Los acusados de constituir de un club ilegal de cannabis en Tenerife niegan haber vendido droga

Los tres acusados de constituir de forma ilegal un club de cannabis en Tenerife desde el que se habrían dedicado vender droga han negado este extremo y han asegurado que en todo momento contaron con asesoramiento legal y que jamás pensaron que estuvieran cometiendo un delito.

En el juicio celebrado este martes en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, los procesados, dos hombres y una mujer, han declarado sentirse "muy sorprendidos por tener que pasar por este trance sin motivo alguno".

La Fiscalía, sin embargo, ha mantenido su petición de penas de cinco años de cárcel y el pago de 20.500 euros a cada uno de los tres procesados, de los que por asociación ilícita le correspondería dos años y 5.500 euros, y por la venta, 3 años y 15.000 euros.

Los abogados defensores han esgrimido que se cometieron determinadas irregularidades en el momento de la detención, como que la entrada y registro en el local no contó con autorización judicial y que su objeto real era comprobar la legalidad de una licencia de obras, por lo que piden la nulidad de la causa.

La sede había sido alquilada mediante contrato en 2018 y entonces, según aseguran las defensas, se cumplió de forma escrupulosa con la legislación vigente en cuanto a la constitución de estas entidades, por lo que no cabría el delito de asociación ilícita.

Los abogados también descartaron que haya pruebas de que se vendiera esta sustancia desde el local y que por el contrario el cannabis requisado siempre fue para uso de los socios.

El Ministerio Público, por el contrario, mantiene que los tres acusados adquirían esta sustancia no sólo para el autoconsumo sino para distribuirla entre terceros en el mercado ilícito y que para dar apariencia de legalidad formaron una asociación que aparece inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, donde se le dio de alta fijándose el domicilio en Costa del Silencio.

Entonces, uno de los procesados asumió el cargo de presidente, el otro de vicepresidente y una más el de secretaria.

La Fiscalía sostiene que nunca se llegó a conformar "un verdadero grupo social ajustándose a los estatutos ni a realizar actividades propias de la asociación constituida, y que el fin siempre fue la distribución ilícita de cannabis".

En su momento, los acusados procedieron a alquilar en nombre de la asociación un local en Los Cristianos, sin comunicar el cambio de domicilio al Registro Nacional de Asociaciones.

Tampoco se informó al Ayuntamiento de Arona del inicio de ningún tipo de actividad u obra de acondicionamiento en la sede, por lo que la Policía Local hizo acto de presencia en la sede para comprobar las reformas que carecían de licencia.

Entonces localizaron y observaron que en su interior había botes que contenían tres kilos de hachís de diferente pureza por valor de 7.500 euros y 1.123 euros en efectivo. Poco después se personó la abogada de la asociación y uno de los directivos.