El Supremo ratifica la protección cautelar del monumento a Franco de Santa Cruz
El Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado por el Cabildo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de proteger la escultura de Juan de Ávalos mientras se resuelve su posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC)

Monumento a Franco, en la avenida de Anaga, en Santa Cruz. / E. D.
El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la protección cautelar del monumento a Franco situado en la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. Éste ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el Cabildo contra la decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en enero de 2023 de proteger la escultura del artista Juan de Ávalos García-Taborda, impidiendo su eliminación, hasta que se resuelva el procedimiento judicial abierto sobre su posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), por parte de la Corporación insular.
En aquel entonces, el TSJC estimaba un recurso presentado por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, defendiendo el interés cultural del denominado Monumento del Ángel. El objetivo de esta denuncia era que, a pesar de estar incluida en el catálogo de vestigios franquistas de la capital chicharrera aprobado por el Gobierno canario, la escultura no pudiese ser derribada hasta que se resolviera el citado conflicto de declaración de BIC.
En concreto, se declaró la medida cautelar de suspensión de la resolución del Cabildo, de 9 de marzo de 2022, con la que se denegó la incoación de un expediente de declaración de BIC del citado monumento, obra del escultor Juan de Ávalos, situado en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga. Dicha protección fue solicitada por la Asociación San Miguel Arcángel, sumándose a la que ya había reclamado la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. El Tribunal Supremo ratifica ahora la decisión del TSJC, manteniendo la protección cautelar del conjunto escultórico. Inadmite el recurso de la Corporación insular por "falta de fundamentación suficiente" y "carencia de interés casacional", e impone las costas procesales al Cabildo, en una cuantía de 1.000 euros.
El Cabildo de Tenerife alegó en aquel momento que había decidido no elevar al Gobierno regional la declaración de Bien de Interés Cultural de la escultura por "carecer de valores artísticos excepcionales". Indicó que tanto el estudio realizado por la Universidad de La Laguna como el informe de la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico habían sido "determinantes" para tomar tal decisión. La Asociación San Miguel Arcángel acudió a la Justicia para exigir la tramitación del expediente de la declaración de BIC del monumento a Franco de Santa Cruz, para protegerlo de forma definitiva, solicitando la medida cautelar para "dejar en suspenso" aquella resolución del Cabildo. En primera instancia, el Juzgado número 3 desestimó esta petición, pero la asociación presentó un recurso de apelación que, finalmente, fue estimado por el TSJC, suspendiendo la decisión de la Corporación insular y estableciendo la protección cautelar de la escultura "en tanto se discute el fondo de la cuestión", es decir, el posible interés cultural de la misma.
Y ahora, el Tribunal Supremo, tras el intento del Cabildo de mantener su decisión de no incoar el expediente para declarar BIC el monumento y protegerlo ante un posible derribo, avala la decisión del TSJC. El consejero insular de Cultura y Deportes, José Carlos Acha, del PP, señala que dicho recurso fue presentado por el anterior grupo de Gobierno, con el socialista Pedro Martín al frente. Los expedientes BIC son tramitados por los Cabildos y elevados al Gobierno de Canarias para su aprobación.
Catálogo
En el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife aprobado por el Ejecutivo canario, que incluye la existencia de 79 símbolos, se establece la necesidad de eliminar el monumento a Franco de la Avenida de Anaga, señalando que no se puede "resignificar". El Ayuntamiento de la capital chicharrera también ha acudido a la Justicia, pero en este caso para recurrir el catálogo, al considerar que éste es "ilegal porque incluye un solo municipio en lugar de ser regional".
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