Visocan emprende un nuevo pleito por desahucio contra una familia de Añaza

Un nuevo procedimiento judicial por desahucio se acaba de comunicar días atrás a, al menos, una de las 358 familias de Añaza que residen en los dos bloques de viviendas de Visocan.

Mientras en el Parlamento de Canarias el consejero de Viviendas del Gobierno autonómico y presidente de Visocan, Pablo Rodríguez, aseguraba en la tribuna de la Cámara regional el martes 12 de diciembre que la empresa pública no desahuciaría a familias en situación de vulnerabilidad, uno de los okupas recibió una citación para la celebración de juicio, que está marcado para el día 26 de febrero, a las 12:30 horas, en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santa Cruz de Tenerife.

Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL DÍA, que no ha podido verificar la existencia de otros tres o cuatro casos similares que aseguran los propios vecinos que existen.

En el decreto se hace constar que los servicios jurídicos de Visocan han presentado la correspondiente demanda de juicio verbal frente a los ignorados ocupantes, tal y como se refiere la denuncia a los okupas no identificados y a los que sin embargo se cita a la vista del pleito judicial, haciendo constar la vivienda que okupan.

El referido juzgado que instruye la causa da diez días a la familia afectada para que se pronuncie a la admisión de la demanda interpuesta por Visocan, advirtiéndole que si no comparece en ese plazo podría ser declarado en rebeldía, «teniéndose en cuenta, además las especialidades para el desahucio», según consta en el decreto remitido después del compromiso político de no seguir adelante con estos.

El propio Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santa Cruz de Tenerife invita a la familia afectada a «acudir a los servicios sociales (Oficinas Centrales IMAS-Atención Social, en la calle Nuestra Señora del Camino, en Ofra), a los efectos de comunicar la existencia del procedimiento y que verifiquen si existe situación de vulnerabilidad».

La citación del juicio verbal contra este ignorado ocupante establece la celebración de la vista para el próximo 26 de febrero, debiendo acudir con abogado. Antes de concluir el decreto comunicado a esta familia de las 358 viviendas de Añaza, la propia administración judicial libra un oficio a la Administración Pública competentes a fin de «comunicarle la existencia del procedimiento y a fin de que puedan verificar si existe vulnerabilidad del demandado». En la cédula de emplazamiento también se ofrece al demandado la designación de abogado y procurador de oficio, una gestión que tuvo el ignorado ocupante tuvo que tramitar en los tres días siguientes a la notificación de la demanda.

Dato y relato

El martes 12 de diciembre la diputada regional y concejala socialista en Santa Cruz, Patricia Hernández, planteaba por segunda vez una pregunta al consejero de Viviendas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, para interesarse sobre «si considera adecuado a los objetivos del Gobierno en materia de bienestar social y lucha contra la pobreza que Visocan esté desahuciando personas en situación de vulnerabilidad sin ofrecerles una alternativa habitacional».

El responsable del área de Vivienda y también presidente de Visocan, aseguró de forma tajante que dicha empresa pública «no desahucia a familias vulnerables». Pablo Rodríguez dijo conocer la amplia situación que afecta a las 358 familias de Añaza: unas con contratos, otras con contratos anteriores, algunos que se negaron y quienes entraron de forma irregular. Aún así, Pablo Rodríguez repitió: «Visocan no desahuciará a familias vulnerables» y reiteró el compromiso de estudiar cada uno de los casos afectados. De ahí que los vecinos, al enterarse que se han sucedido nuevos emplazamientos –EL DÍA tiene acreaditado uno de los tres o cuatro que los vecinos dicen que existen–, no ocultan su confusión sobre su futuro, que consideran incierto.

En paralelo, algunos de los ignorados ocupantes, caso de Nadia Castro aseguran que «Visocan no me atiende porque soy okupa», para precisar que «no quiero nada gratis, solo pido un contrato». Este es el caso de una madre de dos hijas, de 7 y 12 años, que se encuentra en vulnerabilidad. Ella quiere regularizar su situación pero asegura que solo recibe largas.

Entre estos okupas afectados está extendido que una cosa es el compromiso que ofrecen los políticos en la tribuna de oradores y otra muy distinta la realidad. «Ya está en marcha la ONG que se encarga de mediar; no remiten a las oficinas de Visocan y ahí nos dicen que no tenemos derecho.