El Fórum Canario Saharaui exige más observadores en Tinduf

La organización denuncia la represión de la población civil a manos del Frente Polisario en los campamentos de refugiados

Un hombre vigila la entrada del campamento de Tinduf, en Argelia.

Un hombre vigila la entrada del campamento de Tinduf, en Argelia. / EFE

El Día

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El Fórum Canario Saharaui reclama a la comunidad internacional un «mayor control y observación» del respeto a los derechos humanos en los campamentos de Tinduf. Para esta organización, las agresiones a los familiares del secretario general del Movimiento Saharauis por la Paz (MSP), Hach Ahmed, han sido «la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los habitantes de los campamentos». A partir de entonces se han producido protestas, derivadas de una situación que el Fórum viene denunciando desde hace tiempo, subraya esta entidad, y muestra su «alarma por el aumento de la vulnerabilidad en la que se encuentran muchos saharauis en los campamentos de Tinduf».

En este contexto, denuncia que no solo se reprime a los que deciden mostrar sus discrepancias públicamente con la línea oficial del Polisario, sino que, «en el colmo de la indecencia, se castiga a los familiares de estos, mujeres y ancianos inocentes». A esta organización le inquieta «el constante aislamiento de la población y la falta de observación regular externa de las condiciones sobre el terreno».

Denuncia que los refugiados siguen expuestos a violaciones de sus derechos humanos debido a «la situación remota y el limbo legal de los campamentos, una situación que aprovecha el Polisario para aplicar su propia modalidad de justicia». Ante ello el Fórum Canario Saharaui exige especialmente a la ONU, pero también a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, «un mayor control y observación, así como ejercer la debida presión hacia estas conductas del Polisario, y por extensión a Argelia, con objeto de poner coto a estas prácticas hacia la inocente población civil». Manifiesta, además, que esta exigencia la hacen extensible a la Unión Europea, a través de su Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Precisamente, la Comisión Política Permanente del MSP se reunió el pasado sábado por vía telemática, donde condenó «el uso desproporcionado de la fuerza y el despliegue de grupos especiales del Polisario para intimidar a la población civil en los campamentos de Tinduf». En recientes cartas a la Minurso y al Parlamento Europeo, el MSP sostiene que había advertido de la inminencia de una ola de represión tras los disturbios de la semana pasada. Afirma que las unidades de la gendarmería irrumpieron en varios hogares de refugiados para detener a una decena de jóvenes sospechosos de participar en las protestas y en el curso de la redada irrumpieron en la casa de Brahim Berray, un anciano paralítico, censura.

Fiscales progresistas

De otro lado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) lamentó ayer el cambio de postura que ha materializado el Gobierno de Pedro Sánchez en relación al Sáhara Occidental, al considerar que «contraviene el derecho internacional vigente», al tiempo que le instó a adoptar «las medidas necesarias» para lograr la celebración del referéndum de autodeterminación en el territorio. UPF se pronunció así en una carta enviada a Sánchez, recogida por Europa Press, después de que una delegación de fiscales y juristas visitara los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) entre el 2 y el 9 de abril para «profundizar en el estudio y análisis jurídico de la situación actual del pueblo saharaui y la legalidad vigente».

La asociación de fiscales considera que el «respaldo a la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental dentro de Marruecos -que lleva proponiendo este reino desde el año 2007- incumple flagrantemente, entre otros, el Plan de Paz de 1991 que el propio reino de Marruecos firmó con el Frente Polisario, luego aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU», concreta UPF. Por ello, urge a Sánchez a que «adopte las medidas necesarias para que se haga efectivo el cumplimiento de todas las obligaciones internacionales que corresponden a España para lograr la celebración del referéndum».