pretende abrir ninguna batalla legal contra el Estado, solo garantizar «los derechos de estos niños y niñas, porque es de lo que estamos hablando: de los derechos de niños y niñas», recordó Clavijo.

Ya al margen de la cuestión migratoria, tanto el presidente como el vicepresidente y consejero de Economía aseguraron que la unidad de acción entre los departamentos dirigidos por Coalición Canaria (CC) y los gestionados por el PP es «total». El Gobierno, garantizaron los líderes nacionalista y popular, no va a perder de vista los grandes retos del Archipiélago por más que se encuentre con circunstancias sobrevenidas, como así le ha ocurrido en estos primeros cien días de singladura con los incendios, el apagón en La Gomera o la misma crisis migratoria. Se abordará lo urgente sin perder de vista lo fundamental. Es la máxima que han seguido, explicaron, en esta primera etapa de un tour que durará cuatro años.

Por eso, porque queda por delante la mayor parte de la legislatura, tanto Clavijo como Domínguez se mostraron convencidos de que habrá tiempo y margen para poner en marcha un plan de alivio fiscal que vaya más allá de los cambios introducidos en el proyecto de ley de presupuestos para 2024. Aún no se conocen ni la cuantía de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, ni el techo de gasto, ni en qué medida impactará en las cuentas públicas regionales el regreso de las normas de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria y financiera.

Con estos condicionantes, «el presupuesto de 2024 es el único posible, un presupuesto prudente», remarcó Clavijo, quien admitió sin ambages que no han «podido», dijo, «desplegar» todos los «compromisos» asumidos en la campaña electoral. Entre ellos el de bajar el tipo general del IGIC del 7 al 5%, que de momento se ha aparcado en espera de tiempos de mayor «holgura financiera». «Las medidas de alivio fiscal serán más y de mayor calado en cuanto se despejen las dudas existentes», garantizó Domínguez.

Sanidad

Más allá, el también líder del PP en el Archipiélago expuso que se trabaja con el Gobierno central en un nuevo convenio de obras hidráulicas. Asimismo avanzó, en lo relativo a la atención de las personas dependientes, que el refuerzo de los medios materiales y humanos en este departamento permitirá sacar adelante 400 expedientes más cada mes. En Sanidad, el vicepresidente habló de un incremento de 7.500 plazas en la plantilla del Servicio Canario de la Salud y de la puesta en práctica del plan para reducir las listas de espera. En Educación, Domínguez repitió que los centros para la escolarización de los niños de hasta tres años «no estaban preparados», por lo que se buscan ahora soluciones.

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