El PP propone la bonificación del IBI a los propietarios de viviendas ‘okupadas’ de La Laguna
Juan Antonio Molina afirma que el Ayuntamiento debe dar más seguridad jurídica a los dueños
Sostiene que la situación lleva a que casas se queden fuera del mercado
Una medida frente al problema de okupación en La Laguna. El portavoz del grupo municipal Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, Juan Antonio Molina, anunció este miércoles una nueva medida que irá al pleno de este jueves: bonificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), conocido popularmente como la Contribución, a los propietarios de viviendas que hayan sido okupadas. «Será el momento de comenzar a buscar soluciones que incentiven y aumenten la oferta de vivienda en alquiler, en lugar de los discursos demagógicos que pretenden limitar el derecho a la propiedad», manifestó el concejal en una nota.
Molina indicó que, «entre otras medidas de corte nacional o de colaboración con otras administraciones, se debatirá en esta semana la bonificación del IBI para aquellos propietarios que hayan sufrido una ocupación de viviendas de su propiedad y que, ante tal situación, hayan procedido a interponer la correspondiente denuncia por los cauces administrativos adecuados».
«Son muy diversas las mociones que se han venido planteando en los últimos meses en torno a la vivienda, presentadas por Unidas se Puede o Drago Verdes, pero el portavoz lagunero ha asegurado que es el momento de cambiar el foco del debate, pasando de los discursos vacíos de contenido tanto desde el gobierno, como de quienes formaban parte del mismo hasta hace unos meses, para centrarse en métodos efectivos para incentivar un incremento en el número de viviendas ofertadas para el arrendamiento», detalló.
El PP lagunero considera un retroceso las «visiones cortoplacistas centradas en intervenir el mercado, con lo que califican como propuestas peregrinas y restrictivas que giran incesantemente en torno a planteamientos reiterativos en torno a la determinación de zonas tensionadas o incrementos de las tasas municipales para determinado tipo de propietarios», recoge la nota.
Molina incidió en que «el mandato constitucional a los poderes públicos, en materia de vivienda, se centra en promocionar y promover las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna; sin embargo, esto debe comprenderse en clave proactiva de construcción de vivienda pública, herramientas fiscales o subvenciones para acceder a una residencia o generar las condiciones administrativas y de seguridad jurídica suficientes para generar una oferta amplia que permita reducir los costes de los alquileres».
El representante popular sostuvo que «son muchos los que no colocan su vivienda en el mercado ante la clara inseguridad jurídica de los bandazos legislativos del gobierno nacional, la carga fiscal municipal y los riesgos ante la ocupación, que no parecen tener una solución sencilla con las actuales políticas de los gobiernos socialistas». Aclaró que «esta medida no beneficiaría a los grandes tenedores o fondos buitres, sino a los cientos de personas que diariamente soportan el calvario de ser propietario de una vivienda okupada, perdiendo la posesión de esta y no recibiendo ingresos en concepto de alquiler».
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