El Ejecutivo central se compromete a retirar dos pateras de Las Galletas

El Ayuntamiento aronero espera que la eliminación de estas barcazas, fondeadas en la bahía, se produzca «lo antes posible»

Dos cayucos que fueron retirados el pasado mes de enero de la playa de Las Galletas.

Dos cayucos que fueron retirados el pasado mes de enero de la playa de Las Galletas. / ED

El Gobierno nacional se ha comprometido a retirar dos pateras que quedaron fondeadas en la Bahía de Las Galletas. El Ayuntamiento de Arona informó ayer de que espera que la retirada de estas embarcaciones se realice «lo antes posible» tras la respuesta de la Subdelegación del Gobierno central en la provincia, autoridad que tiene las competencias, en la que expresa la intención de llevar a cabo las actuaciones necesarias para materializar ese traslado. Las dos pateras se encuentran fondeadas frente al puerto de La Marina del ámbito de Puertos Canarios desde hace más de dos meses.

Esta comunicación se recibe tras la petición por escrito de la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, de la retirada de estas embarcaciones ante el riesgo que suponen «por razones de salubridad de las aguas», detalla el Consistorio en un comunicado. Lo habitual, en estos casos, es el arrastre de estas embarcaciones hasta el Puerto de Los Cristianos, que es de ámbito estatal, y teniendo en cuenta que la corporación aronera no tiene ni los medios ni las competencias al respecto.

Con esta petición a la Subdelegación se continúa con el trabajo efectuado por el Consistorio aronero en la solicitud de autorizaciones para la retirada de embarcaciones procedentes de la llegada de migrantes, después de que el pasado mes de enero se procediera a la destrucción de dos cayucos que se encontraban en la playa de Las Galletas en cumplimiento de una orden judicial.

Esas dos embarcaciones habían tomado tierra en Las Galletas en el primer semestre del año pasado por lo que la competencia legal corresponde al municipio de Arona, en contrapunto a los que son rescatados en alta mar, que son competencia del Estado. El Ayuntamiento tardó 10 meses en conseguir los permisos.