CSIF acusa a La Matanza de usar vigilantes para suplir a la Policía Local

El sindicato cuestiona la legalidad de que los vigilantes municipales corten calles o acompañen a la grúa a retirar vehículos

Captura de uno de los vídeos citados por CSIF sobre el uso de vigilantes junto a la grúa / El Día

La Matanza de Acentejo 27 ABR 2023 18:43

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) acusa al alcalde de La Matanza de Acentejo, Ignacio Rodríguez (PSOE), y al concejal responsable de Policía, Manuel Lorenzo Chaves, de “incumplir la normativa autonómica en lo que respecta a la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias” por la presunta utilización de vigilantes municipales y voluntarios de Protección Civil para desarrollar funciones propias de la Policía Local, como cortar el tráfico o retirar vehículos de vías públicas “sin presencia de la autoridad competente”.

“A pesar de que la citada ley prohibía la figura de los vigilantes municipales desde el año 1997, en aquellos municipios que contaran con Policía Local, el Ayuntamiento de La Matanza publicó el 17 de junio de 2020 las bases para la selección de los citados vigilantes y la constitución de listas de reserva, sin que el Gobierno de Canarias impugnara el procedimiento”, sostiene CSIF en un comunicado.

Además, este sindicato denuncia “mala praxis y presuntas irregularidades” cometidas en los días de la pasada Semana Santa, cuando el concejal del área de Policía dictó un decreto autorizando y habilitando a la agrupación de Protección Civil y vigilantes de espacios públicos para la realizar funciones de cortes de tráfico en todos los eventos deportivos o de otra índole”.

A juicio de este sindicato, “con este decreto se intentó dar apariencia legal a las actuaciones premeditadas y manifiestamente ilegales que se realizaron posteriormente, consistentes en autorizar a los vigilantes municipales a la retirada de los vehículos de la vía pública mediante el servicio de grúas contratado, sin que medie denuncia de la autoridad competente. Los vecinos y vecinas del municipio se encontraron que sus vehículos estacionados fueron retirados de la vía pública sin ningún amparo legal y sin la autorización de la autoridad competente, pues en las vías públicas urbanas corresponde esa función a la Policía Local de ese municipio y en las vías interurbanas a la Guardia Civil de Tráfico”.

Además, CSIF asegura que “los vigilantes municipales y voluntarios de la agrupación de Protección Civil se encargaron de realizar los cortes de tráfico tanto en vías urbanas como interurbanas, sin que para ello estuvieran bajo el mando o instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como se puede observar en diferentes vídeos que circulan por redes sociales”.

Esta central sindical considera que estos comportamientos pueden haber supuesto “la usurpación de funciones propias de la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico por parte de los vigilantes municipales y voluntarios de Protección Civil por orden de los mencionados cargos públicos, lo cual va en contra del desarrollo de la labor policial”.

CSIF también muestra «gran preocupación por estas malas prácticas y la nefasta forma de gestionar la seguridad en el municipio de La Matanza de Acentejo, que además hacerlas extensibles a toda Canarias, ya que el alcalde de La Matanza es uno de los impulsores del anteproyecto de modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, apoyado por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y el Gobierno de Canarias, que lo único que persigue con dicha modificación es realizar un cambio contrario a la normativa básica del Estado y a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para dar cobertura a acciones que al día de la fecha no tienen amparo legal alguno». También ponen en duda la legalidad de «la introducción en las bases de la convocatoria de tres plazas de Policía Local publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de fecha 23 de marzo, la creación de una lista con los aspirantes que hayan aprobado el proceso selectivo y que no hayan obtenido la condición de funcionarios de carrera, con el fin de cubrir posibles vacantes que posteriormente puedan ocasionarse. Algo prohibido en la normativa específica de las policías locales de Canarias».